El gobernante justo confía en su pueblo

Desde el surgimiento de la variante “bolivariana” del expansionismo neocolonialista castro-chavista, invariablemente la primera receta que han implementado es prohibir el porte legal ciudadano de armas de fuego, para pasar luego a su confiscación. El manual de subyugación de un pueblo, para su posterior esclavización, parece considerar indispensable privar a los ciudadanos honestos de la capacidad de repeler eficazmente y dentro de la ley a los criminales, que no pocas veces han servido y sirven para camuflar la represión del disidente. No en vano los “padres fundadores” de EE.UU., Washington y Mason, llamaban tempranamente la atención sobre el tema. Stalin y Hitler se apresuraron a desarmar a su pueblo. 

Si Martín Vizcarra, pretende convencer de que, pese a todo, aún tiene vocación democrática y genuina preocupación por el bienestar de los ciudadanos honestos, mal haría en coincidir con los cantos de sirena de los asalariados del castrismo, que desde la PCM y el Ministerio del Interior (Mininter) insisten en desarmar a la gente honesta para “resolver” el problema inexistente, en todo caso anecdótico, del mal uso por unos pocos de armas y municiones legalmente obtenidas. Y ello en perjuicio de la inmensa mayoría de usuarios legales respetuosa de la ley.

Estudio los efectos reales de la legislación sobre posesión porte y uso civil armas de fuego desde 1989. Desde entonces, la data es cada vez es más convincente respecto al efecto positivo sobre la seguridad ciudadana de una legislación que facilite el registro y porte legal para usos deportivos (caza deportiva o tiro deportivo) o de defensa personal. Por el contrario, aquellos países y estados que han optado por dificultar la posesión, porte o uso legal han sufrido un notable incremento del crimen violento, ya que el criminal puede estar seguro allí de que sus delitos no serán repelidos. Y si la policía aparece, lo hará siempre después de cumplido su cometido delictivo.

En la semana pasada he pedido, por transparencia, a SUCAMEC, la PNP y el Mininter data oficial, sistematizada y actualizada, respecto a la relación estadística comprobable fehacientemente entre el crimen contra gente honesta y las armas y municiones de origen civil. Espero que ese pedido, al que están obligados a responder verazmente dentro del plazo de ley, sirva también para proveer a la alta dirección del Poder Ejecutivo del fundamento comprobable para descartar el razonamiento forzado tras la iniciativa desarmista que tan generosamente remunera Georg Soros y tanto ayudó a Chavez, Maduro, Noriega y el prófugo Evo Morales.

Se quiere mejorar el conocimiento estatal y control de armas y municiones en manos de civiles, la prohibición y el entorpecimiento de la tenencia, porte o uso legal, además de atentar contra la estabilidad jurídica y el ejercicio del derecho constitucional a la propiedad y a la legítima defensa. Pero eso no hará sino estimular la delincuencia y generar nuevamente (como en los ochenta) un mercado muy atractivo para la informalidad (a la que es tan afecta la cultura peruana) en un tema muy delicado.

Mucho más haría por la seguridad ciudadana cumplir con la ley, reglamentando de una buena vez el registro de armas indocumentadas fabricadas antes del año 2000, que existen ya en el país. Lo mismo reza para mejorar los controles continuo de inventarios de armas, municiones y explosivos en las FF.AA. y PNP y disponer el marcaje de todos los casquillos en la munición que importen las fuerzas del orden.

En seguridad, priorizar medidas efectistas sobre medidas eficaces, cuesta vidas de peruanos honestos.