El inicio de la decadencia de la Corte Penal Internacional

El orden internacional para algunos inició hace ya cuatro siglos con la firma de la Paz de Westfalia en 1648. Para otros la mayoría de instituciones vigentes surgieron a partir de la segunda guerra mundial con la creación de las Naciones Unidas y la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Lo que sí sabemos es que el régimen internacional lleva durante décadas establecido de una sola forma y que se ha ido moldeando a través del tiempo hasta llegar a nuestra coyuntura actual. Sin embargo, debido a su inoperancia, ineficiencia y falta de imparcialidad es que muchas de estas instituciones de derecho internacional son cuestionadas, más su existencia nunca había sido puesta en tela de juicio. Sin embargo, gracias al surgimiento de algunas corrientes políticas que van en contravención al globalismo están impulsando poco a poco la destrucción del modelo internacional actual, sin embargo, puede ser que una guerra sea el detonante del fin de una institución de este calibre como lo es la Corte Penal Internacional de Justicia, veamos el porqué.

Creada a partir del estatuto de Roma de julio 1998, la corte penal internacional de justicia (CPI), con sede en La Haya, es una organización internacional encargada de perseguir y castigar los delitos de lesa humanidad más graves que puedan cometer individuos y personas relacionadas tanto a grupos como a gobiernos. Pero enfoquémonos en su persecución de delitos penales muy graves, la corte se hizo conocida por tratar de enjuiciar a algunos criminales de guerra como a los serbocroatas que participaron en la guerra de los Balcanes o a exdictadores de diversos países del mundo. Durante todos estos años la corte no ha estado exenta de numerosas críticas, muchas de ellas con sustento. La corte penal internacional ha tratado de servir como un ente moderador que trate de aplicar justicia a personas y países, creyendo que lo peor de la miseria humana y sufrimiento de las guerras mundiales y la guerra fría habían terminado, sin embargo, estaban muy equivocados. Tan solo en el siglo XXI llevamos centenares de juicios por acusaciones de genocidio, uso de armas prohibidas, tráfico de personas y otros delitos de lesa humanidad que se creía ya superados. En medio del fragor de la terrible invasión de Ucrania por parte de Rusia, la corte decidió intervenir solicitando una orden de arresto contra los altos mandos del gobierno y ejército ruso, no obstante, la orden fue ignorada completamente y se ha hecho caso omiso a una orden directa de la corte. Pero quizás este no es el caso más representativo de desacato y desobediencia hacia la corte, el pasado 20 de mayo inició lo que podría ser el final de la credibilidad de la corte de justicia penal internacional.

El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció el lunes 20 de mayo que solicitó órdenes de arresto para los principales dirigentes implicados en el conflicto de Gaza entre Israel y Hamás. Terrible conflicto que ensangrienta la región desde el 7 de octubre del 2023. El fiscal Khan testificó que tenía motivos razonables para creer que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yov Galant, han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. También cree que tres líderes del grupo militante palestino Hamás pueden ser responsables: el líder del grupo en Gaza, Yahya Sinwar, y sus líderes Ismail Haniya y Muhammad al-Masri. Esta carpeta fiscal fue abierta a petición de otros gobiernos, en especial hay que recalcar la participación activa de Sudáfrica en este proceso sobreviniente. El fiscal Khan ha pedido que se detuviera a los cinco individuos. 

Los cargos contra los israelíes son: Inanición de civiles como método de guerra y como crimen de guerra. Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, o tratos crueles como crimen de guerra en Gaza. Homicidio intencional o asesinato como crimen de guerra grave. Dirigir intencionalmente ataques contra una población civil indefensa como crimen de guerra. Exterminio y/o asesinato, incluso en el contexto de muertes causadas por inanición. Estos son los principales argumentos que tiene la fiscalía de la corte contra los funcionarios del gobierno israelí debido a la escalada que el ejército de Israel generó como respuesta a los ataques del 7 de octubre. Por otra parte, las ejecuciones, torturas, secuestros de israelíes y uso de civiles de Gaza como escudos humanos son los crímenes de los cuales se les acusa a las autoridades de Hamás.

Luego de haber explicado y enumerado los crímenes por los cuales la Corte Penal Internacional realiza acusación nos preguntamos ¿Por qué anunciamos el fin de esta organización? Por muy simples razones: en primer lugar, si bien es cierto que países como Alemania o Noruega han indicado que si los funcionarios israelíes o de Hamás se encontrasen en su territorio dispondrían su captura inmediata, el resto de países no se ha pronunciado al respecto. Es por esto que dudamos que países aliados de Israel como lo es Estados Unidos se atreva a ordenar la captura del ministro Netanyahu, así como tampoco vemos que los países árabes que justifican la causa de Hamás se atrevan a detener a sus líderes dentro de su territorio. Por otra parte, Palestina no es un estado reconocido en su totalidad y por otra parte Israel no fue firmante de la convención de Roma, por lo que la corte estaría fuera de su jurisdicción. Estamos pues, ante un desacato total y rampante que ningunea la autoridad de la corte. Obviamente esta desobediencia cuenta con el aval de los aliados de ambas partes y que hace imposible que se pueda realizar un juicio, al menos en las circunstancias actuales. Este juego es peligroso ya que constituye un precedente de desacato y de pérdida de legitimidad de la Corte Penal Internacional de Justicia. Sus notificaciones, sus decretos, sus procesos e incluso sus sentencias se encuentran en este momento al borde de no ser reconocidas por una gran parte de gobiernos. Y es que las organizaciones internacionales dependen mucho de su legitimidad y reconocimiento por parte de la comunidad internacional en su totalidad. Si estos organismos dejan de recibir fondos de la mayoría de gobiernos y pierden prestigio automáticamente pasan a ser organismos menores de mera recomendación y dejan de tener jurisdicción y legitimidad para ejercer la ley internacional. 

Es por esto que, el desacato a las órdenes de la corte, sumado a que se va a ignorar por completo sus dictámenes puede ser el inicio de una impunidad para gobernantes que han ejercido mal sus cargos que han llevado a la muerte a miles de personas de forma injustificada. Pero también demuestra que las actuales instituciones globalistas de derecho internacional no están preparadas para efectuar las funciones por las cuales extirpan cientos de millones de dólares de los contribuyentes de los países miembros para mantener una enorme burocracia, parcializada e ineficiente.