El ataque subversivo soslayado

La liberación de Betssy Chávez, de la prisión preventiva, ha propiciado una nueva oportunidad para que surjan cuestionamientos acerca de la razón de las imputaciones que pesan sobre ella como cómplice en los actos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública, en agravio del Estado y la sociedad, cometidos por Pedro Castillo en su último día en el cargo de presidente de la República el 7 de diciembre del 2022; un conjunto de actos que precedió a su inmediata destitución por el Congreso. Es más, también ha abierto una ventana de oportunidad para poner en cuestión la juridicidad del juicio penal a Castillo, aduciendo con falsía que es político y no satisface estándares internacionales.

La verdad de los hechos debidamente sustentados es que el entonces presidente emitió un mensaje público en uso de su investidura, en el que informaba su decisión de disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, así como informaba de la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes. A lo que sumó un toque de queda a nivel nacional. Fue un acto propio con la pretensión de ruptura del orden constitucional.

Se ha establecido en vía de investigación fiscal que, al terminar su mensaje, Castillo dio a la policía las órdenes de detener a la entonces fiscal de la nación y de cerrar el recinto del Legislativo impidiendo que salgan los parlamentarios ahí presentes o su ingreso a esa instalación.

Se ha establecido también que las órdenes fueron cursadas a la Policía Nacional por el ministro del Interior Willy Huerta, quien las transmitió al general Manuel Lozada, entonces jefe de la región policial Lima, y éste dispuso ejecutarlas al comandante Jesús Venero, jefe operativo de la Unidad de Servicios Especiales con el control directo de la sede del Legislativo, actuando en ese sentido el teniente Eder Infanzón. Todos ellos conformando la cadena de mando del golpismo.

Ocurrió sin embargo que en el lapso de sólo 90 minutos, en pronunciamiento conjunto las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional desconocieron las decisiones de Castillo por ser contrarias al orden constitucional establecido y 16 minutos después Castillo era arrestado por efectivos policiales cuando se dirigía a la embajada de México para refugiarse. En ese momento lo acompañaba Aníbal Torres, quien fungía como asesor de la presidente del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, tardíamente renunciante. En ese momento el país parecía espectar una comedia del absurdo en la que el trunco aspirante a dictador huía afligido y devastado en la más notoria orfandad de apoyo a su aventura.

A la breve cronología del que es el más breve golpe de estado en la historia republicana del Perú sucedió que la vicepresidente Dina Boluarte asumiera ante el Congreso el cargo presidencial ya declarado vacante.

Pero se ha fabricado una memoria artificiosa e interesada de los hechos, presentando una ausencia de correspondencia entre la rebelión intentada y la oleada de violencia desatada desde el día siguiente en muchas regiones del país durante casi tres meses, como si la una no tuviera relación directa con la otra. Se ha erigido la narrativa de que la violencia ha sido un episodio independiente de «protesta popular» espontánea, masiva y concurrente contra el nuevo gobierno y contra la representación parlamentaria. No hay tal. Esa versión es una falsedad rotunda.

Hay muchísimos y sólidos indicios de que, en realidad, esa violencia era la deseada y buscada por los autores de la pantomima golpista, en la que Castillo actuó el papel de cordero sacrificial; y que tales autores promovieron, azuzaron y concertaron lo que debiera haber culminado con la destrucción del orden institucional del Estado mediante una vasta maniobra subversiva que se puede demostrar en su propósito y consistencia, partiendo del simple hecho constatado de que en las llamadas protestas sociales no se enarbolaba alguna demanda propiamente social sino únicamente la plataforma política de «renuncia de la presidente Boluarte, cierre del Congreso, elecciones inmediatas y asamblea constituyente», que era exactamente la misma que proclamaban el Movadef y los demás organismos generados del PCP-Sendero Luminoso aliados a otras fuerzas de extrema izquierda, actuantes en la extendida asonada.

Lo que hubo en el Perú desde el 8 de diciembre del 2022 y por meses fue un ataque subversivo con un saldo material que hoy en día pretende ser ocultado: 96 sedes de instituciones públicas en ocho regiones sufrieron destrucción y daños graves causados por la violencia, incluyendo las del Ministerio Público, del Poder Judicial, de gobiernos regionales y de agencias estatales; hubo nada menos que 18 intentos de toma y vandalización de aeropuertos con el propósito de aislar regiones enteras del país, también con el bloqueo de vías carreteras y vías férreas; 43 locales de la PNP destruidos o seriamente afectados por incendios provocados; más de un centenar de edificios e instalaciones privadas gravemente dañados, incluyendo locales de bancos, cajas de ahorros y establecimientos comerciales; y habríamos de contar más de un centenar de vehículos destruidos. Se instaló un estado de zozobra y temor en las poblaciones, de parálisis de las actividades económicas y de gestión pública por causa de coerción y de amenazas activas, y la fractura de la accesibilidad entre regiones del territorio nacional para desmembrar la gobernabilidad.

La violencia subversiva se enmascaró en turbas azuzadas por enjambres de sujetos que atacaron a miembros de las fuerzas del orden, quienes debieron repeler la agresión empleando sus armas; y fue notorio que esta actuación se produjo sin apresto previo y con improvisación, de lo que resultó 59 fallecidos en el marco de los disturbios, según lo reportado por la Defensoría del Pueblo, y más de 700 detenidos por participar en actos de violencia. Cifras que han sido resaltadas malintencionadamente como si fuesen las de víctimas de una represión estatal indiscriminada, y que hoy mismo se quiere mostrar criminalizando la actuación de esas fuerzas del orden, con el simple expediente de convertir actos aislados en expresiones de una cadena de mando.

Pero el ataque subversivo fracasó, aun cuando se intentara reactivarlo en varias oportunidades el año 2023, incluso movilizando grupos de una a otra región del país en incursiones presentadas como «toma de Lima» y mediante acciones de coerción con etiquetas de paros regionales.

Lo que las narrativas victimistas alentadas por extremismos de izquierdas involucradas en la violencia han conseguido es significativo: han logrado disociar la pantomima golpista del 7 de diciembre del 2022, del ataque subversivo consecuente, como si fuesen dos eventos de naturaleza distinta y no, como en realidad lo han sido, manifestaciones sucesivas del mismo proyecto subversivo. Ese en el que se han conjugado las capacidades del Sendero Luminoso redivivo ahora con fachadas de frentes de defensa, asambleas populares, el Movadef y entidades supuestamente gremiales como la Fenatep, que habían conseguido con el gobierno de Pedro Castillo un espacio de acción y la oportunidad de mostrarnos que la amenaza subversiva lanzada 42 años antes no ha fenecido, tiene la capacidad de abandonar su estado de latencia y pasar a la actividad.

Esa memoria interesada que se presenta de manera recurrente con su narrativa falaz de que hubo una «represión criminal de las protestas populares» bajo dirección política encubre que el ataque subversivo que el gobierno de la presidente Dina Boluarte soportó durante sus meses iniciales estaba fraguado con antelación; que venía siendo ambientado y preparado en las así llamadas sesiones descentralizadas del consejo de ministros durante el gobierno de Pedro Castillo, verdaderas manifestaciones políticas del resentimiento social con público controlado y que nunca tuvieron el carácter resolutivo que corresponde; de las que ni siquiera existió acta; y donde, como se recordará, el inefable Aníbal Torres clamó que iban a «correr ríos de sangre» si se destituía a Castillo. Una expresión que él mismo reconoció ante la Comisión de Defensa del Congreso en febrero de 2023, y que fue un anuncio de la barbarie que quiso desatar.

El tiempo pasa y el manto de olvido que trae consigo cayendo sobre hechos del pasado, incluso del pasado reciente, conspira para soslayar o eludir las que son, para algunos, enojosas revelaciones. Una de esas es que la violencia subversiva destructiva y letal de finales del año 2022 e inicios del 2023 fue en verdad detonada por la farsa matrera de Castillo ese 7 de diciembre. 

Tremenda ingenuidad sería creer que su mensaje de rebelión contra el orden constitucional fue una de sus torpezas acostumbradas; que tal vez, iluso, haya contado con que las Fuerzas Armadas lo iban a respaldar por modorra institucional como hicieron con Vizcarra pocos años antes; o que fue tan tonto como para suponer que a su discurso le seguiría una espontánea marea de apoyo popular concurriendo en marcha contra el Congreso y generando de improviso el «momento constituyente» anhelado por él y por las izquierdas de todo pelaje. Lo cierto es que Castillo sacrificó su libertad en aras de su verdadero proyecto, que era el de destruir el país para servir a la subversión comunista que, obviamente, debería liberarlo. Esa primera intención suya se materializó y felizmente fracasó, como viene sucediendo con la segunda. Un resultado que, con honestidad, debemos agradecer al buen desempeño sofocando la asonada subversiva, del presidente del consejo de Ministros, Alberto Otárola, y del ministro del Interior, Vicente Romero, del gobierno de la presidente Boluarte.