Corrupción política y principios jurídicos

 

Todos somos inocentes hasta que se nos pruebe lo contrario judicialmente. Así se señala claramente en el artículo 2 de nuestra Constitución. Es decir que —si lo llevamos al extremo— podríamos sentarnos en silencio ante una acusación y negarnos a responder cualquier pregunta. Si el fiscal no logra demostrar de manera clara e inequívoca la culpabilidad del acusado, en una corte de derecho, no habría forma de condenar al imputado.

A lo mejor, si cambiamos el artículo de la Constitución y regresamos a las lettre de cachet, emitidas por los autócratas borbones, bastaría simplemente el interés del rey —o tirano de turno— para que la persona descrita en la misiva fuera detenida y enterrada en vida en la Bastilla. Esta fue una de las razones más poderosas que tuvo la Revolución Francesa para insurgir: la arbitrariedad real. De ahí, la toma de la Bastilla sería uno de los episodios que marcaría este movimiento y señalaría una época de la humanidad. Aunque el Comité de Salud Pública, que instauraran posteriormente los revolucionarios, no mejoró la situación.

La presunción de inocencia es fundamental para el Estado de Derecho. Sin embargo, hoy parece que la declaración de algún sujeto en una nota periodística sin mayor sustento o una encuesta tendrían los méritos suficientes para dictar una sentencia con orden de ejecución. La presunción de inocencia sería casi letra muerta.

La detención de Keiko Fujimori pone sobre la mesa esta discusión. Decir que la lideresa del partido Fuerza Popular, que ganara una abrumadora mayoría en las elecciones legislativas pasadas, “no tiene oficio conocido” es una expresión delirante. A la vez, es un ataque también a todas las personas que creemos que el fortalecimiento de los partidos políticos en el país es fundamental para el desarrollo de una democracia.

Las medidas preventivas en los procesos de investigación deben ser excepcionales y tienen que guardar lógica y proporción. Lamentablemente en este caso, así como en otros recientes, estas decisiones hacen agua por donde se les mire. ¿Basta hoy la “tirada de dedo” de un colaborador eficaz, sin conocerse las pruebas que lo hicieron merecedor de tal título? ¿Quién compensará el daño si no se corrobora primero la información del colaborador?

Por otro lado, calificar a un partido político como una banda dedicada a lavar activos por recibir fondos de terceros es complicado y difícilmente resiste un mayor análisis. En el peor de los casos, estaríamos frente a una falta administrativa.

Es necesario revisar el financiamiento de los partidos políticos, pero tenemos que ser más reflexivos. Necesitamos candados para evitar el financiamiento ilegal, pero también tenemos que salvaguardar el derecho de todos los peruanos de aportar a las campañas electorales que mejor les parezcan. De lo contrario, la vida de los partidos políticos se acerca a un apresurado fin.

Este caso, además, se ve envuelto en una serie de suspicacias que alteran más el sentir de la población. Por un lado, estaríamos ante un fiscal y un juez, ganadores del premio a la lectura rápida y al entendimiento “híper” veloz. Por otro lado, muchas voces irresponsables comienzan a señalar que el Ejecutivo estaría interesado en apoyar la disolución del Congreso.

La situación empeora con las declaraciones que hizo en México el fiscal encargado de la investigación de Keiko Fujimori, José Domingo Pérez, hace unos días. La “inocentada” de “chisporrotear” que en el Perú se vivió una guerra civil en las décadas de los ochenta y noventa ha generado la indignación de miles de peruanos y ha puesto más dudas sobre las motivaciones de Pérez Gómez. ¿Qué ocurrió en el país? Un grupo de asesinos se dedicó a agredir a los peruanos, y tuvo un particular ensañamiento con los más pobres, por el solo hecho de no haber querido ser parte de su locura asesina. Estos movimientos fueron considerados en Estados Unidos y Europa entre los movimientos terroristas más sanguinarios.

Así, frente al imaginario de miles de peruanos, el caso se ve manchado por una carga ideológica. Es imperante que investigaciones que involucren a cualquier ciudadano se lleven con la mayor rigurosidad, sin sombra de dudas. Con más razón en el caso de investigaciones con aristas políticas. En la actualidad, vemos que las dudas que surgen sobre el fiscal van por dos lados: algunos argumentan una falta de conocimiento jurídico, mientras que otros señalan motivaciones ideológicas. Además, las críticas vienen de distintos caminos políticos.

En este sentido, se tornan en letra muerta los artículos de la Constitución 139 inciso 2 y particularmente el 153, en los que se señala que los jueces y fiscales no deberían tener filiación política, buscando así que la justicia sea lo más imparcial posible. Por eso, seguiré insistiendo en la necesidad de fortalecer la Academia de la Magistratura. Ser juez o fiscal es una vocación de vida, no es un campo en el que los prejuicios sociales sean sacados a relucir, poniendo en riesgo los procesos de investigación.

La corrupción política es dos veces más peligrosa y supone un gran reto. Y en el actual contexto debemos tener siempre en mente que los principios jurídicos se aplican a todos los individuos, independientemente de qué representen. Y ellos serán siempre mi preocupación. Así se trate de los señores Humala-Heredia, IDL, la señora Fujimori o quien sea. Mi ambición es construir un país de leyes que logren conformar instituciones sólidas. El país nos lo reclama.