Innovación tecnológica y políticas públicas

Hace unos días el gobierno plenipotenciario fáctico del Perú ha emitido dos decretos de urgencia, uno para crear el Sistema Nacional de Transformación Digital (006-2020) y otro para aprobar el Marco de Confianza Digital (007-2020). Pensando en quienes creen que con estos dos decretos de urgencia se sientan las bases para que nuestro país entre con derecho propio en la dinámica mundial de la revolución de la información y las telecomunicaciones, debo informarles, con mucho pesar, que lamentablemente se trata de una más entre tantas otras instancias estatales que se crean para fomentar clientelismo burocrático, junto a la terminología pomposa que acompaña estos disfuerzos, cuyo propósito final apunta fatalmente a disponer un obsceno festín del tesoro público, despilfarrando el dinero de todos los peruanos.

Eso sí, se hace con las “mejores” intenciones y teniendo en cuenta siempre ese misterioso conjuro que llaman “interés nacional”. Estamos, pues, sufriendo una vez más esa absurda ficción de invocar el abracadabra de estos tiempos: ¿Hay un problema? ¿Se requiere tomar decisiones en el aparato estatal? ¿Se desea abordar una realidad compleja disponiendo intervención estatal? Pues la solución es emitir leyes y más leyes, ahora bajo el “imaginativo” empaque de “políticas públicas”.

La perversión del lenguaje suele acompañar estos despropósitos estatistas. No podemos pretender una mágica confianza “digital” cuando somos una sociedad de baja confianza, y el mismísimo Estado –en sus diversas instancias– retuerce el Estado de derecho y propaga desconfianza por doquier. El llamado Marco de Confianza Digital es, por el momento, solo un pedazo de papel quemado por una prensa digital.

Otro artificio que pervierte la realidad es la sinonimia entre “público” y “estatal”. Cuando se difunda positivamente la notable diferencia entre uno y otro, habremos dado un paso enorme en la dirección correcta para recuperar el sentido común y la lógica elemental en nuestras instituciones. Cuando el Estado es protagonista, operador y regente de una disposición legal que propicia actividades dentro de asuntos que afectan a un país, se trata de “política estatal”. Como estos asuntos siempre le pertenecen, en origen, a la sociedad civil, cuando el Estado lo reconoce y, actuando en consecuencia, devuelve sus fueros a esa sociedad civil, entonces se trata de “política pública”. Más sociedad civil y menos Estado.

Procesos complejos y tan importantes para el presente y futuro de nuestra sociedad, como la innovación tecnológica y la transformación digital, deben reconocerse como pertenecientes a los fueros de esa sociedad desde un Estado facilitador, y no convertido en administrador de comisariatos ni de burocracias autodefinidas, clientelares e ineficaces. El Sistema Nacional de Transformación Digital ya existe, está en marcha hace mucho tiempo y no depende de decretos ni de ucases del gobierno. Ese sistema está compuesto por todos los ciudadanos en tanto usuarios de herramientas tecnológicas, y se estructura a partir de todas las instituciones de nuestra sociedad. Acaso Concytec sería la instancia coordinadora estatal que debiera cumplir un rol facilitador frente a instituciones civiles, gremios empresariales, colegios profesionales, etc., para acoger estándares, buenas prácticas y fomento tecnológico, liberando de inútiles controles burocráticos a quienes invierten en tecnología.

Si el Estado desea que estas buenas prácticas y estándares se apliquen dentro de su aparato, pues que lo haga aprendiendo de los mejores, quienes ya lo hacen en la esfera privada. Si, por ejemplo, debe introducir ambiciosos programas tecnológicos de aprendizaje de idiomas extranjeros en escuelas estatales, que se apoye en privados que ya lo hacen con éxito. Si se trata de asimilar tecnología que solo se encuentra en otros países más desarrollados, que no dificulte a privados que apuestan por esa transferencia y, además, que haga valer su rol subsidiario allí donde el mercado aún no llega.

No es difícil, pero deviene conflictivo por ser sumamente contracultural respecto del estatismo imperante en nuestro país. Solo hay que permitir que fluyan emprendimientos y que quienes más saben desplieguen su acción innovadora, ejecutora y difusora de nuevos conocimientos y tecnologías. Menos burocracia y más eficacia. Menos comisariatos y más mercados. Debemos agregar que también están incluidas en la sociedad civil tanto las universidades privadas como las estatales (unas y otras son públicas, como el transporte masivo que siendo “público” puede ser estatal o privado); mientras que las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales deben tratarse en forma diferenciada en algunos de sus aspectos, por cuestión de seguridad del Estado.