El primer Poder del Estado

En los sistemas republicanos el Poder Legislativo tiene primacía

Hace ya largos años, un hombre honesto que ocupó la presidencia de la Cámara de Diputados lo decía con claridad. El diputado liberal Francisco González Vigil, en su célebre intervención del 17 de noviembre de 1832, enfrentándose a un gobierno autoritario, decía: “Los peruanos no son vasallos de un rey cuyas órdenes se ejecutan sin réplica y cuyo disgusto hace temblar, somos ya ciudadanos de un pueblo libre y nosotros particularmente representantes de ese pueblo. Somos el primer poder del Estado y nuestras resoluciones se cumplen, mandamos que los ministros vengan y los ministros vienen, decretamos que el presidente de la República mande ejecutar alguna cosa y el presidente así lo hace o debe hacerlo. Y nosotros, los individuos de esta Cámara, tenemos por la Constitución el especial encargo de atisbar la conducta del Ejecutivo en cierta clase de materias y somos los principales celadores de la inviolabilidad de nuestra Carta”.

No es pues en el siglo pasado cuando nace la idea del Congreso como primer poder del Estado. Tampoco se trata de una justificación vanidosa de Haya de la Torre. En realidad, los parlamentos nacen para contrapesar el poder de los reyes, y en los sistemas republicanos se erigen inicialmente como el primer poder del Estado. Y el liberal González Vigil lo reclamaba cuando habían pasado pocos años del nacimiento de la República, en 1832.

En el Perú, tan propenso a los autoritarismos, hemos ido caminando del presidencialismo a un semiparlamentarismo. Por ejemplo, Víctor Andrés Belaunde, en su famoso discurso de “La crisis presente”, crítica el presidencialismo sentenciando: “El presidente de la República es un virrey sin monarca, sin Consejo de Indias, sin oidores y sin juicio de residencia”. Lo decía en 1914, en la época de la llamada República Aristocrática, en la que se sucedieron gobiernos elegidos democráticamente. Entonces, luego de un gobierno autoritario se buscaba contrapesar dando mayor poder al Parlamento.

La Constitución del 1979 y luego la de 1993 buscaron dar soluciones a la posibilidad de un parlamento obstruccionista. Como sucedió en el primer gobierno de Belaunde; o antes, en el de Bustamante y Rivero. Por ejemplo, de no aprobarse el presupuesto por el Parlamento, entra en vigencia el enviado por el Ejecutivo. O la posibilidad de disolver al Parlamento y convocar nuevas elecciones, si los congresistas censuraran a dos gabinetes ministeriales consecutivos. Se crearon además nuevas instancias —como el Tribunal Constitucional— que pueden resolver los conflictos de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El problema de estas lecturas desbordadas de la realidad, con las que muchos se apresuraron a sostener que el fujimorismo actuaría de manera irresponsable, es que llevan a sacar conclusiones apresuradas. La presentación del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete para pedir el voto de investidura ha mostrado lo que debe ser la dinámica de la relaciones Ejecutivo – Legislativo: una sana tensión.

No esperamos un Parlamento dócil, aunque ello obligará a tener un Ejecutivo con buenas maneras democráticas, como las que viene demostrando. Luego del discurso del premier, los fujimoristas pidieron algunas precisiones: Disculpas por agravios de la campaña, explicación sobre cómo se recibió el gobierno y la forma como se iban a financiar los proyectos presentados, y que se retire a una serie de viceministros. Recibieron las explicaciones y las disculpas; pero Zavala señaló que el nombramiento de funcionarios era su potestad, y que no permitirían funcionarios corruptos. Esto fue asumido como una promesa por el fujimorismo, y se dio por concluido el incidente.

Hay quienes prefieren una democracia basada en la confrontación. Otros aspiramos a una en la que prime el diálogo y se respeten las formas democráticas y los espacios de poder que el pueblo con sus votos ha reconocido. Eso, nada más.

Juan Carlos Valdivia