Indiferencia ante la corrupción

Contrastando las protestas masivas anticorrupción en Brasil con el silencio peruano.        

La semana pasada sucedió en Brasil una manifestación sin precedentes: más de 3 millones de personas desfilaron en diversas ciudades (se calcula que sólo en Sao Paulo marcharon dos millones) exigiendo una lucha frontal contra la corrupción y la salida inmediata de Dilma Rousseff, la presidenta del gigante de América del Sur. El llamado “petrolazo” la compromete en sonados actos de pagos sospechosos a empresarios y políticos, situación que ha causado renuncias y penas de encarcelamiento a diversos funcionarios. Vale la pena recordar que en el escándalo también están comprometidas empresas brasileñas que siguen haciendo aquí, en el Perú, buenos negocios, sin que literalmente nadie se inmute ante semejante falta de ética.

En otro país, Colombia, uno de los políticos con trayectoria pública más destacada y con una formación excepcional que incluye una maestría en la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, fue llevado a la cárcel por el llamado “carrusel de licitaciones” en la construcción de nuevas rutas del Transmilenio, el sistema de transporte que inspiró nuestro desordenado Metropolitano.

Aparte de los actos de corrupción en los más altos niveles de la administración pública, presidencia de la República y alcaldía de la ciudad capital ¿qué otro factor común existe en los dos hechos precedentes? Uno muy importante que tiene que ver con el papel de los medios de comunicación y una activa sociedad civil en las muestras públicas de  indignación sobre situaciones tan graves.

Nuestro país conjuga en un solo territorio los escándalos anteriores. Tenemos una presidencia de la República cada vez más enlodada en indicios de corrupción, a los cuáles no da explicación y, en paralelo, la alcaldía de Lima sigue en tratos y licitaciones con empresas brasileñas cuestionadas, una de las cuáles se aprestará, por decisión del alcalde Castañeda, a iniciar una obra sin sustento, sin plan, sin estudio de impacto ambiental y social y sobre todo sin pasar por todas las fases de una correcta licitación, como es el bypass en la periferia del centro histórico de Lima. Sin embargo, y aquí nos diferenciamos de Brasil y Colombia, a pesar de estos hechos graves, tenemos una sociedad adormecida, indiferente, que cree en la frase “no importa que robe pero que haga obra” y que tolera este tipo de situaciones.

En ese sentido vale la pena indicar que no sólo es responsabilidad de la sociedad civil sino también de una clase política dependiente de los fondos de campaña o que no sabe lo que significa ejercer el  rol de fiscalización.

En medio de todo esto, y recordando lo que alguna vez escribió Carlos Meléndez, ya suena hasta tragicómico que pretendamos ser un país desarrollado miembro de la OCDE cuando tenemos organizaciones como la Contraloría que se declaran incapaces de luchar contra modalidades de corrupción ligeramente sofisticadas.

Por Juan Sheput
24 - Mar - 2015