Informalidad laboral en el Perú

La informalidad laboral es un tema de amplio debate y estudio en medios académicos, empresariales y gubernamentales desde hace muchas décadas. En el presente siglo XXI, este problema continúa siendo motivo de preocupación de las economías emergentes y de las del denominado tercer mundo. El tema viene cobrando mayor relevancia últimamente debido a la desaceleración de la economía en muchos países, hecho agudizado por la pandemia del Covid-19, que golpea sin misericordia al mundo; pese a ello, los gobiernos se esfuerzan por mejorar la recaudación tributaria y formalizar el empleo. Para efectos de analizar este tema voy a tomar como ejemplo el caso peruano. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), a comienzos de la década pasada, nuestro país registraba una tasa de informalidad laboral del 77.1%, la cual se redujo al 71.6% en el cuarto trimestre de 2019. Parte de ese progreso se perdió por el impacto de la pandemia, lo que generó que ascendiera al 73.4% en el último trimestre del año pasado, según datos de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). 

Nuestro país, según el Reporte de Competitividad Global 2019 (del Foro Económico Mundial) continuó rezagado en las categorías de prácticas de contratación y despido (134) y políticas activas del mercado laboral (120). Esta situación, sumada a una serie de factores estructurales adicionales, ha hecho que la gran mayoría de empleos sean informales, lo cual implica sacrificar protección social con tal de continuar trabajando.

La informalidad del empleo en el Perú no se debe fundamentalmente al tema de la legislación laboral vigente ni a las multas laborales que se aplican en casos de incumplimiento a la misma, sino a diversos factores: las trabas burocráticas, la corrupción, la carencia de un manejo técnico en la gestión de muchas empresas (particularmente las pequeñas y microempresas), entre otros.

El factor humano es el activo más importante en toda organización y la actual legislación laboral, si bien puede parecer demasiado exigente y onerosa para las empresas privadas y entidades públicas (especialmente a las pequeñas y medianas empresas), es necesaria y debe cumplirse a cabalidad, aplicando con objetividad las multas que correspondan en casos de incumplimiento. Pero debe adaptarse a la nueva realidad en que nos encontramos como consecuencia de la pandemia. Cabe resaltar la importancia de fortalecer la negociación colectiva, que debe incluir demandas económicas en las empresas privadas y entidades públicas.

Mientras el gobierno, las empresas y las personas no tengan presente que el mundo ya cambió para muchas décadas más y que muchas actividades laborales que se hacían antes de la pandemia ya no se volverán a realizar del mismo modo, lo único que queda es reinventarse o extinguirse. Pero nunca debemos olvidar que primero está salvaguardar la salud y vida de las personas. Por ello se deben tomar todas las medidas de protección y prevención de contagios de esta terrible pandemia, que está golpeando sin misericordia a nuestro país y que, según cifras del Ministerio de Salud, al 31 de mayo del año en curso ya causó alrededor de dos millones de contagiados y 184,507 fallecidos.

Las empresas deben adecuarse al actual mundo competitivo, empleando en su gestión las modernas herramientas administrativas que existen. Y deben exigir al Estado cumplir su rol promotor del desarrollo empresarial, para que elimine las trabas burocráticas y combata la corrupción.