El Covid-19 y nuestro precario sistema de salud

Un tema que en las últimas décadas ha venido generando polémica en nuestro país es el gasto en salud por parte de los gobiernos de turno, para lograr una equidad en los servicios básicos. A pesar de ser algo especificado en nuestra Constitución (el artículo 7 indica que “Todos tienen derecho a la protección de su salud”, y en el artículo 9 dice “El Estado determina la política nacional de salud”), lamentablemente las políticas de salud de los diferentes gobiernos del país no han logrado cubrir al 100% la atención oportuna y eficiente de dichos servicios para la población en general.

Una de las principales razones de las complicaciones de nuestro sistema de salud para afrontar la crisis generada por el Covid-19 radica en las carencias que presenta. De acuerdo con el Global Health Security Index, elaborado por The Economist Intelligence Unit, en octubre de 2019 el Perú registró un puntaje de 6.3 en el pilar de capacidades de los establecimientos de salud, con lo que se ubicó en el puesto 147 a nivel mundial. Este resultado no sorprende si se considera que nuestro país apenas destina un 3.3% del PBI a la inversión en salud, cuando en promedio los países desarrollados dedican un 10.1%, y que la ejecución de dicho presupuesto ha sido baja. Según fue publicado en el Semanario 1041 de fecha 4 de septiembre del año en curso por Comex Perú en su página web www.comexperu.org.pe.

En la citada publicación, de acuerdo con el Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios en el Sector Salud, elaborado por el Ministerio de Salud (Minsa) a comienzos del presente año, el 77.8% (6,785 de 8,723) de los establecimientos de salud del primer nivel de atención, que atienden a la mayor cantidad de pacientes a nivel nacional, operaban con una capacidad instalada inadecuada. Es decir, presentaban una infraestructura precaria y equipamiento obsoleto, inoperativo o insuficiente. Una situación que también registraron el 51% (124 de 243) de los hospitales y clínicas del país. Desafortunadamente, a pesar de permitirse su funcionamiento, el Minsa estima que todavía se requieren un total de 281 establecimientos de salud de primer nivel y 66 hospitales nuevos para cubrir las necesidades habituales de la población.

Asimismo, se indica que estos problemas se agudizarían en departamentos como Madre de Dios, donde además de registrarse un 91% de establecimientos de salud de primer nivel con capacidad instalada inadecuada y un 50% en sus hospitales y clínicas, también se presentó, en los últimos años, uno de los menores presupuestos asignados para la inversión en el sector salud, con apenas S/ 8 millones en 2019. Si bien el estado de sus hospitales y clínicas podría parecer alentador, cabe resaltar que solo dispone de dos, la menor cifra a nivel nacional, solo igualada por Tacna; pero al menos este último departamento no presenta el problema de calidad, y el presupuesto que se destina a la inversión en el sector salud equivale a casi 19 veces al de su contraparte, con S/ 151 millones. Lo anterior evidencia la limitación de presupuesto y alerta sobre las complicaciones para corregir este problema.

No es extraño que la pandemia del Covid-19 haya golpeado sin piedad ni misericordia a nuestro país, colocándolo en el sexto lugar a nivel mundial en el número de contagiados y el primero a nivel de fallecimientos por millón de habitantes a nivel mundial. Pero no es momento de echarnos a llorar o a quejarnos de nuestra triste situación, sino de plantear soluciones. Si queremos salvaguardar y proteger la salud de nuestra población, conforme lo indica nuestra Carta Magna, alcanzando una cobertura más amplia, lo más recomendable es una reforma integral de este importante sector. Una reforma liderada por el Estado, con la participación del sector privado, de los profesionales y técnicos de la salud, y aportes de la ciudadanía en general a fin de plantear los lineamientos de esta reforma.

En consecuencia, además de mejorar la eficiencia del gasto dentro de la gestión de la salud pública, pensar que solo con inversiones en infraestructura de centros de salud con proyectos público privados, o con la necesaria mejora de los salarios de los trabajadores públicos del sector, vamos a lograr la equidad en los servicios básicos de salud de la población me parece un concepto muy limitado y errado. Lo que se requiere es una reforma estructural, que debe ser fruto de un estudio consensuado.