Denuncias tontas

Los judiciables y los abogados, nos quejamos cotidianamente y con razón de la demora del Sistema de Justicia, para las investigaciones de tipo penal y para los procesamientos jurisdiccionales, sean de orden penal, civil, comercial, laboral o de cualquier otra naturaleza. En buen romance los juicios demoran una eternidad.

En respuesta, tanto fiscales como jueces aducen como motivación para la larga duración de la función de administrar justicia, el muy nutrido despacho judicial; esto es, que la cantidad de investigaciones y procesos es tan numerosa, que no les da el tiempo para estar al día en sus labores. Esto es una verdad a medias, pues bajo el pretexto de que hay que motivar sus resoluciones, se lanza cada rollo de espanto, páginas de páginas que bien podrían resumirse en unas cuantas. Lo que puedes expresar en cincuenta páginas, bien lo puedes condensar en cinco.

Pero lo expresado no es la única causa de las demoras a que nos referimos, dado de que también se presentan denuncias y demandas intonsas, sin sentido alguno, así como también maliciosas por si a los administradores de justicia se les pasa o no se dan cuenta de las tonterías que reciben. Igualmente, con tozudez, para no emplear calificativo de pronunciación similar que pudiere herir susceptibilidades, se presentan denuncias sin sentido alguno para ganar reflectores y cámaras televisivas, así como de repente alguna primera plana de algún diario escandaloso.

Como ejemplo de lo antes señalado tenemos la denuncia del 26 de junio de 2024, que dio mérito a la carpeta del caso 506015505-2024-423-0 en que un fulano que no merece el trato de ciudadano denunció al ex presidente Alberto Fujimori y a los ochenta congresistas constituyentes que formaron parte del Congreso Constituyente (CCD) que aprobó la Carta Magna de 1993.

El denunciante manifestó que, en la Constitución aludida, se privilegió al Ministerio Público para que en lugar de la Policía Nacional, haga las investigaciones preliminares, aunque olvidó que tal atribución es compartida puesto que la Ley de Leyes también otorga la atribución investigadora a la Policía (artículo 166). También dijo que el interés de los congresistas para haber dado la facultad investigadora a los fiscales, era que como se necesitará tener más fiscales, podrían nombrar a sus allegados y recomendados. ¡Alucinante!

La denuncia contra los parlamentarios constituyentes y el expresidente Fujimori, fue por abuso de autoridad, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo y cuanto a la enfermiza mente del denunciante se le ocurrió.

La Fiscalía, con toda razón desestimó de plano la denuncia y la mandó al archivo, expresando que “se advierte una exposición de hechos sin consistencia fáctica de carácter objetivo y coherente, advirtiéndose incongruencias entre las mismas que desarrolla la denuncia penal… así como expresiones que tienen en consideración el mero descontento subjetivo y personal del denunciante…”.

Pero como cereza en torta el denunciante se olvida que la Constitución fue aprobada y promulgada en diciembre de 1993, luego del referéndum de octubre de dicho año en que participaron 11,620,820 ciudadanos, de los cuales 3,895,763 votaron por él “si”, que confirmó la aprobación congresal y, habiendo pasado más de 30 años y, el plazo de prescripción que venció en 1995, llegó tarde el denunciante en aproximadamente un cuarto de siglo.

No solamente eso, varios de los parlamentarios denunciados ya habían fallecido como Henry Pease, Jorge Donayre Lozano, Enrique Chirinos Soto, Manuel Moreyra Loredo, Roger Amuruz, Gonzalo Ortiz de Zevallos, Luis Enrique Tord, Carlos Torres y Torres Lara, Luis Bedoya De Vivanco, entre muchos otros, lo que acredita la irresponsabilidad del denunciante y de su abogado. Otro caso de Ripley y digno de estudio en las facultades de Derecho, a fin de que los alumnos aprendan lo que no se debe hacer.

Para evitar que se atiborre el despacho fiscal y judicial, con tonterías como la comentada, sería pertinente estudiar mecanismos de sanción pecuniaria para ese tipo de malos denunciantes y de los abogados que los apoyan. Una tarea para la Comisión de Justicia del Congreso de la República.