CORRUPCIÓN SISTÉMICA Y CONSTITUCIONALISMO GARANTISTA

Caen funcionarios menores, pero los “peces gordos” siguen libres

Frente a la vorágine de corrupción de estos días —a propósito del caso Lava Jato y Odebrecht, que recuerdan tantos otros casos en nuestra época republicana— cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿hubo momentos en la historia en los que, en democracia, el Poder Judicial, el Ministerio Público y el propio Tribunal Constitucional tomaron acciones ejemplares para revertir la corrupción sistémica del Estado peruano? La respuesta es afirmativa. Sí, pero cuando los magistrados tuvieron todo en sus manos no tomaron decisiones valientes y ejemplares, en gran medida porque se refugiaron en la tradición garantista de nuestra constitución y en la práctica de la judicatura a favor de la impunidad.

Como paradigma de la filosofía jurídica y de la teoría del derecho, la tradición garantista de nuestra constitución y de la acción penal es concebida como fundamento del más débil frente a la sospecha del poder despótico. Pero esa tradición, en un Estado con corrupción sistémica, ha entrado en crisis, ya que es utilizada sutilmente para proteger a los verdaderos autores del delito, aquellos que en realidad se encontraban en la cúspide del poder y que eran, y son, los que realmente dan las órdenes, casi siempre no escritas y sin rastro alguno.

Citemos como ejemplos dos casos en que el Poder Judicial, el Ministerio Público y el mismo Tribunal Constitucional pudieron tener una conducta ejemplar. El primer caso, ocurrió a inicios de la década de los noventa, cuando la Corte Suprema del Poder Judicial absolvió a Alan García por graves acusaciones sobre el gobierno que lideró entre los años 1985 - 1990. En ese momento, las pruebas no solo eran contundentes, sino que la opinión pública estaba hastiada por la performance de un gobierno que había caído en numerosos casos de corrupción, tratados por comisiones investigadoras del Congreso, por el periodismo de investigación e informes internacionales. Ese caso de impunidad ha sido crucial para la institucionalización de la corrupción sistémica en el Perú, que como vemos ahora vuelve con gran auge y esplendor, luego del castigado decenio fujimorista.

El segundo caso emblemático fue el de Comunicore en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el que estuvo comprometido Luis Castañeda Lossio a raíz de pagos irregulares por un monto de S/. 35.9 millones por la compra de una deuda a la empresa Relima. Los depósitos irregulares comprometían a 47 personas de condición humilde, pero el alcalde argumentaba que “no sabía nada”. Al final el Tribunal Constitucional, basándose en formalismos garantistas, sentenció que la denuncia fiscal no era válida, terminando por aceptar un habeas corpus del alcalde de Lima.

Casos como los anteriores, en los que ha reinado la impunidad para la cúspide del poder, tienen la misma lógica que otros tantos en la historia, como los ocurridos con los contratos Grace y Dreyfus del siglo XIX; y tantos otros en la historia de nuestra república, como el caso Ecoteva, por el que Alejandro Toledo debiera estar ya en una celda. Los fiscales, jueces y magistrados del Tribunal, se reservan la acción punitiva, en regímenes democráticos, para funcionarios de menor nivel; pero siempre, bajo diversas modalidades, terminan por absolver a los verdaderos autores intelectuales del gran dolo, quienes realmente tuvieron el dominio del hecho delictivo.

Ahora mismo, ¿alguien que tenga más de dos dedos de frente puede imaginar que en el caso de las coimas de la Línea 1 del Metro —por el que han sido detenidos el ex presidente de la respectiva licitación, Edwin Luyo y el ex ministro, Jorge Cuba—, que el ex ministro Enrique Cornejo no sabía nada? ¿Incluso el propio ex presidente Alan García? Para la amplia mayoría de la población es inverosímil que no hayan estado involucrados. Sin embargo, los estudios jurídicos, los fiscales, jueces y magistrados terminarán por abogar la sanción solo de los funcionarios de menor nivel, basándose en rebuscados artificios de la teoría garantista de nuestro derecho constitucional. En el fondo es un choque frontal entre el sentido común de la gran mayoría de la gente y las formalidades democráticas que perpetúan la impunidad.

El caso Lava Jato y Odebrecht pondrá a prueba nuevamente a los magistrados y jueces. Pero todo indica que la historia se repetirá: caerán presos los funcionarios de menor nivel, pero los verdaderos autores del latrocinio (los peces gordos) quedarán impunes. Entonces la corrupción seguirá perpetuándose, y estaremos al filo de una cleptocracia.

Por: NeptalÍ Carpio