El pueblo exige mayor seguridad en las carreteras

 

El Plan de Seguridad Vial relanzado en octubre del año pasado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con la finalidad de crear una Cultura Vial para reducir los accidentes de tránsito en un 30% hasta el 2021, quedó solo en eso. es decir, como un plan que no se aplica por la inoperancia de los organismos encargados de ejecutarlo, y por el poco interés del Gobierno de solucionar la informalidad en el Transporte Terrestre en todo el territorio nacional.

El pomposo Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV) debería fiscalizar el cumplimiento de las normas de tránsito, eliminando la informalidad en el transporte terrestre y obligando a las empresas formales a contar con vehículos en buenas condiciones técnicas y con pólizas de seguro para los usuarios. especialmente para los casos de accidentes, que son el pan de cada día en la difícil y agreste geografía de nuestro país.

En el papel quedaron los programas de concientización de la población para crear una cultura vial en el país. El tránsito vehicular es un verdadero caos, en el que la prepotencia de los conductores genera dolorosas tragedias que en nuestro país alcanzan cifras desconcertantes. Según estadísticas del MTC, el 69% de los accidentes son causados por la imprudencia de los conductores, y siete de cada diez víctimas mortales son pasajeros o peatones.

No existe una “política de Estado” que obligue a las líneas de transporte interprovincial a operar desde terrapuertos. Los buses paran en cualquier lugar de las carreteras, dando lugar a numerosos accidentes viales, además de los asaltos y crímenes, que generan cuantiosas pérdidas materiales y humanas entre los indefensos usuarios.

La señalización en las carreteras es deficiente, así como su mantenimiento. Los sistemas de seguridad son casi inexistentes, por lo que los continuos accidentes han convertido a nuestras carreteras en verdaderas trampas mortales contra todo aquel viajero que transita por ellas.

En forma insólita, el total de la carga transportada por carreteras cuenta con pólizas de seguro, sin embargo “no existe” póliza alguna, a no ser el SOAT, para preservar la vida y asegurar la subsistencia de los pasajeros de los buses interprovinciales que viajan totalmente desprotegidos. Y pese a que Indecopi, Ositran y Sutran, por ley, están obligados a fiscalizar a las empresas de transporte. La inoperancia de dichos organismos impone que se establezca una “autoridad autónoma” debidamente empoderada para actuar con amplio respaldo del Poder Ejecutivo y Judicial para hacer cumplir las políticas y normas de seguridad vial en nuestras carreteras.

Ni qué decir de la Policía de Carreteras, que normalmente realiza operativos para exigir documentación a los choferes de vehículos privados, sin verificar la identidad del resto de pasajeros, algunos de los cuales podrían ser delincuentes requisitoriados. Resulta inverosímil que pasen por alto a unidades sin luces, vehículos de transporte con más de quince años de antigüedad, camiones transformados en ómnibus de pasajeros, choferes poco capacitados o no brevetados, etc.

Cabe precisar que es en Lima y el Callao, donde se concentra el 70 % del parque automotor del país, es donde se registran el 60% de los accidentes. La ausencia de revisiones técnicas, la existencia de flotas obsoletas, el deficiente nivel educativo de los conductores, así como la corrupción existente en las autoridades responsables de la aplicación de las multas y sanciones, son algunos de los factores principales del problema vial en el Perú. Pero actualmente nadie se preocupa por resolverlos.

Tenemos un doloroso ejemplo con la reciente tragedia del Serpentín de Pasamayo, donde en enero pasado —en la Curva del Diablo— murieron 52 personas, sin que ninguna de las tres empresas comprometidas haya cumplido con la reparación civil para los deudos. Por el contrario, un fiscal de Huaral declaró concluida la etapa de investigación preparatoria en el tiempo récord de cuatro meses, sin hallar responsables. Ojalá que alguien en el Gobierno escuche el clamor popular que exige mayor seguridad en las carreteras, medio mayoritariamente empleado por el pueblo para sus traslados.