¿Kuntur Wasi es otro Odebrecht?

El Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski está demostrando —en este primer año de administración— su incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana y para revertir los efectos de El Niño costero. También se advierte, cada día, la ocurrencia de escándalos que aún no terminan de asombrar e indignar a la opinión pública y de exacerbar las pasiones políticas.

A la incomprensible demora en el trámite de extradición de Alejandro Toledo y a la posible liberación de Ollanta Humala y Nadine Heredia, por exceso de carcelería, se suma ahora otro escándalo: el de Kuntur Wasi. Esta empresa solicitará un arbitraje internacional para exigir una multimillonaria indemnización al Gobierno “por incumplimiento y resolución unilateral de contrato”, tras la frustrada construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero en Cusco, al no haber encontrado puntos de conciliación con el Estado peruano.

Dicho contrato, suscrito en 2014 por el Gobierno de Ollanta Humala, debió haber sido anulado por el actual régimen, por incumplimiento de contrato e insolvencia económica del referido consorcio. Sin embargo ocurrió lo increíble: PPK les arrojó un salvavidas al autorizar a la entonces viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fiorella Molinelli, que firme la cuestionada adenda que motivó la renuncia de Patricia Benavente, presidenta de OSITRAN que, en actitud digna, se opuso a la suscripción de tan leonino documento. Junto a Patricia Benavente, y por el mismo tema, rodaron las cabezas del contralor general de la República, Edgar Alarcón, quien observó la adenda pese a la presión del Ejecutivo, representado en ese momento por Alfredo Thorne, Martín Vizcarra y el ex primer ministro, Fernando Zavala, quienes también se vieron obligados a renunciar ante una inminente censura parlamentaria.

La lista no quedó allí. También fueron destituidas la presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Dra. Julia Príncipe Trujillo, y la procuradora Anticorrupción, Katherine Ampuero, por orden directa del presidente de la República y del ex primer ministro, Fernando Zavala, cuya hermana estuvo ligada, como gerente de Asuntos Corporativos, en las negociaciones por parte de Kuntur Wasi.

Como se recuerda, el Estado acordó reembolsar ocho millones de dólares a Kuntur Wasi, como reconocimiento de gastos. Pero esta empresa hizo una contraoferta, solicitando US$ 68 millones como indemnización, sin haber Invertido ni un centavo en el movimiento de tierras del frustrado aeropuerto de Chinchero, como se dijo. Con su queja ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), la citada empresa pretende, ahora, cobrarle al Estado peruano una suma mucho mayor a la que venían solicitando. Esta situación ha obligado al Gobierno a contratar a un costoso estudio de abogados de Chicago, especializado en arbitrajes, para enfrentar las demandas de Kuntur Wasi.

Fiorella Molinelli, firmante de la cuestionada adenda, fue removida del cargo de viceministra de Transportes para, inmediatamente, ser premiada con el viceministerio de Vivienda y Construcción, y luego ascenderla al cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. “La valentía” de ella, de acuerdo a una frase de Kuczynski, fue recompensada porque “tuvo el coraje de comerse los sapos”. Queda demostrado, de esa manera, que el primer mandatario sí estuvo al tanto de todos los actuados que precedieron a la firma de la cuestionada adenda, cuyo esclarecimiento camina a paso de tortuga por la desidia de los fiscales encargados de investigar el caso por “lavado de activos”, y ahora bajo la “ley de crimen organizado”.

El primer vicepresidente de la República, y ahora embajador del Perú en Canadá, Martín Vizcarra, llegará la próxima semana a Lima para responder ante el Ministerio Público sobre este espinoso tema, que debió ser anulado por el actual Gobierno que, por inexplicables razones, firmó la adenda del escándalo. Actuaciones como esta, así como la descabellada inversión de más de US$ 5,400 millones en la Refinería de Talara, los más de US$ 1,900 millones en los Panamericanos del 2019 y el millonario proyecto del Gasoducto del Sur, no hacen sino demostrar que el actual Gobierno viene siguiendo, ojalá nos equivoquemos, el mediocre camino y las huellas de corrupción dejadas por Ollanta Humala.

Esperamos que la justicia actúe rigiéndose estrictamente a la Constitución y a las leyes vigentes, y no a cálculos políticos que lamentablemente se vienen haciendo —cada vez más evidentes— en los predios del Ministerio Público y del Poder Judicial.