El nuevo contrato social

Desde hace dos décadas y media el Perú ha transitado por el ordenamiento de la sociedad a través del mercado. Hubo impulso desde el Estado, pero no ha sido suficiente. Actualmente, como consecuencia de ello, vivimos una permanente desconfianza entre los peruanos y peruanas, y de estos hacia el Estado. Vivimos una política de la desconfianza que se traduce en el antivoto o en el “votemos por el mal menor” (y no una despolitización, como señalan algunos analistas). Vale decir, la reacción frente a la proposición.

¿Qué hacer frente a este problema? La clase política necesita devolverle la confianza a la sociedad. El país necesita cambiar la desconfianza por el involucramiento en los asuntos públicos: planificando, ejecutando y monitoreando los problemas públicos que nos aquejan diariamente. Institucionalizar la desconfianza –como se hizo en Ecuador en los inicios de la Revolución Ciudadana–, fortaleciendo los espacios de participación ciudadana.

La sospecha cotidiana entre los peruanos y peruanas, y de estos hacia los funcionarios públicos, debe traducirse en corresponsabilidad. Varias encuestas nos afirman que el Perú en general está cansado de tanta inseguridad, de tanto canibalismo político y de tanto mercantilismo de varios integrantes de nuestra clase política. Es imperativo, para ello, que el Estado juegue un rol importante para devolver la política a la sociedad peruana, que no es otra cosa que involucramiento en los asuntos públicos. 

Se necesita representatividad y gobernabilidad, como sostiene Carlos Meléndez. De esa manera se otorga otro sentido al caos, a la falta de autoridad y al dinero sucio en política, que se afianzaron en el Perú –durante mucho tiempo– con el modelo de usura y mercantilista. 

La agenda pública debe tener como prioridad un nuevo contrato social para superar las desigualdades sociales aún existentes en el país.