¿Cuál es la racionalidad de otorgar concesiones a Cálidda en regiones?

Con entusiasmo desbordante y propaganda incluida, los capitostes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ProInversión anunciaron que se priorizará la entrega de concesiones en siete regiones a la colombiana Cálidda, que se efectuará bajo el facilismo de una adenda. De por medio está la promesa de una inversión de US$ 400 millones, supuestamente sin participación del Estado, con lo cual habilitarían servicio de gas natural (GN) a 150,000 hogares. 

Vale la pena escudriñar la promesa inversora. Empecemos por el costo unitario por hogar habilitado, que ascendería a US$ 2,667. Esta cifra no incluye los pagos de derechos de conexión, acometida e instalaciones de interiores, que suman US$ 568 por hogar, que corresponde pagar al consumidor y que son financiados por el FISE (Fondo de Inclusión Social Energética), que al final nos cuesta a todos sea vía factura eléctrica, consumo de gas natural o adquisición de balones de GLP. 

Con el 28% de lo que tomarían del FISE para habilitar un hogar con GN, se podría hacerlo con GLP, incluyendo suministro sin costo de cocina y balón, y otorgar un bono de 20 soles para la adquisición de un balón de 10 Kg cada mes. El beneficio-costo de la inversión se inclina por el GLP. 

Siguiendo con la evaluación, si Cálidda dice que puede tender redes en las regiones sin costo para el Estado, se entendería que en las concesiones que tiene su socio Promigas (opera con la marca Quavii) en el norte del país (Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash) pueden hacer lo propio sin pedirle un céntimo al FISE, cosa que no ha venido ocurriendo porque todas las habilitaciones que han superado su compromiso de inversión, las han hecho con recursos del FISE. 

Otro tema para discutir es saber qué porcentaje de los hogares a habilitar con GN se hará en zonas rurales, donde según el INEI, aún no han llegado en 20 años de operación en Lima. 

Las estadísticas oficiales indican que, en zonas rurales, cocinan con carbón y leña, el 53% de hogares en la costa, 73% en la selva y 86% en la sierra. Si de priorizar recursos se trata, estas zonas son las indicadas, y la inversión eficiente señala que el GLP es el energético indicado para erradicar la pobreza energética. Se haría rápidamente y no sería necesario el despliegue de redes.

Hay más aún, y es la limitante de las reservas de GN que, según versión del Libro de Reservas de Hidrocarburos del 2023, habrá gas para 20 años, en el lote 88 y 11 años en el lote 57. Esto sin contar la demanda de las termoeléctricas de Mollendo e Ilo, que se pretende abastecer con el prometido Gasoducto Costero. Con toda la demanda adicional señalada las reservas del lote 88 no se llegaría a los 16 años de producción garantizada, y la inversión del Estado vía FISE sería a fondo perdido, con tuberías enterradas.. 

La concentración colombiana de distribución de GN argumentará que las reservas de los líquidos de GN, de donde se toma el GLP, se agotarán en 11 años, lo que es verdad, pero no alterará en lo absoluto la racionalidad económica porque los precios en el mercado local se forman por paridad de importación, y el suministro una vez agotadas las reservas se harán importando GLP.

Finalmente, el MEF deberá tener en cuenta el proceso arbitral que nos ha planteado Cálidda en el CIADI, y que ya ha costado al fisco la suma de 6.6 MMUS$ en contratar a un estudio de abogados por el patrocinio en Washington. Aún no se conoce la pretensión económica, por no haberse conformado el tribunal arbitral.

En conclusión, por donde se le mire la ampliación de concesión a siete regiones vía adenda no tiene racionalidad.