La corrupción en los gobiernos peruanos

Hace pocos días conversaba en las redes acerca de un tema espinoso. Y la pregunta que quedó flotando de aquella conversación es cuál de nuestros gobiernos ha sido el más corrupto. La respuesta quedó entrampada por dos consideraciones.

La primera era esa compleja mezcla de ideología y simpatía que puede resumirse en la expresión: mi ladrón es bueno; el tuyo, apesta. Me refiero a esa vieja tolerancia que tenemos en Latinoamérica con el robo desde el Estado. Tolerancia que llega a ser escandalosa cuando se trata de que les roben a otros; o si el aventurero gobernante discursea con nuestras ideas políticas, o nos da un beneficio personal, o hace alguna obra. Pronto se olvidará si esta obra fue otro elefante blanco o si nos costó varias veces más de lo que debió.

La segunda consideración nos lleva a la palabra corrupción y su definición. Lo repetiré una vez más: la corrupción es un fenómeno burocrático. Las leyes delimitan qué cosas configuran delitos y le pagamos cada año (casi un décimo de lo que producimos) a hordas de burócratas; justamente para que la ley se cumpla implacablemente. Es decir, para que la corrupción sea cero. 

Lógicamente, si esta florece es solamente por los incentivos que la posibilitan (no se le castiga implacablemente). Y que, por ello, existen cientos de miles de burócratas coimeros, coimeados o ciegos, sordos y mudos frente impunes. Sintetizando: no se deje engañar, la micro o la macro corrupción es algo estatal. Si existen privados involucrados en ella, estos son simple y sencillamente delincuentes. Desde el dizque empático privado que paga cinco soles por suavizar una regla, hasta el presidente que persigue a un contratista por que le complete su coima de US$ 40 millones. En nuestro caso, lo peor de la corrupción peruana implica el logrado deterioro posvelasquista de las instituciones que la combaten. Incluso sus pilares: fiscalía, policía y judicatura. Lo escondido en la discusión pública implica que no solo los presidentes, ministros, congresistas están involucrados, sino que el mayor drenaje de recursos proviene de la micro corrupción burocrática. Delito que, no es perseguido efectivamente y que se manifiesta en los excesos de los servidores públicos a lo largo y ancho de todo el país, incluyendo aquí a la regulación y las prebendas del cargo. Establecido esto… volvamos a la pregunta inicial: ¿cuál de nuestros gobiernos había resultado el más corrupto?

Cualquier escrito serio sobre la materia le recordará el punto de partida. Los burócratas no registran sus fechorías. Si hay huellas estas se ignoran o se borran usualmente. Los actuales estimados de la Contraloría son intentos respetables (y arbitrarios) de auditoría, pero quien decidirá finalmente si existió corrupción (si la denuncia configura o no un delito) será un juez y –en esta parte del mundo por autocracia o corrupción– este rara vez sentenciará a alguien con poder. A Velasco, Kirchner, Castro o Chávez nadie los sentenció. Incluso no falta quien los idolatra. En la región, la corrupción factualmente expira y no faltarán los que absuelvan o condenen por ideología. Para algunos tontos, todos en la dictadura inca eran honestos y todos, en la república peruana, eran corruptos

Insisto en la idea que solo un debido proceso puede determinar si Pedro el burócrata cometió un delito. Por lo tanto, para tratar de responder la espinosa pregunta de marras esta debe reestructurarse hacia lo relevante: ¿Qué gobierno –dada la forma como se nos gobernó– pudo tener mucha más corrupción? Y, en la medida en que existan encuestas que capturen la percepción o control a la corrupción burocrática, ¿cuánto se nos robó –pecuniaria y no pecuniariamente– dados esos registros? Aquí tengo dos noticias para usted. Las encuestas existen (ver los índices de Transparencia Internacional o el Banco Mundial, por ejemplo). Y esta es la buena noticia. El que solo dispongamos de información publicada desde los noventas, es la otra noticia.

Así las cosas, en el primer gráfico (A) notarán que, usando esta data, (1) en el Perú posvelasquista, no solo hemos sido una suerte de estrella de deterioro global; sino que (2) –tal habría sido el deterioro institucional– la forma como nuestras agencias controlan la corrupción burocrática se asocia a ella. 

Otro detalle emblemático de esta evolución implica que, a mayor gasto estatal, se da mayor –percepción de– Corrupción Burocrática. ¿Quiere usted realmente reducir la corrupción –dada la institucionalidad peruana posvelasquista? Pues reduzca el gasto del sector público. Esto minimizará la corrupción y despertará un mayor dinamismo económico. La Corrupción Burocrática recesa (la elasticidad de la percepción de corrupción burocrática sobre los niveles de actividad es negativa y estadísticamente significativa en las últimas dos décadas), incrementa la informalidad (al hacerla formalidad más costosa) y –necesariamente– empobrece.

¿Y la pregunta madre? Esta data no permite dibujar u ordenar a los gobernantes en términos de cuál habría sido el más corrupto. Eso lo dilucidaría un juez capaz. Pero sí permite ordenar en cada gobierno posterior a 1998 respecto a cuál pudo tener la burocracia más corrupta, dada la escala de su gasto y los incentivos de control a la corrupción prevalecientes en estos mandatos. Los dos primeros gráficos ordenan a los gobiernos que pudieron ser los más corruptos porque habrían extraído un mayor volumen de recursos por peruano. Fríamente, le guste ese gobierno o lo deteste. En estos primeros subgráficos se estima lo posiblemente extraído a cada peruano en dólares constantes del 2010. En ellos queda claro que las gestiones de Vizcarra y Humala han podido ser las gestiones campeonas de la corrupción peruana, desde que hay cifras. El último ordenamiento es diferente. Al estimar cuánto se dejó de crecer dada la percepción de corrupción prevaleciente en cada gobierno, captura no solo lo posiblemente robado (en términos pecuniarios netos), sino los costos económicos asociados a esta corrupción burocrática. Digamos los innecesariamente fallecidos en una posta médica a la que no se dotó de los medios presupuestados.

Lo sugestivo aquí para por descubrir que –grosso modo– los ordenamientos coinciden en los tres casos, lo cual cuadra con la asociación negativa entre el índice de percepción y de control a la corrupción a lo largo de estos cinco gobiernos.

Estructurado este ranking cabe recordar dos observaciones. En el Perú, desde que hay cifras, los índices de percepción de corrupción se asocian negativamente a los de libertad económica y política. Las autocracias y las dictaduras controlan a cierta burocracia y a los medios de comunicación para asegurarse que toda evidencia inconveniente se borre. No solo Cuba o Venezuela se caracterizan por esto. La clave implica aquí el grado de opresión económica y política.

Estas líneas sugieren dos reflexiones valiosas. Primero: con nuestra institucionalidad (incentivos de control a la corrupción burocrática y grados efectivos de libertad económica y política), a menor gasto estatal habrá menor corrupción burocrática. Este es el camino de solución. 

Pero notemos algo más. Los ordenamientos se dan en una nación con instituciones parcialmente deterioradas. Por ejemplo, los fujimoristas y los toledistas no tienen mucho de que sacar pecho. El gobierno más honrado derivable de estos gráficos es solamente uno de los menos corruptos en una nación que se ubica en el oprobioso puesto 101 de las naciones menos corruptas del planeta. Y, por supuesto, la carga de los gobiernos liderados por Humala y Vizcarra –que chocantemente se presentaron como paladines de la lucha anticorrupción– resulta en cambio difícil de esconder.