El oportunismo constituyente

Una vieja tradición de la izquierda consiste en utilizar las crisis para intentar pescar en río revuelto e imponer sus propósitos, subiéndose a la ola de protestas ciudadanas. Sobre todo en situaciones de alta tensión, como ha ocurrido en la reciente crisis, generada por la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. En los últimos 20 años, cada vez que hay una crisis las izquierdas levantan su manida bandera de convocatoria a una asamblea constituyente, pero nunca han logrado que esa demanda se convierta en el tema central de la resolución de esos momentos críticos.

Acostumbrada a copiar mal experiencias internacionales –como las de Chile, Bolivia, Venezuela y Ecuador– la izquierda creyó que la reciente tensión que tuvo como protagonistas a los jóvenes era el momento oportuno para volver al ataque y convertir la crisis en un desenlace que obligara a poner como centro del debate la convocatoria una asamblea constituyente. Se equivocaron otra vez. La masiva protesta ciudadana, conformada principalmente por jóvenes de clase media, hijos de los procesos económicos y políticos de los últimos 20 años, tuvo en realidad demandas más puntuales, pero de gran trascendencia hacia el futuro. La ira frente al abuso del poder del Congreso, la rabia frente a la mentira y el irrespeto a las reglas de juego, la búsqueda de reconocimiento generacional, el repudio a la extremada violencia policial y las demandas de trabajo y mejores oportunidades no encajan en la racionalidad fundacional que pretenden los sectores de izquierda; al contrario, estuvieron circunscritas a cambios inmediatos de la mal llamada clase política. No lo podría ser, además, precisamente por el hecho de que, en el imaginario de los jóvenes, una mayoría parlamentaria de 105 congresistas había violado la Constitución de 1993, que precisamente la izquierda quiere cambiar de una manera maximalista. 

La demanda de una nueva constitución que hace la izquierda tiene tres problemas que, por el momento, la hacen inviable en términos prácticos de estrategia y táctica política. En primer lugar, no tiene a la base un procedimiento legal para hacer viable el ingreso a un momento constituyente, sin caer en una actitud de igual ruptura constitucional, como lo intentó la mayoría parlamentaria de 105 parlamentarios. Ahora, cuando ya están aprobadas las reglas para las elecciones del 2021, y como sacando un conejo del sombrero, quieren modificarlas, proponiendo que se consulte al pueblo sobre una nueva constitución el próximo 11 de abril. Es decir, quieren imponer que los peruanos asistamos a las urnas para dilucidar sobre tres cuestiones: por quien votamos para presidente; que parlamentarios elegimos y si debe haber o no una asamblea constituyente.

La propuesta no es solo abiertamente inconstitucional, además pretende deformar la campaña electoral buscando, de un modo oportunista, una polarización confusa que entremezcla de manera inconvenientes el debate sobre propuestas de gobierno, la renovación de la representación y un cambio maximalista de la constitución. A diferencia de Chile, donde el referéndum fue exclusivamente sobre la conveniencia de cambiar o no la carta magna, un sector de la izquierda en el Perú quiere generar una gran confusión sobre tres procesos electorales en uno solo, cambiando arbitrariamente las reglas con las cuales fueron convocadas las elecciones del próximo 11 de abril. 

En segundo lugar, no señalan abiertamente qué cambios específicos quieren realizar en la actual Carta Magna. No se atreven a plantear una plataforma de cambios constitucionales, porque seguramente ahí se revelarían las profundas debilidades de ese nuevo modelo de Estado y de economía. En tercer lugar, no quieren someterse a los artículos 31 y 206 de la Constitución, uno de los cuales establece que para lograr un cambio total o parcial de la Carta Magna se requiere las firmas del 10% del total de electores del país, para que proceda un referéndum que apruebe este cambio e ingresar a un momento constituyente. Y tampoco tienen propuestas para modificar los referidos artículos, si consideran que las vallas y requisitos son muy altos para realizar en un referéndum sobre la materia. 

Una encuesta desarrollada por IPSOS en julio de este año, reveló que el 57% de peruanos consideraban que la actual Carta Magna debería cambiarse de una manera “ágil y rápida”. Es decir, cerca de 17 millones de peruanos estarían de acuerdo con la opinión de la izquierda. La pregunta es entonces, ¿por qué la izquierda no se embarca en la búsqueda de 3.2 millones de firmas (aproximadamente) para lograr la convocatoria a un referéndum y que obligue a una consulta popular? Hace pocos años, los pensionistas aportantes organizados del Fonavi lo lograron, obligando al Estado a la devolución de sus aportes. ¿Por qué la izquierda no tiene la audacia, fuerza y consistencia programática para lograrlo? 

El ingreso a un momento constituyente, como parte de un proceso democrático y no golpista, como hemos vivido recientemente, debe ser parte de un proceso político cuyos efectos serían lograr una mayoría política para que esta valide la elección de un cuerpo de representantes del pueblo para que redacten una nueva carta magna, como lo ha logrado el pueblo chileno en un reciente referéndum. Eso es lo que debería hacer la izquierda. Lo que no puede hacer, de un modo oportunista y burocrático, es intentar subirse a la ola de cada propuesta ciudadana, modificando a última hora las reglas electorales para lograr aquello que deben construir como fruto de un gran esfuerzo de iniciativa ciudadana. 

Finalmente, las izquierdas deberían decirnos a los peruanos, de un modo transparente y abierto, cuál es su propuesta de nueva constitución. ¿Pretenden volver al Estado empresario de la Constitución de 1979? ¿Se proponen estatizar las empresas privadas? ¿Buscan regresar a un modelo partidocrático que impedía la institucionalización de mecanismos de participación y control ciudadano? O es que solo pretenden fortalecer el papel regulador del Estado en una economía social de mercado. Tengo la impresión de que la izquierda no es sincera y transparente en los verdaderos propósitos de cambio constitucional que reclama. 

Habría que tener una mejor lectura de las verdaderas demandas de los jóvenes que marcharon frente al golpe usurpador de días recientes. Una de esas demandas es una actitud más transparente de los políticos. Y parece que en la demanda de una nueva constitución las izquierdas no están poniendo todas las cartas sobre la mesa.