La caída de Cáceres Llica y el fracaso de la regionalización

La caída de Elmer Cáceres Llica, el gobernador que Arequipa se infligió hace casi tres años, no es una sorpresa. Quizás la sorpresa sea que fue por corrupción y no por alguna cosa peor. Más allá del grotesco anecdotario que acompañó su detención, no queda más que preguntarse tres cosas: 1) ¿Por qué Arequipa eligió a un individuo de tales características?; 2) ¿Qué enseñanza nos deja respecto a la regionalización y descentralización promovidas por la Ley de Bases del 2002, 3) ¿Qué podemos hacer al respecto?

La respuesta a la primera pregunta es sencilla. Por la misma razón que Pedro Castillo es presidente del Perú. No por lo que en realidad era, sino por lo que «representaba» y por los anticuerpos, reales o imaginarios, que su contendor generaba en un sector del electorado. Quizás la diferencia más significativa entre el proceso nacional del 2021 y el regional del 2018 es que, a pesar del carácter doctrinalmente extremo y las verdaderas taras morales evidentes de Cáceres Llica (que superaban geométricamente las del taciturno profesor chotano), no se produjo una polarización grande en la campaña y ni siquiera el rechazo a Javier Ísmodes fue tan enconado como el odio a Keiko Fujimori. Simplemente primó la indiferencia y el cinismo. El único mérito de Cáceres Llica, junto con una campaña millonaria, fue «representar» ante un sector de la población la imagen de un «hombre del pueblo» a través de toda clase de telurismos y extravagancias andinas. Siendo extremadamente generosos podríamos definir su gestión como una gigantesca e inevitable payasada. A la larga, Arequipa, otrora orgullosa de su espíritu cívico, acabó dándole la razón al conde Joseph de Maistre: «Cada pueblo tiene el gobierno que se merece». Eso sí, la prensa regional demagógica y de alquiler que aupó a tan indescriptible individuo no ha hecho ningún mea culpa. De más está decir que fueron también los que rompieron lanzas por Castillo durante la última campaña presidencial.

Los últimos gobernadores regionales de Arequipa están investigados, acusados o procesados por actos de corrupción. Y a lo largo de todo el país el panorama es aún peor: desde César Álvarez, que creó una pequeña dictadura bananera en Ancash, hasta Vladimir Cerrón, que creó una pequeña «democracia popular» en Junín. Queda claro que no se trata de un simple problema de personalidades corruptas o anormales o de “fujimorismo”, como dijo absurdamente la socióloga María IsabEe Remy (madre de Marisa Glave), sino de una institucionalidad que hace agua. La razón es la torpe Ley de Bases de la Regionalización del 2002, el peor legado del toledismo, con sus funciones difusas y su superposición a las alcaldías provinciales dada la vieja estructura departamentalizada que heredaron. Como hemos dicho muchísimas veces en El Montonero, los gobiernos regionales son la garantía del fracaso perpetuo del Estado en el interior del país. Vizcarra, supuestamente el gobernador regional estrella, no hizo más que trasladar este modelo de mal gobierno a nivel nacional. El despilfarro de recursos durante estos últimos veinte años ha sido incalculable. 

Es curioso que nuestros politólogos progresistas limeños, tan ávidos de reformas diseñadas por ellos y financiadas por todos los contribuyentes, nunca pensaran en estos temas. Para ellos, verdaderas estupideces como la paridad y alternancia, las elecciones primarias o incluso la SUNEDU son la supuesta garantía del perfeccionamiento absoluto de la política peruana. Por otro lado, los precarios liderazgos «técnicos» y «académicos» –por llamarlos de algún modo– del interior del país se caracterizan por una mentalidad mimética izquierdista que anhela el enchufe burocrático en el aparato subestatal. No quieren morder la mano que les da de comer, y las únicas «reformas» que plantean son aumentos presupuestales e incluso demenciales transferencias de competencias tributarias. 

¿Qué queda por hacer? Pues volver a los viejos proyectos descentralistas, como los de la anterior Ley de Bases de la Regionalización, que establecían macrorregiones multidepartamentales cuyos presidentes fueran elegidos de manera indirecta por una asamblea regional compuesta por asambleístas electos, alcaldes provinciales y representantes de las universidades, gremios y colegios profesionales. Estos gobiernos regionales, más que «alcaldes grandes» o «presidentes pequeños», habrán de ser coordinadores del desarrollo regional, en la tradición de las Juntas de Desarrollo Regional de los años 50 y las ORDE truncadas por el centralismo velasquista y que fueron organismos verdaderamente representativos de las fuerzas vivas económicas de sus regiones. No parásitos que las destruyen con una frondosa burocracia corrupta adicta a los proyectos millonarios truncos o ineficaces.

Pero ningún político se atreve a siquiera reflexionar sobre esto. Es más fácil tener a los reyezuelos regionales como clientes políticos a los cuales propiciar con algunas piltrafas presupuestales y tomarse una foto con ellos para embaucar a la opinión limeña con un supuesto apoyo regional abrumador. Especialmente cuando hay un congreso hostil, como hicieron PPK, Vizcarra y Castillo.