¿La prepotencia como fuente de derecho?

Los errores de análisis estratégico se pagan caro e impactan negativamente; más en gestión pública, donde se multiplican por el tiempo y el número de contribuyentes afectados. Por falta de rigurosidad en el análisis propio o del tercero citado, o por aplicación boba de consignas ideológicas, se llega a establecer una causalidad errada y medidas que no solucionan nada, y que más bien agravan los problemas reales.

La estadística criminológica mundial más rigurosa, arroja reiterada correlación entre la disminución de los crímenes violentos y el incremento de facilidades al ciudadano honesto para ejercer la legítima defensa y el acceso al porte y uso legal de armas de fuego. Esto no debiera sorprender: el delincuente, como cualquier otro ser humano, elegirá presumiblemente la opción delictiva que mayor beneficio a menor costo o riesgo le implique.

Lamentablemente, parece haberse instaurado en los mandos medios de Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil), el criterio ideológico (apreciado por Soros) propuesto por UNIREC, una oficina de la ONU ostensiblemente capturada por el mismo sector que tras perder las elecciones peruanas, ha logrado enquistarse ilegítimamente en los mandos medios de la función pública. Para ellos todos los ciudadanos somos potenciales delincuentes; por lo tanto, consideran deseable dificultar el acceso legal a armas para defendernos de la delincuencia

Se trata de una posición funcional al establecimiento de las dictaduras bolivarianas del continente, y que prioriza la integridad física del delincuente (al cual por alguna razón, se sienten más cercanos) frente a la seguridad física, económica y emocional del ciudadano honesto. Quizá es por eso que citan muy orondos una “tesis” local de inexistente rigurosidad académica, cuyo autor acaba de ser denunciado por violación sexual.

La tesis mencionada es en realidad una hipótesis no comprobada. El autor, tras evidenciar su propia incapacidad para realizar una investigación rigurosa del mercado ilegal de armas, aprovecha la consabida condescendencia académica exigida al correligionario para “concluir”, por arte de birlibirloque, que la causa de existencia de armas en las manos de la delincuencia es la venta legal de armas, y propone restringirla. Basados en tal argumento ideológico, racionalmente insostenible, malos funcionarios violan la ley reiteradamente, amparándose en requisitos no contemplados en la ley, para negar obtención o renovación de licencias y aplicar supuestos informes esotéricos (que no exhiben) para negarse a autorizar importaciones y evitar la transferencia a terceros de la propiedad legítimamente adquirida, además de discriminar inconstitucionalmente entre las personas para aplicar la legislación vigente.

Quien conoce la tendencia cultural peruana a procurarse por la vía informal de los bienes y servicios a los que el Estado dificulta el acceso formal, sabe lo que la insistencia de tal actitud volverá a generar. Lejos del deseable objetivo racional de tener registradas legalmente todas las armas de fuego y a todos sus usuarios, aquellas personas honestas que vean trunco su deseo de acceder a la necesidad real o percibida de tener un arma, buscarán (como sucedió en los ochentas) satisfacerla de todos modos. Se amplificará el mercado informal, con los riesgos potenciales que eso implica en un país con fronteras de lápiz y papel.

La amenaza de sanciones legales, en un país de tan escasa cobertura formal, acabará incrementando la corrupción con evidente riesgo de alcanzar una eficacia numérica similar a la amenaza de sanción tributaria sobre el 75% de PEA informal. Es lamentable que, emulando el comportamiento castrense de tiempos de la dictadura militar velasquista, aún existan funcionarios que crean que su ideología o su deseo son fuentes de derecho, y que pueden anteponerlos a lo dispuesto por la Constitución, una ley o decreto Supremo.

Espero que, en concordancia con su prestigio profesional, que antecede su actual función, el actual superintendente conduzca la institución nuevamente hacia los carriles de la legalidad y el buen juicio.