La pepa de la cumbre

El Acuerdo número 12 firmado por Martín Vizcarra y Evo Morales en Ilo es la pepa de la cumbre presidencial. Y tiene corto y mediano plazo. En el mediano, según el texto firmado, se trata de “impulsar la interconexión del gasoducto Bolivia–Perú con el Gasoducto al Sur (proyecto peruano SIT Gas, que se viene desarrollando para llevar gas natural a las regiones del sur del Perú) a fin de permitir la futura exportación de GNL procedente de Bolivia, a través del puerto de Ilo, a los mercados de Asia”.

Afortunadamente, este mediano plazo no llegará. El Gasoducto del sur del Perú está parado y su construcción no va a ser retomada por este Gobierno. Tal es la maraña en que ha quedado el malhadado proyecto estrella de la corrupción brasileña. Es muy dudoso, además, que el gobierno que suceda a este vaya a poder retomar esa iniciativa en un futuro. 

En el corto plazo, en cambio, el texto firmado compromete al Perú a “implementar, en el transcurso del presente año, un proyecto de distribución de redes de gas que permita llegar con gas natural domiciliario y otros usuarios a las poblaciones en zona de frontera, en Desaguadero y otras”. Esta redacción oscura incluye en “otros usuarios”, aparentemente, a las plantas termoeléctricas de generación de energía en el sur, pertenecientes a las dos empresas que firmaron por su cuenta un acuerdo con la estatal de gas boliviana para ese fin.

El corto plazo incluye, además, “implementar un proyecto de comercialización de GLP para abastecer a poblaciones peruanas de la zona sur de la República del Perú, a precios competitivos para el consumidor final, con la participación de la empresa estatal boliviana YPFB, asociada o por sí sola”.

Esta iniciativa crea, pues, a corto plazo una dependencia del sur del Perú del abastecimiento de gas de Bolivia, que puede ser interrumpido en cualquier momento por la empresa estatal de gas de Bolivia, que obviamente sigue las directivas políticas del gobierno “bolivariano” de Evo Morales. Esta, que es la pepa de la cumbre, está bien disimulada detrás de dos decenas de acuerdos —que nadie objetaría— respecto de la descontaminación del Titicaca, un megapuerto para Bolivia en Ilo, y 17 asuntos más, todos ellos de interés público.

Esta columna ha venido denunciando durante semanas el peligro que supone la dependencia política de un gobierno extranjero con aliados políticos conocidos en la región. A esto ha venido a añadirse recientemente la comprobación del daño que conlleva para la economía peruana su perjudicial dependencia del gas natural para la generación de energía eléctrica, cuando la base energética del país debió ser y aún debe ser hidroeléctrica y no termoeléctrica.

La decisión anunciada hoy por el Gobierno no es económica ni técnica, sino puramente política. Es lo que veníamos advirtiendo.