El alto costo de formalizar la informalidad

Es lamentable comprobar que en nuestro país la informalidad es casi una "institución" que desborda a casi cualquier forma de implementación de orden público. Parece sencillo exigir a las autoridades "acciones" radicales, pero somos —en muchos casos— los ciudadanos los que hemos desarrollado una coraza a veces culposa y a veces indiferente frente a esta realidad. Si bien son muchos los ángulos desde los que puede verse y ser analizado este problema, quiero hacer solo unos comentarios.

La informalidad es un atentado contra toda la sociedad y termina convirtiéndose en una forma cruel e inmoral de tratar a los ciudadanos. Aquellos que sufren las consecuencias laborales de la informalidad, son ciudadanos de segunda, sin beneficios sociales, sin acceso a servicios de salud, a seguridad laboral, a un salario justo y al haber que la "ley señala". Y lo peor es que esa coraza que he referido, nos impide entender que es indispensable que los ciudadanos, en lo personal y en lo colectivo, tomemos conciencia de ello, porque la acción del Estado ha devenido absolutamente en deficiente.

No dudo que puedan existir normas y leyes que "obligan" a conductas ajenas a la informalidad. Pero, más que la existencia de muchas y excelentes leyes, se trata de crear conciencia de los niveles de injusticia, individual y colectiva, que significa la informalidad.

En nuestro medio sons realmente dramáticos los altos índices de subempleo que genera la contratación y la relación informal. Ello se explica, en algunos casos, por la inacción del Estado en la promoción de la industria, por el exceso de carga tributaria a los "formales", por la ceguera ante emporios informales que escamotean impuestos, y por la ausencia dramática de puestos de trabajo formales. Pero una vez más, es indispensable que a nivel colectivo y personal asumamos algo de nuestra responsabilidad.

Agrede al país tanto el informal como quien propicia es informalidad, el que crea inseguridad y formas de desborde social, el que busca la informalidad y el que la implementa. Nos ha conmovido y escandalizado la desgracia ocurrida en el terminal informal de Fiori; pero existen, del mismo modo, médicos que ejercen sin mínimos conocimiento de esa práctica, colegios clandestinos, empresas que cobran y contratan sin poder dar servicios adecuados y cadenas de proveedores para ambulantes. Y no podemos dejar de mencionar la imparable acción de la minería ilegal, que depreda la riqueza natural y el futuro de nuestro planeta.

No cabe duda de que la responsabilidad principal es del Estado. Pero lamentablemente estamos viviendo una etapa de desconcierto en todo sentido, pues el Gobierno no se percata de que está a dos años de concluir su período, que se trata de un reemplazo y no del inicio del periodo. El desconcierto se incrementa ante lo que se percibe como inacción, desatención, desorientación, carencia de prioridades, desborde social, falsas esperanzas y excesivas expectativas para sectores de la población que, sumergidos es el alto costo de la informalidad, creen, por necesidad, el discurso incoherente que se repite.

El caso de la tragedia en Fiori debería ser la punta de lanza para una acción, por cierto ya demorada y tardía, para ordenar y poner en práctica la formalidad, educando en sus beneficios. No se trata de rasgarnos las vestiduras, se trata de actuar y exigir que se actúe con coherencia. Han sido 17 los fallecidos y, en esa estructura informal, se pretende "aplicar la norma formal", que lleva la carga legal a los menos responsables y libera de responsabilidad a los reales autores de esta tragedia.