Jerí y Alegría: entre el cambio y el continuismo

La Comisión de Venecia, en su informe de marzo del 2024, concluyó que no existe una regla general a favor o en contra del bicameralismo. Es decir, la eficiencia y calidad legislativa de un parlamento no se mide necesariamente por el número de cámaras que este tenga, sino por la forma y modo de sus procedimientos parlamentarios y sus procesos de toma de decisiones. No existen, en conclusión, señala la Comisión de Venecia, pruebas teóricas o empíricas que demuestren que los sistemas unicamerales o bicamerales sean más democráticos o eficaces. 

Entonces nos preguntamos ¿Responde el nuevo bicameralismo peruano a un propósito legítimo y tangible de mejora de la calidad democrática y legislativa? 

En principio, el modelo unicameral peruano no debe ser analizado como un fracaso, sino como el producto de un cambio estratégico, promovido por algunos grupos de poder, a fin de que el proceso de toma de decisiones recaiga en una cámara alta o senado, con un reducido número de representantes (sesenta). 

Si hacemos un parangón entre la coyuntura política de la reforma de 1993 (unicameral) y la reforma de 2024 (bicameral), veremos que el móvil es el mismo; es decir, el control político del proceso de toma de decisiones en el Legislativo, dentro de un cuerpo reducido. La Constitución de 1993 cambió un régimen bicameral de 240 legisladores (180 diputados más 60 senadores) por uno unicameral de 90 congresistas. Todo ello disfrazado en la idea de una aprobación rápida de leyes. Una aprobación que nos ha conducido al debate de leyes declarativas, algunas sin impacto real y otras aprobadas bajo la fórmula de la exoneración de la segunda votación.

Desde otra perspectiva, podemos señalar que el cambio del modelo unicameral peruano responde a una falta de liderazgo y adecuada conducta ética de sus integrantes, quienes vienen deteriorando la institucionalidad y la legitimidad, y con ello el concepto de democracia representativa. En este contexto era necesario una cámara reflexiva con mayor experiencia política, mucho más proba y con un liderazgo que oriente reformas importantes, permitiendo un mejor estudio, debate y aprobación de leyes. 

Entonces ¿qué tan cierto es que la reforma bicameral mejorará el debate y la calidad de las leyes, eliminará el transfuguismo, permitirá una mejor administración de los recursos, nos llevará al uso de IA en el trabajo legislativo y evitará el otorongo no come otorongo? 

Este es el reto que José Jerí, presidente del Congreso 2025-2026 (responsable de la reforma administrativa y legislativa del Congreso) y Arturo Alegría, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento (responsable del debate y aprobación del reglamento del Senado y la Cámara de Diputados), deberán afrontar. O nos adelantamos 50 años en la historia o nos quedamos en manos del clientelismo de los ochenta.

José Jerí ya empezó su gestión, pero aún sin cambios notables, y el martes 19 de agosto empezará Arturo Alegría en la Comisión de Constitución con el debate de los reglamentos del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados. 

Pero qué esperamos los peruanos de ambas gestiones: 

1. Retorno a la presencialidad en el trabajo parlamentario en comisiones ordinarias y plenos. No más sesiones virtuales; 
2. Reducción de comisiones ordinarias de trabajo. Un tercio de ellas improductivas; 
3. Que las iniciativas de ley sean presentadas por cada congresista individualmente solo con su firma, y que sean decretadas por la mesa de partes del Congreso a las comisiones que correspondan, sin que sean revisadas burocráticamente por la primera vicepresidencia; 
4. Que se respete en el tiempo las iniciativas de ley presentadas por los congresistas y no se permita la duplicidad y plagio de iniciativas, sino que se actualicen bajo la autoría inicial del congresista que la presentó y no del que las vuelve a presentar;
5. Dejar sin efecto la presentación de iniciativas de ley de carácter declarativo; 
6. Que se modifique el requisito del análisis costo beneficio en el diseño de iniciativas, por el de análisis del impacto de la ley.
7. Que los congresistas permanezcan durante todo su periodo parlamentario a una comisión ordinaria, fomentando la especialidad de la materia; 
8. Que exista un mecanismo de solución de controversias entre el Senado y la Cámara de Diputados;
9. Que el trasfuguismo sea castigado con la destitución inmediata del parlamentario infractor;
10. Que no se permita la creación de nuevos grupos parlamentarios distintos a los partidos que alcanzaron representación en el Congreso; 
11. Que los presidentes salientes rindan cuentas de su gestión antes del cambio de mando;
12. Reducir el personal de la organización parlamentaria asignada a los despachos, así como a las comisiones ordinarias a un número no mayor de tres (un asesor, un técnico y un asistente); 
13. Fortalecer el servicio parlamentario de carrera por concurso meritocrático, revalorándolo y dejando que todas direcciones y jefaturas de Congreso recaigan solo en personal de carrera y no en personal de confianza. 
14. El palacio legislativo debe ser hoy un museo solo para sesiones de instalación del Senado y la Cámara de Diputados o para sesiones excepcionales. Las comisiones y despachos deben funcionar en ambientes más idóneos, menos tugurizados y funcionales.

Y recordar siempre la frase de Georg C. Lichtenberg, científico y escritor alemán, “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Y el respeto de la ciudadanía es el único capital que le queda a una democracia que quiere seguir viva.