Los conflictos de la democracia: entre la legalidad y la legitimidad

Cada cinco años los peruanos concurrimos a las urnas electorales –ya sea por voluntad propia, compromiso democrático o para evitar las multas–, a fin de elegir a nuestras autoridades políticas conforme el mandato constitucional y la ley electoral. Es así que, entre la obligatoriedad, el interés, el desaliento político y el compromiso ciudadano, los peruanos legitimamos con nuestro voto, la concesión de poder a un grupo de personas para que gestione desde el estado la política pública y nos represente en la toma de decisiones.

En medio de una democracia fragmentada, en donde no habrá ni mayorías ni minorías, sino muchas piezas de un rompecabezas que lucharán por la llamada gobernabilidad democrática, nosotros los electores, guiados por un modelo electoral caduco, iremos socavando nuestra libertad, el estado y su contrato social, advirtiendo y aceptando advenedizos. Nuestro sistema fomenta el clientelismo político y pondera la simple y pura legalidad, es decir cumplir con la regla, pero no considera la legitimidad derivada de un proceso previo y continuo de activismo político y social. 

Los partidos peruanos, con excepciones, se han convertido en meras empresas, ansiosas de recibir el dinero de ONPE; ausentes de un auténtico compromiso ciudadano; enlatados al mejor postor, sin identidad ideológica ni experiencia electoral; promotores de una cultura progre, populista y legalista; y heredera de una informalidad en la política que debilita nuestra democracia representativa. ¿Esperaremos acaso que nuestra estabilidad económica y posición geopolítica, sea destruida por una casta política multiforme y desmembrada?

En las elecciones generales del 2006, por ejemplo, veinte partidos participaron para ocupar el sillón de Pizarro. De todos ellos, cinco partidos alcanzaron representación en el congreso, pero producto del transfuguismo y la fragmentación, terminaron existiendo 9 bancadas en dicho periodo, sin contar los no agrupados. En el 2011, once partidos políticos participaron en la contienda electoral y la historia no fue diferente. De todos ellos 6 partidos alcanzaron representación en el parlamento, pero terminaron por existir 11 grupos parlamentarios. En el 2016, de 14 partidos que tentaron la presidencia, solo 6 alcanzaron constituir bancadas, pero una vez más como en los periodos anteriores, terminaron divididos, esta vez en 12 bancadas, es decir el doble de cuándo ingresaron. Ya en la actualidad de 18 partidos que se presentaron a la contienda electoral del 2021, solo 9 alcanzaron representación, existiendo sin embargo a la fecha 16 grupos parlamentarios, con un total de 40 legisladores que se cambiaron de curul. Para consolidar más el espectro de la movilidad parlamentaria, debemos precisar que la mayoría de los legisladores eran invitados o nuevos en sus respectivas agrupaciones políticas al momento de postularse.

Para las elecciones generales del 2026, según cifras del ROP – JNE, elegiremos entre 36 organizaciones políticas, la cifra más alta en toda la historia democrática del Perú. ¿Tendremos más diputados y senadores tránsfugas? Es posible entonces, que el Congreso traicione la voluntad popular, desvirtuando la decisión y voluntad del soberano, al aceptar una movilidad parlamentaria que fragmenta y multiplica bancadas, promoviendo una representación que nadie eligió.

Los partidos debieran de tener etapas de postulación históricas y cronológicas, según su fidelización, para medir su nivel de representación popular, permanencia electoral y consecuentemente su legitimidad nacional. La conformación de comités provinciales o departamentales no son suficiente garantía para participar, debe haber arraigo popular, legitimidad, posicionamiento y correlación, activismo permanente, así como liderazgos compartidos, experiencia y capacidad previa, cumplimiento de planes de gobierno local y regional, y transparencia en los gastos. Es decir, deberíamos tener dos tipos de organizaciones políticas: una fase inicial regional o departamental y en una fase nacional, en una suerte de ascenso.

La fragmentación de la representación política y social en múltiples nodos socava la democracia de una manera generacional y sistemática, deslegitimando el sistema y su clase política, aduciendo ineficiencia y conservadurismo.

Necesitamos una urgente reforma electoral y de la ley de partidos, además de incluir en el debate de los nuevos reglamentos de las cámaras de Diputados y Senadores, la figura del legislador sin curul, es decir el legislador que al desertar del grupo parlamentario para el cual fue elegido, queda imposibilitado durante todo su mandato de integra grupo parlamentario alguno y ocupar cargo directivo alguno en la cámara de Senadores o Diputados, respectivamente.