¿Derechos fundamentales, servicios públicos o bienes económicos?

Agua, luz, gas, Internet: algunos los consideran servicios públicos. Otros lo consideran un derecho fundamental que debería estar consagrado en la constitución de forma “gratuita”. Ninguna de las dos concepciones antes descritas plasman la realidad: el suministro regular de agua, luz, gas, internet e incluso salud y educación son bienes económicos. Cuando el estado los provee y monopoliza comienza el caos, la ineficiencia y el desorden. Como sucedió recientemente en la ciudad de Arequipa.

El pasado lunes 5 de febrero Sedapar, la empresa pública encargada del suministro de agua a la ciudad y región Arequipa anunció en un comunicado que debido a la turbidez de las aguas se tuvo que cerrar las compuertas de salida de los diques hacia las plantas de tratamiento de aguas. Esto ocasionó que no hubiese flujo suficiente para seguir potabilizando el agua necesaria para el millón y medio de personas que viven en Arequipa. Egasa, empresa pública responsable de los diques y reservorios, se veía impotente ante tal colapso, incapaz de tener algún plan de contingencia.

Ante el corte repentino del recurso básico la situación se tornó algo desesperada. Sedapar no contaba con suficientes camiones cisterna para proveer de aguas a los distritos arequipeños. El agua embotellada desapareció de los estantes de los supermercados y tiendas. La gente inundó los medios locales con llamados y mensajes de ayuda, quejas y cólera contra Sedapar. Muchas críticas también se dirigieron contra las autoridades locales, ya que los municipios también eran incapaces de apoyar con el suministro de agua potable. 

El agua, tan básica para cuestiones de alimentación, aseo personal y limpieza del hogar escaseaba en todos los distritos. Ciudadanos de todo origen y condición hicieron fila en las plazas y puntos neurálgicos para recolectar algo de agua, pero en muchos casos los camiones de agua nunca llegaron. La completa inconformidad con el servicio de agua revivió las voces que exigen la privatización de Sedapar. Esas mismas voces que, irónicamente, protestaron en 2001 en contra de la privatización de Egasa (otra empresa pública que, de hecho, es la principal responsable del corte de agua masivo de la semana pasada).

La ciudadanía debe darse cuenta que nada es gratis. De hecho, todos los hogares arequipeños pagan su recibo mes a mes para recibir un servicio mediocre, tanto en agua como en luz. Justo haciendo alusión a esto, un interesantísimo paper académico de Jordan McGillis nos revela que las empresas públicas o privadas que gracias al estado disponen de un monopolio absoluto en la provisión de servicios básicos no tienen incentivos para ofrecer un servicio de calidad.

El revelador caso al que McGillis hace alusión es a la crisis energética que sufrió California en 2019 por culpa de una empresa que monopolizaba el servicio de luz en el norte del estado. La susodicha empresa, Pacific Gas & Electric (PG&E), contaba con la venia del gobernador demócrata californiano para monopolizar el servicio de luz en California. Cómo diría el economista Robert P. Murphy: Cuando una empresa se equivoca tan horriblemente, defraudando literalmente a millones de sus usuarios y prometiendo seguir haciéndolo durante otra década más, la pregunta obvia es: ¿Por qué no cierran el negocio? ¿Por qué un competidor no se apodera de su cuota de mercado?

Volviendo a nuestro país, la cuestión es: ¿Cuáles son los impedimentos para privatizar empresas defectuosas y deficitarias como Sedapar o Sedapal y además abrir los mercados para permitir competencia? La respuesta es sencilla: Los privilegios de la casta política y su estatismo parasitario que no desean soltar, pues se les acabaría el negocio. Del lado de los trabajadores, la privatización les sería beneficiosa, más y mejores puestos, aumento del rendimiento y de la competitividad.

¿Quién se niega rotundamente a este cambio, que, a todas luces, es beneficioso? Pues el sindicato único de trabajadores, una institución arcaica que vela únicamente por los intereses de las cabezas sindicalistas, más no por los trabajadores, servidores, administrativos u obreros. En el aspecto legal la situación legal no mejora, pues Sedapar gasta miles de soles en numerosos procesos judiciales de diversa índole, los cuales por lo general termina perdiendo. En el campo de infraestructura e ingeniería la situación es dos tercios de lo mismo. 

La ausencia en el debate público del término “bien económico” en lugar de usar términos tan elegantes y utópicos como “derechos fundamentales gratuitos” son responsables de que la gente no se informe bien respecto de la privatización de dichos bienes. En nuestro país son mayoritariamente empresas públicas las que proveen de agua y luz a los hogares peruanos, estas empresas son notablemente ineficientes. Sin ir muy lejos, la semana pasada Arequipa se encontró casi cinco días sin servicio de agua en todos sus distritos.

La empresa Sedapar es la que tiene el monopolio estatal de la provisión del servicio de agua en la región Arequipa y al ser pública presenta numerosos errores y constantes crisis que han hecho que la población empiece a exclamar por su pronta privatización. Dicha privatización no solamente implica otorgarle a un privado la administración de la empresa (el error más común al privatizar), sino también permitir que a largo plazo existan otras empresas que ofrezcan el mismo servicio, fomentando la competencia y tarifas mucho más razonables. El tema es extenso y se podría hablar páginas enteras, pero dejo abierto el debate y aparto las conclusiones al buen criterio del lector.