Corrupción y quiebre democrático

Después de los acontecimientos de los últimos días, cabe reflexionar sobre la eventual interrupción del proceso de alternancia en el poder y de la sucesión en función al escrupuloso resultado de las elecciones generales. Cierto es que, una vez que han dejado el poder –salvo el caso de Pedro Pablo Kuczynski–, se han descubierto gravísimos actos de corrupción que comprometen al menos a cuatro de los cinco presidentes que hemos tenido en este milenio.

Lo sucedido evidencia que hubo un sector de la ciudadanía que se dejó digitar bajo las banderas de la anticorrupción, y que en la actualidad guarda un clamoroso silencio. ¿Dónde están los indignados? ¿Dónde están las manos limpias? Se mantienen ocultas y ni siquiera hacen uso de las redes sociales para “lavar” de tantas afrentas al pabellón nacional. Al parecer todo fue un tinglado. Echar barro al otro para que la ciudadanía voltee su mirada y no vea las propias trapacerías.

Enfrentamos un dilema: dejar que el mandato culmine sin contratiempos en julio próximo y convalidar los hechos que se sucedan y que llaman cada vez más a sospecha; o hacer uso de las prerrogativas constitucionales para acabar con la agonía.

Argumentar que resulta inadecuada cualquier alternancia en momentos de pandemia es propiciar el quiebre del orden constitucional. Bolivia ha tenido recientemente elecciones y ganó el candidato que no era del agrado de la actual mandataria; sin embargo, ha respetado ese resultado. En los Estados Unidos se hará lo propio, y próximamente en otros países. Lo que demuestra que en el país más poderoso del mundo, así como uno en condiciones de subdesarrollo, se puede llevar a cabo un proceso electoral que respete la voluntad ciudadana. Nos guste o no.

En cambio, acá tenemos un gobernante que convoca a votar por la juventud, claro que no menciona un nombre en particular; pero basta ver la baraja electoral para descubrir a quién se refiere. Por otro lado, tiene a un general que reitera que las Fuerzas Armadas respaldan el orden constitucional; empero, no aceptarían una decisión discrepante del Congreso de la República elegido por la ciudadanía. Nos guste o no, la democracia implica la delegación del poder a los representantes elegidos, y es así como conformamos un Poder Legislativo con 130 parlamentarios.

La decisión que tome el Congreso debe ser respetada por quienes se jactan de ser instituciones tutelares de la nación. Parece conveniente recordarles que las armas que portan son compradas gracias a los impuestos que paga la ciudadanía con la finalidad de que garanticen el orden, el respeto a la constitución y las leyes y la seguridad ciudadana.

Sea cual fuere la evolución de los acontecimientos, lo cierto es que hay que ponerle coto a la corrupción, la ineficiencia y el oportunismo de quienes prefieren seguir beneficiándose, mientras los demás peruanos se encuentran atravesando el fuego del infierno.