El cabe del Tribunal Constitucional

Mientras la opinión pública y el periodismo nacional mantienen todo su interés en el Mundial de Rusia 2018, los ex presidentes de la República Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Alan García Pérez están jugando su propio campeonato en las esferas judiciales, para descalificar a jueces y fiscales que les resultan incómodos en la investigación del escandaloso proceso Lava Jato. Bajo el argumento de ser “víctimas de atropello” por parte de los jueces y fiscales que buscan establecer cómo y a qué manos llegaron las millonarias coimas de Odebrecht y sus consorciadas, han presentado una serie de recusaciones y habeas corpus para traerse abajo todo el proceso anticorrupción.

Lamentablemente la herramienta de impunidad para sus maniobras ha sido ofrecida en bandeja de plata por el Tribunal Constitucional, al desconocer la prisión preventiva de Ollanta Humala y Nadine Heredia, y ordenar su libertad inmediata. Hoy, con ese precedente —que pone en peligro la seguridad jurídica del país— los defensores de Alejandro Toledo han presentado un habeas corpus ante dicho tribunal, como parte de un arsenal de otras demandas judiciales.

Sobre este punto cabe mencionar que el Tribunal Constitucional —presidido por Ernesto Blume Fortini— pudo hacerle el favor a Ollanta Humala y esposa, acogiendo simplemente el habeas corpus y sin necesidad de cambiar los fundamentos de la prisión preventiva, tal como ha ocurrido. Sin embargo, con este antecedente muchos Jueces —negligentes, miedosos o corruptos— podrán decretar la libertad de bandas criminales, narcotraficantes, lavadores de dinero, así como de los políticos que están involucrados en el caso Lava Jato. El precedente es gravísimo, porque se han violado varios preceptos constitucionales.

Con esas armas es que Heriberto Benítez —uno de los abogados de Alejandro Toledo— presentó el 20 de junio pasado un recurso de agravio constitucional ante el máximo tribunal, con el fin de buscar un fallo idéntico al que dejó en libertad a Ollanta Humala y Nadine Heredia. No conforme con eso, anunció que solicitará la anulación de la prisión preventiva y la orden de captura internacional, así como el pedido de extradición que pesa sobre su defendido, quien se encuentra prófugo en los Estados Unidos, esperando que su situación mejore.

“El Tribunal Constitucional está en la obligación de cumplir con nuestras exigencias, porque ya existe un precedente con la excarcelación de los Humala”, afirmó en una entrevista, muy suelto de huesos, Heriberto Benítez. Irónicamente, este abogado estuvo implicado en el caso de corrupción de la famosa “Centralita de Chimbote”, que funcionaba bajo la dirección del ex presidente regional de Áncash César Álvarez, hoy recluido en Piedras Gordas.

Benítez adelantó que ya existen cuatro procesos constitucionales en trámite, tres habeas corpus y un recurso de inconstitucionalidad, “si los jueces no cumplen con la ley”. El Poder Judicial no tiene la obligación de acatar necesariamente los mandatos del Tribunal Constitucional, pero existe una “puerta abierta” para que malos jueces, amparándose en las resoluciones del Tribunal comiencen a liberar a todos los que sigan el camino abierto en beneficio de los Humala - Heredia.

En este tema, el Dr. Marcos Ibazeta, ex presidente de la Corte Superior de Lima, sostiene que el Tribunal Constitucional es el único responsable de todo este desaguisado, por no haber medido el efecto de sus decisiones. “Ahora sus miembros serán los únicos responsables de lo que han firmado”.

Sobre este tribunal —que debería ser el supremo intérprete de la Constitución— se suman varias sombras. Como la de acusar de delito de “lesa humanidad” en el 2013” a once marinos que ya habían sido sentenciados por el Poder Judicial en 1986, por el caso de El Frontón, con lo que violó la cosa juzgada. También cambió el voto del magistrado Juan Vega Gotelli, lo que hizo que el Congreso iniciara un proceso de Acusación Constitucional —contra cuatro de los magistrados implicados— que quedó sin efecto por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que protegió a dichos magistrados.

Ante ello, habrá que seguir con mucha atención el destino de los recursos presentados por los ex presidentes Ollanta Humala, Alan García Pérez y Alejandro Toledo contra los fiscales Nelson Vela y Germán Suárez Atoche, y el juez Richard Concepción Carhuancho, para descalificarlos. Con estos recursos quieren traerse abajo el caso Lava Jato, y con él los esfuerzos de lucha contra la corrupción emprendido por el Estado.