La encrucijada actual

Conforme pasa el tiempo vemos que la situación política se agrava, la voluntad de enfrentamiento del Poder Ejecutivo con el Legislativo no amaina, y va creciendo como una tormenta que permite prever tiempos de borrasca. Esto, agravado por la composición del nuevo gabinete, por la voluntad de seguir incumpliendo las normas, como se ha puesto de manifiesto en la designación y nombramiento del ex premier al que se le dan nuevas funciones en el propio Consejo de Ministros, no obstante la ilegalidad de ello.

Quizá se piense que, estando en el poder –siempre transitorio– la impunidad es un beneficio del que se puede disfrutar. Craso error, porque la historia nos demuestra que los juicios llegan, las condenas son una realidad y el cumplimiento de las normas de justicia, tarde o temprano tienen que ser enfrentado. Y si se quiere creer que un prófugo es “libre”, ha de saberse que es un paria, excluido, renegado, viviendo en las sombras del propio ostracismo. Es decir, es mejor dar la cara ahora que vivir a la sombra de la justicia y de la propia conciencia día a día. En otros términos, todos los integrantes de este fallido gobierno, tienen aún la posibilidad de asumir sus culpas y tener un mejor vivir, aun cumpliendo las condenas que les toque.

En los últimos días, se han dado hechos de gran importancia que el Ejecutivo tiene que tomar en serio y en cuenta. No puede seguir con la miopía de soslayar la grave situación en la que él mismo ha generado, en detrimento de la institucionalidad, de la dignidad del ejercicio de la más alta autoridad del Estado, agravado todo por la desatención severa a la responsabilidad de gobernar.

Lo primero es destacar que en el Congreso de la República se haya aceptado que ingrese a debate la iniciativa de busca lograr la vacancia de Castillo. Se logró con 73 votos a favor, 32 en contra y 6 abstenciones y si bien puede parecer una mayoría no significativa, es una mayoría y poco a poco, vemos declaraciones de congresistas que o han sido ninguneados o sienten que sus expectativas personales o parlamentarias, no han sido atendidas y por eso, van optando por darle la espalda al actual mandatario. En el documento presentado, que consta de 102 páginas se desarrolla una enjundiosa exposición de motivos que llevan a los congresistas a solicitar la vacancia de la Presidencia de la República, dando así aplicación al artículo 115 de nuestra Carta Magna. Es así como se lee también: “De esta manera, habrá́ dado el primer paso hacia la solución de la encrucijada política que atravesamos, y le dará́ a los peruanos y peruanas la certeza de que así́ como en democracia el resultado electoral es sagrado, la permanencia en el cargo de quienes elegimos depende de que estos actúen en armonía con la moral, la Constitución y las leyes, y en defensa irrestricta del interés público y el bien común”. 

Adicionalmente, el Tribunal Constitucional ha sentado cátedra respecto a la reiterada intentona -del todo fuera de la lógica y la jurisprudencia- del Ejecutivo de “interpretar” la norma a su favor, respecto a la cuestión de confianza. Dicho Tribunal, que es el único autorizado para interpretar la Constitución y las leyes, ha señalado tajantemente respecto a: “Suspender cualquier efecto que pudiera derivarse de la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar como denegada la confianza a la que se refiere el Acta de la sesión del Consejo de Ministros correspondiente al 24 de noviembre de 2022, sin que se tome en cuenta para los efectos del primer párrafo del artículo 134 de la Constitución. En consecuencia, disponer que el Poder Ejecutivo no altere ni modifique la situación de hecho o de derecho del Congreso de la República...” 

Y, por si fuera poco, la OEA aunque hubiera querido proceder de una manera distinta, no pudo abstraerse de la realidad que los integrantes de la Comisión de Alto Nivel vivieron, y a la información que recibieron durante su permanencia en Lima. Si bien las conclusiones y recomendaciones que emite dicha Comisión son bastante laxas, generales y mucho menos radicales que las que se hubiera podido esperar, frente a la crisis generalizada que vive el país, tuvieron que expresar lo siguiente: “Recomendación 3: Justicia constitucional. Las instituciones peruanas contemplan un sistema judicial que incluye el Tribunal Constitucional, los cuales se sujetan a la Constitución, que prevé los respectivos procedimientos jurídicos. En este sentido se recomienda tener esto presente ante la imposibilidad de desarrollar acuerdos. En Perú el Tribunal Constitucional es el guardián de la Constitución, y tiene la única responsabilidad de hacer cumplir lo que la Constitución estipula. Si se presenta un impasse entre los poderes del Estado, corresponde actuar al Tribunal Constitucional, que de acuerdo con la Ley No. 28301, es el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Es autónomo e independiente, porque en el ejercicio de sus atribuciones no depende de ningún órgano constitucional. Se encuentra sometido sólo a la Constitución y a su Ley Orgánica ”. 

De alguna manera, aunque un tanto mustia, ese Grupo de Alto Nivel indica que hay normas que cumplir y estamentos que respetar y es una opinión que, aunque no se ajuste al capricho gubernamental, se acerca mucho a lo que ha señalado el Tribunal Constitucional que obliga a que sus acuerdos se cumplan.

Quizá el último llamado al diálogo que se ha emitido desde la Presidencia del Consejo de Ministros sea una pálida reacción a la realidad jurídica que tiene que observarse desde las altas instancias del gobierno. Lamentablemente no se puede confiar ni en la voluntad ni en la capacidad de diálogo pues las muestras de hostigamiento al Congreso, de falta de respeto a la investidura del Parlamento, no auguran ni un diálogo efectivo ni unas conclusiones positivas ya que hay una gran distancia entre el diálogo que pretende promoverse y la constante acción y expresión del mandatario que desdice, permanentemente, esa voluntad de acercamiento.

La ley es una, igual para todos y nos toca cumplirla y exigir que sea cumplida y en esto, no se puede ceder y menos a las interpretaciones caprichosas que solo logran perturbar la paz y generan un ambiente altamente peligroso para la gobernabilidad del país.