Eliminación de tercerización incrementará costo de la electricidad

El gobierno responsabiliza del incremento de los precios a monopolios, oligopolios y a la guerra entre Rusia y Ucrania; pero ahora tendrá que reconocer la autoría del aumento de las tarifas de electricidad a partir de noviembre próximo, por la modificación del reglamento de la legislación de tercerización laboral (Ley N° 29245), que se ha hecho mediante decreto supremo publicado el 23 de febrero pasado (DS-001-2022-TR). 

Dos son los puntos que se encuentran contenidos en el artículo 1 del reglamento modificado que conllevarán a discusiones entre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y las empresas administradas. Leídos ambos en conjunto, ponen en tela de juicio las actividades que pueden ser entregadas a terceros.

En las distribuidoras de electricidad (5 privadas,11 estatales y 9 municipales) hay labores como lectura de medidores y reparto de recibos, corte y reconexión de servicio, instalación de medidores, mantenimiento de alumbrado público, redes y subestaciones; todas ellas se realizan por tercerización. Hay empresas con equipamiento y personal especializado que atienden eficientemente a varias concesionarias, evitando que estas tengan personal a tiempo completo, cuya gestión sería menos eficiente. 

Habrá inevitablemente discrepancias y por la actitud exhibida por la titular del MTPE, Betsy Chávez. La posición gubernamental irá por desconocer que las labores señaladas pueden hacerse por tercerización. El desenlace se sabrá a fines del próximo mes de agosto, que es cuando vencerá el plazo para la adecuación establecida en el DS. 

Las tarifas de distribución tienen una ponderación del orden del 26% en el costo mensual de la electricidad a los consumidores residenciales, y la mano de obra representa el 70% del rubro. El efecto de la eliminación de la tercerización puede significar un incremento de la planilla entre 10% y 30%. Con esto, el aumento en la tarifa a los domicilios estará entre 1.8% y 5.5%. En este cálculo no tomamos en cuenta las otras variables que intervienen en el cálculo, como el tipo de cambio y la valorización de la infraestructura, que en cada fijación se convierten en un tema de conflicto desde hace 25 años. 

La regulación del costo de la distribución de electricidad por redes se hace cada cuatro años (artículo 73 DL 25844), y en estos momentos está en curso para algunas distribuidoras la fijación para el período 1 noviembre 2022 al 31 de octubre del 2026. Según el cronograma del Osinergmin, el pasado 1 de mayo las empresas han presentado su propuesta regulatoria, donde no pueden proyectarse a asumir las actividades tercerizadas que no reconocerá el MTPE, que según los plazos señalados recién estarán definidas el 22 de agosto. A esa fecha ya estará prepublicado el proyecto de resolución del regulador, luego de una serie de pasos calendarizados. 

Por el desfase en el tiempo entre el proceso regulatorio y la adecuación al nuevo reglamento de tercerización, y para evitar reconsideraciones que pueden tomar largo tiempo, lo más sensato será postergar la fijación tarifaria en un año. Antecedentes de este tipo ya existen. El proceso del 2017 fue postergado en dos tramos: un año para las empresas privadas y algunas municipales y dos años para las estatales. 

La postergación al 2023 en esta oportunidad debería ser aplicable a cuatro empresas privadas: Enel Distribución, Luz del Sur (ambas en Lima Metropolitana y Lima Provincias) Electro Dunas (Ica) y Coelvisac (Ica y Huacho). El resto de las distribuidoras, las 11 que son parte del holding estatal Fonafe, ya están programadas para el 2023, a las que sumarían las 9 entidades municipales. Esta sería además una manera de retornar a regular a todas las concesionarias a la vez. Un tema técnico que queda por debatir.