El servicio civil en la Policía

El escaso valor profesional que tiene la carrera policial en el Perú genera las condiciones para que la aspiración del policía promedio sea ocupar un puesto administrativo en una comisaría, en una región policial, en las unidades de élite o en el Ministerio del Interior. En lugar de que su misión sea operativa, patrullando las calles, ellos aspiran a ocupar un puesto administrativo. Nunca debemos olvidar, cuando se discute sobre una enésima reforma policial, el hecho de que, en su gran mayoría, quienes deciden optar por ser policías en el Perú no pudieron ingresar a una universidad, a un instituto superior de prestigio, o no tenían los recursos económicos o el talento para acometer en otra profesión. 

Que existan policías con una profunda vocación de servir a la seguridad ciudadana desde muy jóvenes es cierto. Que en nuestra policía trabajen oficiales y policías de vocación admirable, valiente y honesta, también es cierto. Pero lo que no se puede negar es que, en gran medida, la PNP es el refugio o el reducto de gran parte de jóvenes frustrados, con baja calidad educativa y sin talentos. Es una lamentable situación que no encontramos en otros países, donde ser policía es una aspiración de primer nivel y bien remunerada. 

Por eso es que, para un amplio sector de la policía, esta se convierte, en realidad, en un mecanismo de ascenso social, por la extendida corrupción de menor cuantía existente. Y que adquiere un ámbito de mayor cuantía en los altos mandos y en el Ministerio del Interior. El premio mayor es formar parte de los procesos millonarios de contratación en la compra de vehículos, uniformes, equipos tecnológicos o, como se ha demostrado recientemente, en los contratos para diversos productos de protección por la actual pandemia. Afrontar este tema es quizás una de las reformas más difíciles de enfrentar, ahora que nuevamente se pretende hacer cambios en esta área del Estado.

En gran medida es esta situación lo que ha llevado al presidente Sagasti a anunciar que esos procesos administrativos y de contrataciones cautivas para la corrupción estén a cargo de gerentes civiles designados por la entidad SERVIR. Ya veremos cómo esa decisión presidencial y del Ministerio del Interior tendrá una tenaz resistencia de la policía y de los proveedores privados que pululan alrededor de las millonarias contrataciones, a sabiendas de esa tradición de dolo de la policía, en las altas esferas administrativas. 

En el estamento más bajo del sistema policial, las comisarías, una de las causas de que los ciudadanos no estemos debidamente protegidos es que gran parte de la policía está dedicada a labores administrativas, y no a labores operativas propias de su función, patrullando las calles y las zonas de riesgo donde actúa la delincuencia común o el crimen organizado. Un estudio de Lampadia señaló que no solo los policías en comisarías están mal distribuidos sino que, para mayor agravante, solo un 41% de policías desarrolla un patrullaje motorizado o a pie. El resto, es decir el 59% (la mayoría) se dedica a labores administrativas y de control, servicio de guardia en entidades privadas, acciones de investigación y participación ciudadana. En total realizan cerca de siete procedimientos administrativos. Gran parte de la labor policial, de la gestión de los comandantes de las comisarías y del personal policial, se distrae en esas labores, abandonando el patrullaje policial. 

Esta burocratización de la policía es precisamente lo que ha impedido que programas muy bien concebidos, como Barrio Seguro, hayan sido prácticamente dejados de lado, en vista de que su extensión a todo el país implicaba precisamente que por lo menos el 80% del personal policial se dedique al patrullaje y otras formas de seguridad barrial o vecinal. 

La creación de un estamento administrativo de procedencia civil, de alta calidad y probidad, –tanto en los estamentos más bajos (comisarías) e intermedios (regiones policiales y unidades de élite), así como del Ministerio del Interior– es un componente central de una reforma policial. Ello permitirá no solo que los mandos policiales concentren su atención en su labor operativa (brindar seguridad y combatir el crimen organizado), sino también disminuir los altos niveles de corrupción existentes en la policía y el Ministerio del Interior. 

Por cierto, la presencia de este estamento civil en el sistema policial no quiere decir que automáticamente la corrupción se diluya, porque esos funcionarios civiles pueden caer también en la maraña delictiva, como ocurre en otras entidades del Estado. Por ello es crucial que SERVIR provea de gerentes debidamente capacitados, y que otros servidores civiles, en los estamentos intermedios y bajos, adquieran una formación íntegra para modificar el comportamiento administrativo de las comisarías y otras dependencias policiales. Adicionalmente es urgente elevar los estándares de profesionalización o de carácter técnico de la carrera policial, modernizar procedimientos, extender las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), tercerizar servicios y establecer contratos leasing para el uso de equipo y unidades móviles, a fin de disminuir la corrupción policial. Cuanto más se extienda la administración digital en los diversos procedimientos administrativos y de compras en la policía, tanto menor será la corrupción en este sector del Estado. Pero eso solo se puede lograr con un estamento de servidores civiles bien capacitados. 

Definitivamente, un cambio en nuestra Policía Nacional no puede reducirse solo al cambio de mandos policiales o a que unos cuantos gerentes, de las altas esferas de la PNP y del Ministerio del Interior, provengan de SERVIR, mientras el resto de la entidad permanece con una estructura obsoleta y con una cultura de comportamiento muy negativa. El cambio tiene que ser sistémico e integral, atravesando toda la estructura policial. 

La comisión que el presidente de la República ha anunciado para una reforma policial tiene un enorme reto. Al tiempo que debe buscar una dignificación de la labor policial, para lograr la cohesión institucional y alta profesionalización de esta entidad, clave para nuestra seguridad ciudadana, también debe proponer cambios muy profundos para disminuir la corrupción policial y desburocratizar la labor de las comisarías. Solo así se convertirán en verdaderas unidades territoriales de contención del delito y aliadas de la sociedad civil organizada.