La ley de mecenazgo

Luego de unas semanas tan agitadas, por sucesos luctuosos —así como por lo que se refiere a las tan temidas o esperadas declaraciones de Jorge Barata, que por cierto ni es Dios, ni es dueño de la verdad y mucho menos justiciero—, propongo un tema de reflexión que bien valdría la pena ser tomado en cuenta por nuestros legisladores. Lo escribo sin esperanza de motivar la preocupación de muchos, pero con la seguridad de que a algunos —pocos, por cierto— les cause interés el tema y les haga ver que las leyes no son solo para evitar algunas conductas negativas, sino también para promover las positivas.

Se trata de la urgente necesidad de una ley de mecenazgo que permita la inversión privada en ámbitos de patrimonio cultural, en propuestas de cultura viva y creación cultural. Y que esa participación sea reconocida a través de un sistema de reducción tributaria que motive a los posibles mecenas.

El mecenazgo es una actividad muy antigua aunque se asienta y resplandece en el periodo florentino del Renacimiento, y luego se trasladará a Roma bajo la influencia del Papa Julio II. Los mecenas de entonces apadrinaban a ciertos artistas para el desarrollo de su actividad, y para el propio beneficio y estatus social, su propio placer o deleite artístico. Sin embargo, hoy entendemos que sin ese aporte fundamental artistas de gran talla no habrían podido desarrollar su talento con la libertad y la disponibilidad necesarias.

En nuestro medio, la ley de mecenazgo es casi una necesidad imperativa; es una norma esperada por muchos y, sobre todo, por el propio patrimonio y creación cultural. Por ejemplo, ante el desastre que significó el reciente incendio en Mesa Redonda, que destruyó vestigios importantes de nuestro centro histórico, nos enfrentamos a la imposibilidad de los propietarios de proceder a un trabajo de recuperación, a la carencia de medios en el Ministerio de Cultura y a la inexistencia de estímulos tributarios que pudieran motivar la participación del sector privado.

La necesidad de esta ley no está en la mira de muchos congresistas ni politólogos, ni comentaristas ni comunicadores, porque no se entiende su significado e importancia; pero para quienes estamos en el mundo de la cultura —como agentes, conocedores o creadores— esa norma deviene en urgente. Se requiere una ley que con beneficio adecuado, sea una propuesta win win que permita el apoyo a diversas formas de expresión cultural que, sin esa ayuda, pueden quedar rezagadas, con altísimo costo social e individual. Esa necesidad se percibe en la intervención en temas de patrimonio material; también en rubros como la música, la literatura y el cine, entre otras actividades y creaciones importantísimas para las que la carencia de medios significa casi la muerte.

Hay un detalle a tener en cuenta y que debe ser incluido en esta requerida norma. Y es que ha de ser considerado mecenas —y por lo tanto, ser acreedor de beneficios tributarios no solo quien aporta dinero para apoyar una expresión cultural o intervención en bienes monumentales, sino también aquellos que cuidan, protegen, conservan y están comprometidos, silenciosamente, con monumentos, museos, colecciones y con artistas, y que lo hacen sin importar los réditos que su acción les genere. Ellos son custodios del patrimonio y promotores de cultura, y a ellos deben llegar también los beneficios de su patrocinio.

Entonces, podríamos concluir no solo en una llamada a la necesidad de normar de manera clara, positiva y atractiva la labor del mecenazgo, sino también destacar que en nuestro país hay personas e instituciones que ya realizan esta labor, pero que la incrementarían con reconocimiento y beneficios tributarios. Además se comprometerían mucho mas activamente con la puesta en valor de monumentos, sitios arqueológicos, promoción de la cultura viva y la creación cultural, si se les concediera beneficios por hacer con eficiencia una labor que el Estado no hace, parece no querer hacer o está imposibilitado para ello.