El consumidor y la campaña electoral

Cerca de 3,000 candidatos están en disputa para llegar a ocupar 130 curules en el Congreso de la República, para ejercerlas durante 18 meses, a partir de febrero próximo. Algo que podría llamarse “esto es guerra”, la que se practica hasta en términos fratricidas con colegas de la misma agrupación política. Siendo el voto, en nuestros predios, la expresión un acto emotivo en lugar de racional, el quid para los candidatos es encontrar el elemento que impresione al elector. Hasta el momento solo hemos visto y oído a “todólogos”, que responden a los entrevistadores sobre todos los temas con generalidades que inclusive están plagadas de inexactitudes. 

Los temas más utilizados son aquellos que afectan la vida cotidiana del ciudadano: tasas de interés bancarias, pensiones para jubilados, atenciones en servicios de salud públicos, calidad de servicio en las comunicaciones –telefonía, Internet y TV por cable–, servicios de saneamiento –agua y desagüe–, precios de los combustibles y tarifas de electricidad. Cada uno de estos rubros, tienen una complejidad técnica, con variables como tamaño de mercado, competencia, regulación estatal, precios de los commodities, inflación, tipo de cambio y del costo del endeudamiento de los operadores. 

En este panorama, es importante que los candidatos se informen de varias fuentes para evitar sesgos sobre lo que desean opinar. El tema que ya está en boca de varios aspirantes a congresistas es la tarifa de electricidad, siendo el lema: “los pequeños consumidores deben tener precios iguales que las grandes empresas”. 

Escudriñemos la desinformada afirmación. Empecemos tomando conocimiento de la cuantía del consumo de una mediana empresa y la de un consumidor domiciliario. La primera demanda del proveedor de energía una cantidad que es 66 veces la de un domicilio. Para una empresa de pequeña envergadura, el valor es de 25,000 veces; y respecto a la más grande, 125,000 veces. Como en toda lógica comercial, a menor consumo mayor precio. 

Además del consumo hay una variable adicional. Desde el mediano consumidor hasta el más grande requieren invertir para habilitar infraestructura especial para su atención, cuyo costo va desde US$ 100,000 hasta decenas de millones de dólares. Esto les da una preferencia adicional en el precio. En el caso domiciliario, las inversiones para atenderlos las hace el distribuidor de la zona –en Lima, Luz del Sur y Enel Distribución–, trasladándoselas al usuario. Si hacemos una comparación entre el precio unitario que paga una mediana empresa respecto a un domicilio, se tendrá que esta última paga 67% más que aquella. Las razones son las explicadas. 

Hay varias promesas para bajar el precio de la electricidad, que responden a los argumentos de una de las partes, de una guerra entre empresas generadoras (productoras) de electricidad que ya tiene tres años de antigüedad. Esos planteamientos originarían una disminución en los precios a los domicilios del orden de S/ 0.80 por cada factura de S/ 100, luego de hacer equilibrismo con las reglas regulatorias. 

Ya que la preocupación es disminuir precios les propongo usar la ley –DL 25844– que acaba de cumplir 27 años de vigencia y que dice que, en la medida que se abarate el costo del crédito para las empresas (porque el riesgo país habría descendido), se puede disminuir en 2%, una variable usada en el cálculo (tasa de actualización). Con esta decisión se conseguiría disminuir el costo en S/ 4.70 soles por cada S/ 100 soles en lugar de los S/ 0.80 propuestos. Lo único que habría que hacer es exigir al Ministerio de Energía y Minas que cumpla con la ley.