El agotamiento de la jurisdicción nacional y sus excepciones

El reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH) establece que, agotados los recursos de la jurisdicción interna y los principios reconocidos por el derecho internacional, se podrán conocer las causas en las que se hayan vulnerado los derechos protegidos por la Convención Americana de 1969 (artículo 31). Una regla que incluye varias excepciones que comentamos a continuación:

1. La ausencia de una legislación adecuada: se presenta cuando el derecho interno carece de disposiciones que garanticen la protección judicial de los derechos humanos y su debido proceso. Este no es el caso del Estado peruano, que reconoce sendos procesos de garantía para la protección de los derechos fundamentales, la supremacía constitucional, la jerarquía normativa y los conflictos competenciales.
2. La imposibilidad de recurrir ante la judicatura: surge cuando a la persona afectada en sus derechos se le impide el derecho a la defensa e iniciar la tutela judicial efectiva. Como sabemos, el Derecho Procesal constitucional peruano permite la interposición de garantías contra las normas y resoluciones emitidas en procesos irregulares, que la jurisdicción constitucional debe resolver en sentencias de primer y segundo grado, para luego la posibilidad de presentar un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional contra las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y cumplimiento.
3. El periculum in mora: se refiere al peligro en la mora, es decir, un retardo judicial cierto y evidente que excede el plazo razonable para resolver una causa, con el riesgo de volverse irreparable para los derechos humanos. El problema de la elevada carga procesal es común en la práctica judicial nacional y supranacional. En ese sentido, es posible que la Comisión IDH exima de exonerar el agotamiento de la jurisdicción nacional en casos donde la demora de la resolución en un caso penal, y el tiempo desproporcionado de detención, no hayan sido resueltos en un plazo razonable, corriendo el riesgo de volverse irreparables dadas las condiciones particulares de salud del detenido. Sin embargo, consideramos que la excepción del periculum in mora no sería aplicable cuando la protección y garantía al derecho humano a la vida, por ejemplo, haya devenido lamentablemente en irreparable.
4. A falta de evidencia del agotamiento de los recursos internos: la excepción se configura cuando el ciudadano afectado no puede comprobar el agotamiento de los recursos en la jurisdicción nacional. En estos casos, el reglamento dispone que al Estado le corresponde declarar su debida culminación, salvo que esta etapa pueda deducirse desde el contenido del expediente; tengamos presente que la Constitución de 1993 establece que “[a]gotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constitutivos según tratados o convenios de los que el Perú es parte” (artículo 205). El agotamiento de la jurisdicción nacional en materia de derechos humanos es, precisamente, la resolución expedida por el Tribunal Constitucional para garantizar su pleno ejercicio ante cualquier acto arbitrario.