Industrias extractivas en el centro del debate

Se estima que recién a mediados de la próxima semana se tendrá la oficialización del ganador del reciente ballotage presidencial peruano. Será el punto de partida para estimar lo que ocurrirá con la economía en el futuro inmediato.

Para el Perú, el extractivismo minero-energético es vital porque representa 14% del PBI y 60% de las exportaciones. Independientemente de quien resulte el ganador, inevitablemente la política a seguir con las empresas del rubro será el centro del debate público. No podrá haber inmovilismo, tendrá que hacerse cambios.

La discusión va estar en las tasas impositivas –impuesto a la renta, impuesto a las sobreganancias y regalías–, la distribución del canon –el reparto individual ha sido rechazado por electores–, incentivos tributarios para la etapa constructiva, ambientalismo, remediaciones de lugares impactados, carácter no vinculante de la consulta previa, ordenamiento territorial, fideicomisos para la ejecución de programa de responsabilidad social y alcances de la llamada licencia social. 

Agrego a todo esto la necesidad del compromiso gubernamental que acompañe a las obligaciones empresariales. Ausente durante los últimos 30 años, tanto en el apoyo a los gobiernos regionales y locales en la ejecución de obras como en la inversión pública, porque las empresas no pueden sustituir al Estado. 

Se trata de una agenda prolífica y de alto contenido técnico y político, donde estará de por medio la competitividad para atraer inversiones. Si bien se ha perdido terreno a nivel internacional en este aspecto, las circunstancias políticas y sociales que vivimos hacen que el margen de acción se mueva en dos extremos: ceder racionalmente o imponer exigencias que harían inviable la actividad. El cierre de una posición concertada dependerá mucho de los interlocutores del próximo gobierno y de los representantes de las empresas. 

De ser Keiko Fujimori la ganadora, habrá que sumarle una valla adicional: la inevitable protesta con movilización de masas que se mantendrá incesantemente. No se espera mayor actuación del gobierno de Francisco Sagasti, que está a 47 días de su partida y no va querer llevarse a cuestas problemas por represión. Para la negociación en sí de los temas minero-energéticos se tendrá que convocar a especialistas independientes, que no solo vean el beneficio-costo en términos económicos y financieros, sino también aspectos sociales, políticos y culturales. Pero en su campaña Fuerza Popular no ha mostrado equipo para ello.

De llegar Pedro Castillo se presentan dos escenarios: que el radicalismo de Vladimir Cerrón prime o que lo haga una izquierda más moderada, como la que representa Verónika Mendoza, que ya está aupada en el equipo del cajamarquino. Esta última opción no es un lecho de rosas para las empresas, porque la visión sobre demandas pone alta la valla; pero a pesar de todo, habrá interlocución y debate.

Por el lado de las empresas, la representación tendrá que asumirla su gremio –la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía– poniendo a especialistas que conozcan el tema en todos sus aspectos. Resulta indispensable presentar caras nuevas para evitar el rechazo ex ante.

La situación es extremadamente delicada, y está de por medio, la inversión, la recaudación y la paz social. Las partes interesadas ya deben ir preparando una estrategia para la interacción; al menos por el lado empresarial. En este momento los grupos políticos que pugnan por la presidencia están con la mirada puesta en las decisiones que tome el Jurado Nacional de Elecciones. Luego de producido el desenlace, seguramente convocarán a expertos y fijarán posiciones.

Estamos en el escenario más complicado de las últimas tres décadas para las industrias extractivas. Se necesitará capacidad negociadora para arribar a buen puerto, en una discusión que nos llevará hasta finales de diciembre próximo, por lo menos.