Cuarenta años después: Alan García y los Mirage-2000 (II)

 

¡Cuánta falta nos hicieron los 14 restantes M-2000! Tuvimos la urgente necesidad de adquirir aeronaves en pleno conflicto, con las dificultades que ello demandaba: la oportunidad de la compra, los elevados costos, las negociaciones larguísimas, las estrategias del adversario para frustrar las adquisiciones y otros problemas adicionales. Sólo bastaba que García recurriera a su conocida afición por la historia para comprender lo que decimos. ¿Por qué no lo hizo? 

La historia

1864, temporada de baños. El Perú desarmado en el mar, se vio humillado por la captura de las islas Chincha por fuerzas navales españolas. Poder combatiente relativo a favor de la corona española. El presidente Pezet envía comisiones a Europa, a trompicones, para adquirir unidades y material de guerra. A última hora. No hay planeamiento. 

1879, temporada de baños. Invasión de Antofagasta casi inmediata declaratoria de guerra de Chile contra el Perú. Poder combatiente relativo a favor del país del sur. El presidente Prado envía comisiones a EE.UU. y Europa, a trompicones, para adquirir unidades y material de guerra. A última hora. No hay planeamiento. 

1995, verano. Tropas ecuatorianas invaden territorio peruano. Poder combatiente relativo en el aire a favor del país del norte. El presidente Fujimori envía comisiones a Europa, a trompicones, para adquirir unidades y material de guerra. A última hora. No hay planeamiento. 

¿Qué elemento común hubo entre 1864, 1879 y 1995 respecto a este tema?: La improvisación, el modus operandi de nuestra defensa nacional. 

En los años ochenta el Gobierno peruano buscaba dar una impresión de austeridad, para hacer posible la inversión de ingentes cantidades de dinero en gasto social. En síntesis, el Perú sería un ejemplo de “pacifismo”. Todos los que tenemos cierta memoria sabemos muy bien que ese discurso fue un intento fallido. Y una de sus consecuencias fue la reducción del poder aéreo nacional. Reducción que no consideró la opinión de la FAP, lo cual se agravaba por el hecho de que vivíamos una época de tensiones con el vecino del norte.

La Marina de Guerra del Perú también se vio afectada aquellos años por los intereses subalternos. Se ordenó paralizar la modernización del crucero BAP Almirante Grau y se canceló el proyecto de modernización del crucero portahelicópteros B.A.P Aguirre. Todas estas acciones atentaron contra la seguridad nacional, que es responsabilidad en primer orden del gobernante. 

Veamos. Desde mi punto de vista la principal obligación del gobernante es garantizar la soberanía nacional en su calidad de Jefe Supremo de las FF.AA. y Policiales tal como indicaba el artículo 273 de la Constitución Política de 1979, vigente en esa época. Adicionalmente debía presidir el Sistema de Defensa Nacional, así como velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República y adoptar las medidas necesarias para la defensa de la República, la integridad del territorio y la soberanía en caso de agresión (artículos 211. Inciso 4 y 18, CPP. 1979).

En nuestro país desafortunadamente a estos temas no suele dárseles importancia. Y ahora que se está proyectando adquirir indispensables cazas de combate lo comprobamos. En efecto, hoy volvemos a escuchar argumentos demagógicos e infantiles esgrimidos por autoridades políticas que se oponen a la recuperación de capacidades militares, situación inaceptable como bien ha señalado con firmeza en un reciente artículo publicado en el diario Expreso, el contralmirante y presidente de la ONG-CEGESEN (Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional), Edward López Cazorla. No me cabe duda de que así el Gobierno que hoy dirige los destinos de nuestro país cometiera el error de hacer caso a esa grita confundida, tampoco tendríamos los colegios y hospitales que, según los que se oponen, se obtendrían al dejar sin efecto tal adquisición. 

Como ha señalado Francisco Tudela, ex primer vicepresidente y canciller de la República en una entrevista brindada a Víctor Andrés Ponce director del portal El Montonero quien hizo la siguiente reflexión con clara visión de estadista:

“¡En el caso de la guerra del CENEPA, la hiperinflación de los años ochenta, la irresponsabilidad del gobierno, el haber eliminado la compra de los 24 Mirage que el presidente Fernando había adquirido y haberla sustituido por 12 Mirage que no estaban artillados ni tenían capacidad de bombas fue fatal para nosotros porque permitió que se desarrollase la guerra del CEPE en 1995, que de haber tenido operativos artillados y con plena capacidad los 12 Mirage, pues no hubiera ocurrido (……)! Y entonces el Perú ha sido improvidente a lo largo de su historia con alguna que otra excepción. 

Con Colombia hemos tenido muchas tensiones antes de 1934 y escaramuzas y conflictos en el año 1909, en fin, en el año 1922, en el año 1932, en fin, eso es un tema que se ha arrastrado mucho tiempo. Nadie tiene la paz asegurada. Quienes dicen, "No, ya vivimos en la época de la globalización y de los negocios, simplemente no han leído suficiente historia. Hay que leer la historia para saber que uno tiene una fuerza armada, la mejor fuerza armada que el país puede pagarse como quien tiene un seguro de salud o como quien tiene un seguro para su automóvil. No es que uno quiera enfermarse, no es que uno quiera eh chocar su automóvil y tener una colisión con otro automóvil, es que uno es providente en caso de que eso suceda, yo tengo el seguro. Pues bien, en una sociedad internacional que es anárquica, que no significa caótica, sino que no hay un gobierno mundial, no hay un ejecutivo mundial, no hay un ejército mundial, no hay un judicial mundial, porque uno va a la corte de la voluntariamente, uno se vale por sí mismo y tiene que tomar todas las precauciones, porque cuando ocurren situaciones graves internacionales. La verdad es que cada uno baila con su pañuelo y si no ha tomado las precauciones necesarias, entonces es una víctima de su improvidencia. Entonces el Perú tiene que reflexionar sobre el debate reciente que hemos tenido sobre los aviones de combate, el cual había quienes decían que no necesitábamos casas, que eso era una época superada en la historia del Perú. absurdo. La historia humana de los últimos 5,000 años y la peruana desde la independencia está nutrida de conflictos. Nosotros hemos tenido varios conflictos armados a lo largo de nuestra historia republicana”.

La afectación a la defensa nacional es responsabilidad de casi todos los gobiernos peruanos de las últimas décadas. Es más, algunos ministros de Defensa han llegado a descartar públicamente cualquier situación que ponga en riesgo la seguridad nacional más allá de nuestras fronteras. Que lo señale cualquier ministro en un país carente de cultura de defensa, vaya y pase, pero que lo afirme un ministro de defensa de motu proprio… en fin.

En ese periodo se trabajó –quien escribe estas líneas servía en el Comando Conjunto de las FF.AA. por esa época a órdenes directas de su jefatura– el concepto de Núcleo Básico Eficaz (NBE), que debía tener las demandas más urgentes para lograr una “disuasión creíble”. Esta era la primera vez en mucho tiempo que desde la conducción política de la defensa nacional se planteaba un concepto para recuperar capacidades en función a lo cual los estados mayores de las instituciones armadas presentaron requerimientos para afrontar amenazas con mínima capacidad de respuesta. 

Los problemas se presentaron por la falta de confianza del estamento político del sector en los profesionales de las armas, de la modalidad de financiamiento que implicaba endeudamiento sobre el propio presupuesto de defensa –que no fue incrementado– a futuro, pero sobre todo por la inexistente voluntad del gobierno de afrontar el asunto, quedando en evidencia, en mi opinión, que el concepto no traspasó la segunda cuadra de la avenida Arequipa en la dirección a la casa de Pizarro. Aunque el NBE no era el ideal, al menos se proveía una luz al final del túnel. Del lobo un pelo. Desafortunadamente el NBE de eficaz tuvo muy poco, y por lo tanto el poder militar de la República continuó deteriorándose y cayendo en la obsolescencia técnica. Esa fue la decisión política que prevaleció y fue tomada en Palacio de Gobierno. 

Viene a cuento también recordar el pretendido cierre por unos años de las escuelas militares de formación, sin ninguna justificación válida, expuesto ante el pleno del Congreso por la ministra de Economía y Finanzas de entonces, durante la sustentación del presupuesto de la República, lo que evidentemente debió tener el aval presidencial. 

Nuestros últimos gobernantes no han creído en la utilidad del poder militar y eso deberíamos tenerlo bien claro quiénes hemos dedicado nuestras vidas a la profesión de las armas. Además permitieron que se incrementase la ruin influencia del Instituto de Defensa Legal (IDL) en el Ministerio de Defensa. No me lo han contado, lo he visto y he tenido la oportunidad de confrontar, como bien recordarán algunos de sus ex miembros, siendo yo un joven capitán de corbeta, en uno de los eventos “académicos” como el ostentoso coloquio internacional “Conocer la guerra, construir la seguridad. Aproximación desde la sociedad civil”, organizado por esa ONG y el Mindef (2007), que también fue materia de un libro del mismo título, y que formó parte de una serie titulada Democracia y Fuerza Armada. Los miembros del IDL hablando de la defensa nacional, salmos en bocas de apóstatas.

En los últimos 25 años nuestros gobernantes han cedido a la presión de la izquierda cosmopolita foránea no solamente en temas de defensa nacional, sino también en asuntos vinculados al modelo económico. De ahí los LUM, los Mincul, los Minjus, las tergiversaciones de los tiempos de la lucha contra el terrorismo en los textos escolares, las nulas legislaciones en favor de quienes lucharon contra el terror. No ha habido ni un solo indulto a militares injustamente sentenciados, como el fallecido general de división Julio Salazar M.

La crucial lección que nos brinda la historia a través del episodio del enfrentamiento con Ecuador, la que debe ser asimilada principal e ineludiblemente por quienes ejercen y ejercerán a futuro la presidencia de la República, es que la defensa nacional no se puede dejar al azar, al pacifismo infértil y menos aún cuando se tienen los recursos económicos más que suficientes para atenderla como sucede en el país desde hace al menos 20 años. El el gobernante, como jefe Supremo de las FF.AA., que no tome las medidas respectivas deberá ser muy severamente sancionado, pues ocasiona desequilibrios estratégicos a sabienda que pueden dar pie a situaciones que afecten sensiblemente la seguridad nacional, como en 1995. 

Todo indica que la presidente Dina Boluarte, al menos en este campo tan trascendental de la gestión pública, ha comprendido la lección, y por ello su gobierno ha tomado la decisión de renovar las capacidades que fortalecerán el poder militar del Perú con el objetivo de alcanzar el equilibrio estratégico en esta parte del continente. 

Que así sea.