El verdadero reto del futuro

¿Cómo empezar este año con una nota al menos algo positiva? Quizás recordando que el Perú ha pasado por momentos políticos peores, en los que parecía que el sentido común demagógico y totalitario de algunos sectores políticos e intelectuales se haría irremontable, pero en los que siempre acababa por emerger, luego de la epilepsia radical, un momento positivo de reconstrucción y calma. Recordemos los años ochenta: en ese momento muchas personas no precisamente desinformadas consideraban que lacras como el terrorismo desatado, la inflación, la tiranía sindical, el aparato público hipertrofiado, la basura omnipresente en Lima o los pirañitas callejeros nunca desaparecerían y que el Perú tendría que vivir con ellas, quizás moderándolas un poco, per saecula saeculorum. Pero a partir de 1991, advino la «sorpresa divina», para parafrasear a Maurras: la conversión del antiguo burócrata universitario apristón Alberto Fujimori, aupado al poder por las izquierdas, en el abanderado del cambio de modelo. Y, poco a poco, y gracias a diversos factores, las cosas fueron mejorando, hasta que algunos problemas incluso desaparecieron. Hasta hoy, claro está. 

Así también podría aparecer una corriente de opinión que sacuda al Perú de la tiranía del deep state caviar y sus brazos mediáticos que, desde Lima, nos ha ido imponiendo presidentes desde 2011 y de la demagogia totalitaria que desde el interior juega en pared con él. Y quizás esa corriente de opinión pueda tener un correlato electoral. Y para cuando esto ocurra habría que ir pensando en reformas urgentes. No en verdaderas ridiculeces como la «paridad y alternancia» o la «no reelección», que nunca cambiarán nada, sino reformas reales con influencia en la realidad. Pienso ahora en dos.

La primera es una nueva ley de uso territorial que reforme las viejas reminiscencias del orden virreinal (muy útiles en otras épocas quizás) que aseguran la propiedad estatal al subsuelo y la rigidez en los sistemas de propiedad de las tierras comunitarias, mientras se realiza un amplio esfuerzo de formalización. Esta vieja propuesta de Hernando de Soto y otros significará  inmediatamente el destrabe de muchos proyectos mineros, más aun si se asegura que la regalía y/o justiprecio irá directamente a los bolsillos del propietario. 

La segunda es una nueva ley de bases de la regionalización que reforme completamente los gobiernos regionales y los convierta en promotores de desarrollo económico y social (como decían tanto la constitución de 1979 como la de 1993)  antes que en superalcaldes o máquinas de devorar presupuesto. Serán los continuadores de las ORDE, las Juntas de Desarrollo y Rehabilitación y las mancomunidades, tal como se pensara originalmente. De ahí que convenga su elección indirecta mediante una asamblea con participación de los liderazgos sociales, económicos, corporativos y políticos de sus regiones, como se planteaba en la ley de 1988.  Esto deberá acompañarse de un fortalecimiento de las alcaldías provinciales que, por la misma condición geográfica del Perú, son las que deben ocupar el primer plano en lo que respecta al estado subnacional. Cabe señalar que el primer encuentro del votante del interior del país con el Estado es a través de los muy ineficientes y corruptos gobiernos subnacionales. Esa ineficiencia es la fuente permanente del radicalismo. 

Este par de sugerencias podrían tener efectos positivos multiplicadores a largo plazo y transformar el Perú para siempre.