Cuando pisoteas tu propio modelo

La angurria de poder es un deseo vehemente e insaciable que puede llevar a deshacer los actos que tú mismo realizaste en el pasado. Es lo que estaría ocurriendo en el Perú de estos tiempos, cuando una fuerza política o una coalición de actores pueden terminar por ser los victimarios de aquel modelo que pregonan defender.      

Y es que, por diversos caminos y circunstancias, en nuestro país estamos transitando hacia una crisis de régimen político, aquel que precisamente fue diseñado por la Constitución de 1993. ¡Que extraño! Pero son los mismos que dicen defender el actual modelo, político y económico de nuestra Carta Magna quienes hacen todo para pisotearlo, creando las condiciones para que en algún momento sea casi inevitable ingresar a una mayor crisis, provocando una alta disfunción en el funcionamiento de las instituciones o un momento constituyente, en una Asamblea Constituyente, tal como acaba de pasar en Chile y como tantas veces ha ocurrido en nuestra historia republicana.     

Nunca en la historia del Perú se habían dado tantas leyes abiertamente inconstitucionales que atentan contra el modelo económico y político. El Tribunal Constitucional ya ha declarado la inconstitucionalidad de tres de ellas y hay otras seis en camino. Si se aplicaran varias de ellas afectarían gravemente a la caja fiscal; otras promueven un estado burocrático, lleno de empleados (como en los tiempos de Alan García) y otras atentan contra el propósito de generar una meritocracia, la que se supone debe ser funcional una economía de libre mercado.

Ya en el pasado, en diversas representaciones, desde que se promulgó la Carta Magna de 1993, varias bancadas han perforado el sistema tributario, situación que hace que en el Perú existan más de 200 exoneraciones tributarias, una característica única en el mundo, como uno de los estados mercantilistas más acendrados del planeta. Los representantes del fujimorismo, quienes se llenan la boca alegando defender el modelo económico de la actual Constitución, siempre han sido los primeros promotores de estas leyes regresivas. Gritan contra quienes promueven una Asamblea Constituyente pero, por otro lado, han legislado durante los últimos decenios y meses a contracorriente de los postulados liberales de la Constitución. 

El reiterado intento de diversos sectores del Congreso, con el respaldo del fujimorismo, de aprobar modificaciones al Código de Procedimientos Constitucionales (CPC) o frente a la figura de Cuestión de Confianza, como atribución del presidente de la república, afectando los parámetros que estableció la Carta Magna de 1993, es otra incoherencia del fujimorismo. La ignorancia de los parlamentarios al aprobar un supuesto nuevo CPC ha llegado al extremo de poner en riesgo principios como el debido proceso, al establecer la aplicación inmediata de una sentencia constitucional en primera instancia, la misma que sería “inimpugnable”, contra el principio de pluralidad de instancias. Una verdadera aberración jurídica.

De esta manera se afecta al principio de la autonomía de los órganos constitucionales, en vista de que los jueces estarían obligados a admitir cualquier demanda de hábeas corpus, acción de amparo o hábeas data. Y en el colmo se pretende obligar al Tribunal Constitucional, para que tramite cualquier recurso de agravio constitucional. Del mismo modo, el fiscal de la Nación estaría ahora limitado en sus funciones, pues para interponer una demanda tendría que tener el acuerdo previo de la Junta de Fiscales, con lo cual se vulnera la autonomía constitucional de esta autoridad. Todo ello, con el propósito de neutralizar las investigaciones por casos de corrupción. 

Ahora mismo, a propósito de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, los representantes del fujimorismo, en alianza con otros sectores, han sido los primeros en deslegitimar el procedimiento de elección que establece la Carta Magna de 1993, provocando más bien un enfrentamiento entre poderes, con la abierta oposición de la Defensoría del Pueblo y la opinión pública. Cada vez se hace más evidente que ese procedimiento, que le da todo el poder al Congreso para elegir de un modo discrecional a los magistrados, es nefasto y con olor a repartija.

Con el paso del tiempo, tarde o temprano, se tendrá que proceder a un cambio constitucional de ese procedimiento, para optar por uno similar a la manera en que se eligen los miembros de la Junta Nacional de Justicia; es decir, bajo un sistema concursal, propio de un enfoque meritocrático, tal como ya lo ha propuesto el ex presidente del TC, Oscar Urviola. Aquí, otra vez, los representantes del fujimorismo terminan por deformar y desprestigiar el procedimiento, que ellos mismos aprobaron en 1993. Con una mano hicieron una cosa y con la otra la deshacen o la estropean. Y en la otra orilla, otros dirán “ya ven, por eso se requiere una nueva constitución”. 

El caso más extremo de este comportamiento esquizofrénico del fujimorismo, de otros sectores políticos y de buena parte de las elites jurídicas en el Perú, es una situación que los pone en las propias orillas de la ilegalidad del modelo que dicen defender. Cuando se escucha a Alfredo Barnechea arengar a que el actual Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas desacate el veredicto final del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), quizás querrá decir, “para mis amigos, nuestras Fuerzas Armadas tutelares, incluso por fuera de la ley; para mis enemigos, la Constitución”. Con el complaciente silencio de las elites políticas limeñas y el decano del periodismo nacional.

Nunca en el país, desde que se promulgó la Carta Magna de 1993, había existido tal asedio a la RENIEC, La ONPE y el JNE, entes del sistema electoral, que años después del referéndum que ratificó aquella carta magna recibió una dura crítica en manos de los enemigos del fujimorismo, por defender ese sistema. Pero ahora, son los fujimoristas y sus aliados los más ácidos críticos de los representantes de ese sistema electoral, solo porque no favorecen a sus pretensiones. 

Todo indica que en las próximas semanas o meses se puede configurar una crisis del régimen político del Perú. Sintomáticamente, parece que no será por obra de fuerzas extremistas de izquierda o por que se haga realidad el fantasma del comunismo, sino por obra y gracia de las élites que, por un lado, vociferan defender la Carta Magna de 1993; pero por otro, la pisotean, desde diversos ángulos y escenarios.