La corrupción corroe el Perú

En nuestro país y en el mundo a los inversionistas no les basta las oportunidades de negocio que se le presentan en una economía con fundamentos macroeconómicos estables. Para sus decisiones empresariales, también toman en cuenta otros factores como la estabilidad jurídica de un país, los conflictos sociales, la corrupción, la inseguridad ciudadana, entre otros.

A todo ello también debemos añadir actualmente, los riesgos del inestable entorno económico y geopolítico externo, de inflación y recesión, de riesgo de conflicto militar global entre EE.UU. y la OTAN frente a Rusia, China, Irán, Corea del Norte y sus aliados y del rebrote con nuevas variantes de la pandemia del Covid-19 en EE.UU., Europa y Asia, siendo China foco de preocupación y que posiblemente golpee a nuestro país.

La corrupción es uno de los grandes lastres que impiden que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley. Pero para ello también es fundamental tener un Poder Judicial objetivo, eficiente y eficaz.

Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, sea en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, la reciente vacancia presidencial y el condenable desborde de las protestas y actos vandálicos frente al nuevo Gobierno en nuestro país son un ejemplo.

“La Contraloría General de la República presentó el Índice de Corrupción e Inconducta funcional (INCO) 2021, que evalúa, por primera vez, a las entidades estatales respecto a su desempeño en materia de transparencia, rendición de cuentas y comisión de actos irregulares que afectan al correcto ejercicio de la gestión. Entre sus principales resultados, el INCO muestra que 9 de cada 10 entidades evaluadas presentan problemas de corrupción e inconducta funcional; es decir, han dado positivo para dos o más de los indicadores de negligencia, falta de rendición de cuentas, uso irregular del cargo público, contratación de familiares de autoridades, perjuicio económico al Estado o impunidad. Además, 187 se encuentran en los niveles alto y muy alto”, informó un medio periodístico.

“Asimismo, muestra que los indicadores de daño patrimonial y de procesos de contrataciones, que son materia de impedimentos de acuerdo con la Ley de Contrataciones del Estado, son los que presentan mayor problemática, mientras que, a nivel de monto, el mayor daño patrimonial se genera por las entidades del gobierno nacional, con un total estimado que asciende a los S/ 10,500 millones”.

De acuerdo a esos resultados, se confirma que la corrupción es el principal problema de nuestro país, lo cual es insostenible e inaceptable. Por ello es necesario, por el bien de nuestro país, que esta situación se revierta. Para ello todos los implicados en casos de corrupción deben ser objetivamente investigados y sancionados de manera implacable, conforme al marco legal vigente.

No debemos dar tregua a la corrupción, hay responsabilidad del corrupto y del corruptor, es tarea de todos combatirla y denunciarla, pero también formar a las nuevas generaciones con sólidos valores éticos y morales. Solo así esta situación se revertirá y la ciudadanía como los inversionistas, tanto locales como extranjeros, podrán recuperar la confianza en el Estado peruano y sus instituciones públicas y privadas.