Financiando mypes con fondos de empresas estatales

Que el Gobierno no tiene rumbo ens las decisiones económicas que toma, en el contexto de la pandemia del coronavirus y del confinamiento obligatorio de 56 días que nos ha impuesto, es una realidad que va siendo manifiesta a medida que pasan los días. Una de esas decisiones es el caso del financiamiento de las micro y pequeñas empresas (mypes), por un monto de S/ 300 millones, dictada por el Decreto de Urgencia (DU)-029-2020. 

No pongo en tela de juicio la imperiosa necesidad de apoyar a las mypes. El tema de fondo es el origen de los recursos que serán utilizados, que en este caso provienen de la Corporación del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). El DU mencionado establece que desde las arcas de la Corporación Fonafe, deben transferirse hasta S/ 1,500 millones al tesoro público. Se entiende que no es solo para el apoyo a las mypes, sino también otras necesidades que se irían presentando en el camino. 

Es oportuno precisar que la norma legal se publicó el 20 de marzo pasado. Es decir, tan solo cuatro días después de iniciado el confinamiento y cuando nadie, incluido el Gobierno, tenía idea de los aciagos días que nos esperaban. Antes de esta decisión, en noviembre del año pasado, ya se había establecido mediante el DU-015-2019, que, para el equilibrio financiero del Presupuesto General de la República del 2020, la Corporación Fonafe debía transferirle S/ 400 millones. Esto significa que, durante el 2020, se usarán S/ 1,900 millones de este holding estatal.

Es pertinente analizar el origen de los fondos de la Corporación: provienen de los resultados obtenidos de las 32 empresas estatales, de las cuales ejerce la titularidad de sus acciones y de Essalud, más dos empresas de su propiedad (Silsa y Esvicsac), que se dedican a los rubros de limpieza y seguridad respectivamente. Dentro de las empresas gestionadas por Fonafe, 16 pertenecen al sector electricidad: cinco generadoras, entre las que Electroperú es la más conocida; y 11 distribuidoras, entre las que destacan las pertenecientes al grupo Distriluz –Enosa, Ensa, Hidrandina y Electrocentro– y la arequipeña Seal.

Todas las eléctricas estatales tienen necesidades imperiosas de reinvertir sus utilidades, sobre todo las distribuidoras, que tienen que reparar redes eléctricas y disminuir las pérdidas de energía. Durante años no se les ha dejado invertir, lo que ha afectado la calidad del servicio y es materia de sanciones, que le impone Osinergmin por la mala calidad brindada al consumidor. 

Más allá de sus males que ya son endémicos, por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas que controla la gestión del Fonafe, ahora se suman tres adicionales: 1) el impago de cerca del 30% de sus consumidores debido al errado mensaje presidencial de que no habría cortes por impago, que solo es aplicable a aquellos cuyo recibo mensual no exceda los S/ 61; 2) la disminución de ingresos derivada del recorte de la demanda por la paralización de actividades; y 3) el financiamiento a 24 meses de los recibos de los consumidores que no excedan los S/ 61, aplicable a todo el período de emergencia (DU-035-2020).

En estas circunstancias en vez de dejar que las distribuidoras del Estado utilicen sus excedentes del año pasado, se les está presionando para la transferencia de esos excedentes al tesoro público. El producto final será que tendrá que tomar deuda del sistema bancario para afrontar las necesidades nuevas que se han presentado. 

Desinteligencia absoluta del Gobierno, las eléctricas estatales van a agravar su situación: tomarán deuda, no harán inversiones y las sanciones por mala calidad de servicio se incrementarán.