La desigualdad que mata: El acceso a la salud en Perú

La pandemia de covid solo dejó secuelas médicas y económicas; también nos obligó a mirar de frente una cruda realidad: la fragilidad de nuestro sistema de salud y la desigualdad que define el acceso a servicios básicos. Y es que, aunque la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas señalan con claridad que el acceso a la salud es un derecho humano universal –reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Artículo 25) y reforzado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 3)–, en la práctica, para millones de peruanos este derecho sigue siendo una quimera.

Cuando uno revisa las cifras, la distancia es escandalosa. En los países miembros de la OCDE, el gasto per cápita en salud superó los US$ 4,500 anuales en promedio para 2024, mientras que en países en desarrollo esta inversión apenas ronda los US$ 400. Perú, con aproximadamente US$ 500 per cápita, se encuentra más cerca de sus pares de África y América Central que de las economías a las que aspiramos parecernos.

Esta brecha se traduce directamente en vidas. La esperanza de vida al nacer en Perú es de 77 años, mientras que en la OCDE el promedio es de 81. La mortalidad infantil en nuestro país es de 10.8 muertes por cada mil nacidos vivos, frente a las 4 muertes de la OCDE. La cantidad de médicos también habla por sí sola: en Perú hay solo 1.5 médicos por cada mil habitantes, en comparación con los 3.7 de los países OCDE. 

Pero no es solo un problema de números. En teoría, el 100% de la población peruana cuenta con algún tipo de cobertura: desde el Seguro Integral de Salud (SIS), Essalud, EPS, hasta seguros privados. Sin embargo, estar inscrito en un sistema de salud no garantiza que uno pueda recibir atención oportuna, de calidad y a un costo accesible. Según cifras oficiales, en el SIS y Essalud una cita médica puede tardar entre uno y tres meses en promedio y una cirugía programada puede demorar más de 6 meses. 

La salud no es un privilegio, es un derecho. Las cifras que reflejan nuestra precariedad no solo deberían indignarnos, deberían empujarnos a exigir un verdadero pacto nacional por un sistema que permita el acceso oportuno.

Ahora que la inversión privada en Perú comienza a destrabarse, es crucial que se sigan impulsando las alianzas público-privadas en el sector salud. Modelos como las “batas blancas y azules”, implementados con éxito en diversos hospitales, deben ser replicados a nivel nacional para optimizar los servicios de salud y garantizar que la población reciba atención de calidad.

Ejemplos exitosos de estos modelos de gestión mixta incluyen los complejos hospitalarios Alberto Barton y Guillermo Kaeli y en desarrollo, los hospitales de Chimbote y Piura, donde la colaboración entre el sector público y privado está contribuyendo a mejorar significativamente la infraestructura y la calidad de la atención.

Sin embargo, es esencial que el sector público y privado, al colaborar, también pongan énfasis en el control de calidad, para mitigar riesgos críticos como el ocurrido con el lote de suero de Medifarma, que pone en evidencia la importancia de contar con sistemas de monitoreo adecuados y rigurosos para garantizar que los servicios de salud sean seguros y eficaces.

La replicación de estos modelos a mayor escala, con fuertes y eficientes procesos de supervisión de los servicios, en distintas regiones del país, es una oportunidad clave para superar las desigualdades en el acceso a la salud y elevar la calidad de vida de los peruanos. 

Ahora, más que nunca, es necesario apostar por estos modelos innovadores y garantizar que todas las personas, independientemente de su condición económica o ubicación geográfica, tengan acceso a un sistema de salud digno, eficiente y, sobre todo, seguro.