Embajadores políticos: Caso para reestudiar

En términos generales, existen dos clases de embajadores. Los primeros son los embajadores de carrera, formados en la Escuela Diplomática, que ingresan al escalafón desde el cargo de tercer secretario y pueden ascender hasta alcanzar la máxima categoría: embajador.

La segunda categoría corresponde a los embajadores políticos, designados por el presidente de la República en circunstancias especiales y con objetivos políticos, para representar al Perú ante otros Estados o ante organismos internacionales.

Los embajadores de carrera pueden permanecer en cada misión en el exterior por un máximo de cinco años y deben cumplir al menos tres años de servicio en el país antes de un nuevo destino. Además, cesan obligatoriamente al cumplir setenta años de edad. En cambio, los embajadores políticos concluyen su labor diplomática de manera automática cuando se produce un cambio de gobierno.

Tras la vacancia de la señora Dina Boluarte y la asunción del presidente del Congreso, José Jerí Oré, se aceptaron las renuncias de todos los embajadores políticos, salvo la del representante ante España. En este caso, se publicaron simultáneamente en el diario oficial dos resoluciones: una de cese y otra de nuevo nombramiento.

Entre los embajadores políticos que deben dejar sus cargos y ser reemplazados antes de la finalización del actual gobierno, se encuentran los representantes ante la Organización de Estados Americanos (OEA), los Estados Unidos de América y Costa Rica, cuyas situaciones merecen una reconsideración.

El embajador ante la OEA, doctor José Luis Sardón de Taboada, es un destacado jurista y exmiembro del Tribunal Constitucional. Su experiencia podría ser crucial para promover las reformas necesarias en las normas de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones han resultado, en ocasiones, perjudiciales y costosas para el país. Si se requieren correctivos, no resulta lógico sustituir a un experto con ese perfil.

En el caso de Costa Rica, el embajador doctor Carlos Hakansson Nieto, constitucionalista y profesor de la Universidad de Piura, cumple funciones en San José, sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su presencia allí le permite conocer de primera mano los procesos que involucran al Perú.

Respecto al embajador ante los Estados Unidos, Alfredo Ferrero Díez-Canseco, su caso merece un análisis especial. Es un abogado con amplia experiencia en comercio exterior y, como ministro, desempeñó un papel clave en la aprobación del Tratado de Libre Comercio con ese país, el cual podría enfrentar dificultades ante las nuevas políticas arancelarias del presidente Trump.

Actualmente, el Perú mantiene negociaciones con distintas naciones, entre ellas Estados Unidos, para fortalecer la defensa nacional, desarrollar el puerto de Corío y el puerto aeroespacial del norte peruano —que requiere coordinación con la NASA—, además de acuerdos sobre doble tributación y las celebraciones por los 200 años de relaciones bilaterales. Todos estos asuntos podrían verse paralizados, considerando que Estados Unidos solo recibe credenciales diplomáticas cuatro o cinco veces al año, lo que retrasaría las gestiones de un nuevo embajador.

Debe tenerse en cuenta que el retorno al país de los embajadores cesados implica gastos significativos: traslado del funcionario y su familia, transporte de muebles y vehículo. Estos costos se duplican si se nombran nuevos embajadores para reemplazarlos, cuando bien podrían ser ratificados en sus cargos.

En conclusión, todo este proceso conlleva complicaciones y gastos que podrían evitarse siguiendo el ejemplo de la misión diplomática en España. No tiene mayor sentido designar nuevos embajadores políticos para ejercer funciones solo hasta el cambio de gobierno previsto para julio próximo.