¿Hay estrategia gubernamental para Tía María?

Rectificándose en su forzada decisión de agosto pasado, el Consejo de Minería (CM), decidió ratificar la autorización de construcción de la “planta de beneficio” (PB, conversión de minerales en metales), del proyecto Tía María prevista de hacerse en una locación que involucra a los distritos de Cocachacra y Mejía, de la provincia de Islay (Arequipa). Los protestas en la provincia de Islay y en Arequipa, sede de la capital regional, no han cesado desde hace tres meses, y se espera que se radicalicen luego del anuncio del CM. No se trata de marchas opositoras pacíficas, sino de violentas, con daños a la propiedad privada y estatal. La interrogante en estas circunstancias es ¿tiene una estrategia el Gobierno para enfrentarlas? 

Las señales que ha venido dando el Gobierno de Martín Vizcarra me permiten afirmar que, para defender el proyecto, no tienen ni quieren tener una estrategia; más le interesa no confrontar a las autoridades locales, provinciales y regionales, que tienen como capitoste al gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Esta afirmación motiva dos preguntas inmediatas: ¿por qué el CM, cuya independencia siempre la he puesto en duda, ha ratificado la autorización? y ¿el Ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, antiguo militante de la promoción de la inversión privada, será defensor del proyecto Tía María?

Mi legítima duda sobre la independencia del CM se basa en dos razones: 1) Los argumentos que usó para la suspensión de la autorización en agosto pasado, fueron un ensayo de equilibrismo del uso de la normativa del sector, que derivó en la Ley de Procedimiento Administrativo de Carácter General, para justificar su decisión, y 2) Estamos ante un Poder Ejecutivo de modalidad pulpo, que extiende sus tentáculos por todos los poderes del Estado, y el CM es un pez menor. 

En ese contexto, la Casa de Pizarro estaría jugando a una versión 3.0 de la escopeta, pasando de dos a tres cañones. Por un lado mediante el CM, muestra una supuesta prueba de valor, con la ratificación de la autorización, quedando bien con el sector empresarial, muy proclive a entusiasmarse con poca cosa; de otro lado, no hace ni hará ninguna labor de inteligencia para identificar y detener a los violentistas, honrando su alocución ante las autoridades de la macroregión sur, cuando los acicateó a protestar para finalmente hacer la pantomima de dialogar. La escopeta de dos cañones es vetusta arma, como queda demostrado.

Sobre la actuación del ministro Liu, empezamos diciendo que desde que ha asumido una cartera ya es un político, en todas sus acepciones. Lo que queda por conocer es si será un impulsor estratégico del proyecto Tía María, acercando sinceramente posiciones, o si se comportará como corifeo de la obra puesta en escena. El tiempo lo dirá.

Una salida para el Gobierno será la de parecer un gran componedor, fomentando el diálogo, lo cual puede hacerse solo con quienes tienen voluntad de dialogar. Pero si se va querer que los violentistas o los antimineros a ultranza se sienten a conversar, que es lo que previsiblemente hará el Ejecutivo, nos estarían tomando el pelo, esperando que la protesta escale a violencia y la propia empresa pida la suspensión del proyecto.

Antecedentes de desenlaces de este tipo ya lo hemos visto, hace algo más de siete años, en el Proyecto Conga, en Cajamarca, donde el representante de Minera Yanacocha, titular del emprendimiento anunció conjuntamente con el premier de turno del humalismo, Juan Jiménez Mayor, la suspensión del proyecto. Los antecedentes de la actuación palaciega, con asesor gaucho incluido, me hacen que piense mal desde el primer momento.