El viejo cuento de los impuestos

Pedro Francke, el ministro de economía del actual (des)gobierno, ha desempolvado la propuesta electoral de su líder Verónika Mendoza –la doblemente fracasada candidata a la presidencia del Perú del Grupo de Puebla– de aumentar los impuestos, supuestamente a las grandes fortunas y empresas mineras. Como siempre, el “sentido común” progresista, expresado por algunos jóvenes tuiteros –que no experimentaron las “delicias” del estatismo que destrozó política, económica y moralmente al Perú entre 1968 y 1991– saludó esta promesa y, con la característica intolerancia de la cancel culture, “viralizó” la consigna de que todo aquel que se opone a esta medida no es más que un avaro demencial o un lacayo de millonarios de características prácticamente genocidas. 

Pero, ¿es viable esta propuesta? ¿Sería, entonces, Francke una especie de Robin Hood peruano que quita a los ricos para dar a los pobres?

Lo cierto es que el problema del Perú no es que al Estado le falten recursos. Hace ya bastante tiempo que el Gobierno peruano firmó un sospechoso contrato con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para fabricar 47 plantas de oxígeno por más de US$ 26 millones. Y aunque los plazos para la entrega se han superado largamente, no hay señal alguna del cumplimiento de este proyecto y los indicios de corrupción usuales en el gobierno del justamente vacado Martín Vizcarra han vuelto a asomar. 

De esta manera, dos organismos estatales (el Gobierno y la UNI) han demostrado su ineficiencia acostumbrada, a pesar de contar con recursos económicos inéditos en la historia del Perú para enfrentar la emergencia, mientras la sociedad civil, la Iglesia y la empresa privada sí lograron conseguir las anheladas plantas incluso durante los peores momentos de la pandemia. 

¿Cómo entonces meter aún más la mano en el bolsillo de los ciudadanos podría cambiar esta situación? ¿No será, más bien, que, como ha venido siendo hasta ahora, estos impuestos nuevos acabarán sirviendo para engordar las billeteras de figuras como Richard Swing y Mayra Couto, que recibieron subsidios de decenas de miles de soles durante la pandemia, por obra del Ministerio de Cultura, ahora en manos de una persona de pasado extremista, experta en canalizar recursos estatales hacia el mundo oenegero izquierdista? 

Como se ha demostrado a lo largo de la historia, si un gobierno logra tener éxito en aumentar los impuestos a un sector de la población, no parará nunca y comenzará un proceso que acaba con una socialización de la confiscación, que se desborda hacia las clases medias y los sectores trabajadores. 

Es curioso que todavía haya quien haga caso en el Perú a Pedro Francke o Verónika Mendoza. No habría que remontarnos mucho en la historia reciente de este país, llena de destrucciones de toda índole, auspiciadas por la izquierda desde posiciones de poder o desde la subversión, sino solo a la pésima gestión de la pandemia durante los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti (2020-2021), que ha estado a cargo de izquierdistas en los puestos clave. Tenemos el caso del tristemente célebre Víctor Zamora, ministro de Salud de Vizcarra en 2020, militante y miembro del equipo técnico del partido de Mendoza en las elecciones de 2016; Farid Matuk, asesor suyo e ideólogo de la contraproducente cuarentena de género, fue candidato al Congreso en las elecciones congresales de 2020 por el izquierdista Frente Amplio y, finalmente, el exministro de salud, Oscar Ugarte, responsable en una anterior gestión del monopolio de oxígeno que sufre desde hace quince años el Perú, es miembro fundador de Juntos por el Perú y candidato al congreso por esta fuerza en 2020. 

En conclusión, la izquierda nos envenena y luego pretende vendernos el antídoto, que, como siempre, es peor que la intoxicación.