La fuerza de la costumbre en el Reino Unido y los Estados Unidos

Las constituciones estructuran el funcionamiento del poder, limitando su ejercicio para garantizar los derechos fundamentales. Sin embargo, no todo lo constitucional puede codificarse en una norma o un principio. Como mencionamos en columnas anteriores, las convenciones constitucionales en el Reino Unido juegan un papel esencial en las relaciones entre el Parlamento y la Corona; mientras que en los Estados Unidos de América (EE. UU.), aunque la Constitución nació como un texto codificado, existen prácticas no escritas que han adquirido fuerza constitucional a través de la costumbre y de la jurisprudencia emitida por su Corte Suprema.

En el Reino Unido de Gran Bretaña —Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales—la sanción o asentimiento real (Royal Assent) establece que el monarca debe otorgar su consentimiento a las leyes aprobadas por el Parlamento, también conocido como Westminster. Si bien el monarca podría vetarlas en teoría, se trata de una prerrogativa real que dejó de ejercerse desde 1708. En los EE. UU., en cambio, el presidente federal goza de un poder de veto formal sobre las leyes aprobadas por el Congreso y, aunque suele aplicarse con prudencia, el Legislativo puede anularlo por insistencia con una votación de dos tercios de la Cámara. De este modo, mientras en el Reino Unido la monarquía actúa de manera ceremonial mediante el Royal Assent, en EE. UU. el jefe de Estado mantiene una prerrogativa activa en el proceso legislativo, con representantes de su partido en ambas cámaras parlamentarias.

Otra convención es el deber del monarca británico de nombrar primer ministro al líder que cuenta con la mayoría parlamentaria en la Cámara de los Comunes. En contraste, en EE. UU. el presidente federal es electo, en un proceso separado e independiente del Congreso, por los colegios electorales distribuidos en todo el país. La convención constitucional determina que los electores voten indirectamente a través de unos compromisarios distribuidos en cada estado federal. Si bien en EE. UU. la jefatura de gobierno depende directamente del presidente federal, la práctica política permite mantener una relación estrecha con su partido en el Congreso.

La Corona podía disolver el Parlamento británico a petición del primer ministro, pero con la Fixed-term Parliaments Act (2011) se establecieron períodos fijos de cinco años. Sin embargo, pocos años después, en 2022, la prerrogativa real se restauró bajo la convención de que el monarca solo actúa siguiendo el consejo del primer ministro. En los EE. UU., en cambio, la duración del mandato presidencial está establecida por la Constitución y es de cuatro años, con posibilidad de una reelección directa. No obstante, una regla informal en los procesos electorales establece la tradición de que el partido de gobierno, cuyo presidente federal haya sido reelecto, presente como candidato a su vicepresidente.

El sistema estadounidense, basado en la separación de poderes, ha dado lugar a convenciones constitucionales que, aunque no están expresadas en el texto constitucional, regulan el funcionamiento del Estado federal. Algunas de las más relevantes son el respeto a la independencia judicial, la cooperación interinstitucional, la aceptación de precedentes judiciales (stare decisis), el papel del Senado en la confirmación de nombramientos y la neutralidad política de la Corona en el Reino Unido.

En los EE. UU., aunque los jueces de la Corte Suprema tienen autonomía, existe la fuerte convención de que las nominaciones presidenciales buscan alinearse ideológicamente con el partido de gobierno, generando una jurisprudencia influenciada por la política. Sin embargo, esto no significa que los magistrados carezcan de objetividad; por ejemplo, el juez Antonin G. Scalia, nominado por el expresidente Ronald Reagan, en más de una ocasión votó en contra de los intereses del Partido Republicano.

El Reino Unido también se apoya en convenciones no escritas para la estabilidad institucional, mientras que el contenido del texto constitucional estadounidense se desarrolla por medio de su jurisprudencia, aunque las prácticas consuetudinarias continúan definiendo el ejercicio del poder. En ambos casos, la costumbre es una fuente jurídica fundamental que, en la práctica, resulta un eje vital para el funcionamiento del gobierno.