El 7 de julio de 1932 y la pertinencia de un libro

Hace 88 años se produjo en el norte del Perú la conmoción social más compleja que había vivido el país hasta entonces. Y que recibió, en desmedida respuesta, la acción represora del Gobierno, encabezado entonces por el comandante Luis M. Sánchez Cerro, quien había irrumpido contra Leguía en agosto de 1930, poniendo fin a una etapa de dictadura civil, que la historia ha bautizado como el “oncenio”.

Es ese universo de despertar social y de asociación a una ideología política, enarbolada por Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Apra, lo que llevará a un compromiso de acción revolucionaria; no contra el sistema ni el Gobierno, sino frontalmente contra la explotación y el abuso. Siendo para ese momento, una agrupación política bastante joven, el Apra había logrado calar en el alma y la esperanza del pueblo.

Lo ocurrido en la llamada “revolución de Trujillo” puede ser visto como el inicio real del despertar de la clase trabajadora que si bien había recibido el eco de la respuesta formal del Gobierno durante el período de Guillermo Billinghurst (apodado “pan grande”), no había podido contra una constante situación de abuso y desgobierno. Los años treinta fueron sumamente difíciles para el país, y de muchas maneras. Se vivían los rezagos de la llamada época de la “República aristocrática” y las secuelas de los once años de gobierno de Leguía, en los que de manera sistemática se había quebrado el orden constitucional, generando formas que justificaran su permanencia en el poder, llegando a extremos de represión, deportación y carcelería para los opositores. Un momento en el que, con un desmedido complejo mesiánico, asoma la pequeña figura de Sánchez Cerro, apoyado por sectores que no lo respetaban, por su origen humilde, y que pensaron que siendo él la cara visible de la insurrección, podrían luego ellos asumir el mando. Craso error de cálculo, pues el comandante Sanchez Cerro hizo aflorar un autoritarismo que no se pudo prever y que lo acompañó durante los 16 meses que estuvo en el poder.

Ante los actos de protesta y despertar del pueblo norteño, que influyeron también en diversos lugares del territorio nacional, la represión que Sánchez Cerro ordenó fue tan brutal y desmedida que los acontecimientos han sido denominados como “de barbarie”. Por primera vez las Fuerzas Armadas bombardearon una ciudad, ensañándose con Trujillo y su población. Y sin mediar investigación ni presunción de delito, ejecutaron a no menos de 5,000 peruanos. Una reacción desmedida y psicopática que hacía ver la desesperación de quien carecía de “muñeca” para manejar una crisis severa. Tanto así, que casi exigió la participación de los Estados Unidos y reclamó airadamente que aviones de la entonces compañía de aviación Panagra, coadyuvaran a sus fines de contención.

Vale recordar que para la fecha de estos acontecimientos –profundamente luctuosos, delictivos y desmesurados–, ya Sánchez Cerro se había convertido en presidente constitucional. Y lamentablemente no ha sido esa la única oportunidad en que, en nuestro país, se ha interpretado o tergiversado la Carta Magna para lograr formas de supuesta “legalidad” política. El año anterior, 1931, se habían producido varios hechos, un proceso electoral que, luego de algunos años, pudo comprobarse que tuvo registros fraudulentos y en el que participaron, entre otros, Haya de la Torre y el propio Sánchez Cerro. Un multitudinario mitin en la Plaza de Acho, realizado el 23 de agosto, dio cuenta de un discurso pronunciado por Haya de la Torre, consagrando el denominado “Programa mínimo del Partido Aprista”, en un momento en el que las cartas estaban echadas y el fraude maquinado.

Más allá de las ansias de poder en juego, en Acho Haya de la Torre expresaba claramente las ideas respecto a los derechos de los trabajadores y la necesidad de impedir excesos como los que se habían vivido en el ”Oncenio”. Y que luego Sánchez Cerro incrementaría con la llamada Ley de Emergencia. Aquel discurso puso el dedo en la llaga de muchos intereses. Y es así como el comandante-candidato creyó encarnar los anhelos de grupos de poder, que podrían temer la puesta en práctica de una nueva ideología popular, creyendo erróneamente que recibiría ese apoyo absoluto e incondicional, en tanto limitara o evitara el crecimiento y presencia de una propuesta de inclusión de todos los sectores en la acción política nacional.

Es ese universo de hechos convulsos y recuerdos documentados que encontramos analizados por Germán Luna Segura, en una nueva y revisada edición de su libro titulado Combatientes sin tiempo. Insurgencia y barbarie. Perú 1931-1935, que no dudo que podría calificarse como una visión de parte, en tanto son sus propias raíces apristas desde las que aborda el análisis de los hechos. Pero al mismo tiempo, la historia nos demuestra que la insurgencia es una acción que, sin justificarse por la violencia misma, puede ser entendida desde la perspectiva de situaciones extremas a las que, por lo general, son los gobiernos los que arrastran a los ciudadanos hacia ellas. 

Es indispensable conocer esos hechos para entender el devenir de nuestra propia historia, para comprender los años posteriores y para saber que, sin querer que la historia se repita, el pueblo no puede ser marginado ni desoído; y mucho menos, puede ser merecedor de actos de violencia dirigida y autorizada por quien tiene el mando. El ejercicio del poder obliga siempre a actuar con inteligencia y astucia, pero con justicia; con firmeza, pero con equidad. Y se requiere de nobleza y honestidad para ser capaz de conducir, aun en tiempos de mar brava, a un pueblo que entonces, como en nuestros días y, quizá ahora como nunca, busca una luz de esperanza que ilumine el futuro y que alumbre mejores tiempos.