El avance de un nuevo totalitarismo

Extremismos de la “ideología de género” en Canadá

Mientras en el Perú la discusión sobre la “identidad de género”, en el plano legal o legislativo, todavía gira en torno al uso o no de esa terminología por parte del Estado —como fue el caso reciente del currículo escolar—, en otros países, como Canadá, la batalla ideológica se encuentra en estadios mucho más avanzados.

La Cámara de los Comunes, que es el órgano bajo del parlamento canadiense, acaba de aprobar el llamado “Bill C-16”, una modificación a la Ley que añade a la lista de actos punibles de discriminación una serie de causales referidos a “identidad de género y expresión”, con lo que pretende extender la protección contra la propaganda de odio. A lo que se debe prestar atención aquí es al término “expresión”. Trataremos de explicarlo de manera sencilla.

El problema con esta modificación a la ley, es que se pretende ya no solamente prevenir y castigar la discriminación que se pueda dar en el llamado “discurso de odio” o la “propaganda de odio”, sino que considera punible la resistencia al uso de una terminología específica. Es lo que en inglés se llama “compelled speech”, que se podría traducir como “discurso obligado” o “modo de hablar obligatorio”.

En países como Noruega o Canadá, entre los más avanzados en cuestiones de género, ya se han creado vocablos específicos para designar, por ejemplo, a las personas transexuales que no necesariamente se identifiquen con los pronombres tradicionales “él” o “ella”. Precisamente esta modificación a la ley, que ahora está siendo analizada por el Senado canadiense, considera como un acto de discriminación punible hasta con cárcel la resistencia a llamar a una persona transexual por el pronombre de su preferencia. Es decir, ahora no se trata solamente de vetar de manera drástica la utilización de cierta terminología por considerarla discriminatoria, sino también de obligar a las personas a utilizar un lenguaje específico.

Lo que esgrimen como motivación los proponentes de esta modificación a la ley puede parecer justo; es decir, favorecer un clima de respeto mutuo en la sociedad. Y ciertamente el Estado debe castigar con mayor severidad la violencia motivada por algún tipo de discriminación, sea cual sea. Pero ahora se pretende obligar a las personas a pensar de un modo determinado y a utilizar un lenguaje preciso, lo que es una clara violación de la libertad de expresión, además de un rasgo típico del pensamiento de corte totalitario.

El 18 de mayo pasado se sostuvo en el Senado canadiense una audiencia con Jordan P. Peterson, profesor de Psicología Clínica de la Universidad de Toronto, uno de los principales opositores a esta ley, quien se presentó como testigo del caso, asistido por un abogado. En dicha audiencia, el senador Donald Neil Plett cuestionó a Peterson por su noción de “respeto” y por su negativa a “respetar” el deseo de sus estudiantes a ser llamados con pronombres de género neutro. Peterson respondió lo siguiente:

El respeto es algo que se gana como consecuencia de interacciones recíprocas que tienen que ver, por ejemplo, con la reputación, que es a su vez una consecuencia de interacciones repetidas. Por lo tanto, afirmar que dirigirse a una persona por el pronombre de su preferencia es una indicación de respeto básico, es un argumento completamente espúreo, sobre todo si consideramos que no existe evidencia alguna de que dirigir el uso del lenguaje hacia este tipo de normas obligatorias va a tener algún efecto beneficioso. Se presume que si la intención es buena, el resultado tiene que ser bueno, lo que no resiste al mínimo análisis científico.

Conocer estos hechos sirve para entender hasta qué punto se quiere avanzar en esta agenda en el campo político. Y revela que tipo de evolución están siguiendo estos temas que, en nuestro país, todavía están comenzando.

José Tola