Corrupción en Electroperú

Según el portal de Electroperú, son “una empresa Estatal de derecho privado que tiene como objetivo dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica... Los dueños de la empresa son el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado y, por la Ley 27617 del 2001, las utilidades son administradas por el Fondo Consolidado de Reservas Previsionales. Y las utilidades están destinadas a financiar las pensiones de los jubilados”. Son dueños de las Centrales Hidroeléctricas del Mantaro.

Los especialistas señalan que es una empresa con gran potencial económico, sin embargo, la corrupción de su directorio y personal de confianza parecen tener el aval de la Contraloría, el Ministerio de Energía y Minas, FONAFE y de la mayoría fujimorista del Congreso de la República. El directorio de la empresa aprobó por unanimidad, en la sesión del 27 de noviembre del 2017, la extensión de beneficios pactados por el Sindicato de Trabajadores en negociaciones colectivas y laudos arbitrales al personal de dirección y confianza de la empresa.

A los directores no les importa que este acuerdo sea ilegal y que viole el artículo 42 de la Constitución que dice: “Se reconocen los derechos de sindicación y huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios del Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”. Tampoco les importa el artículo 2 del Decreto Supremo 003-82 de la PCM que indica: “No están comprendidos, en los alcances del presente Decreto Supremo, los magistrados del Poder Judicial, los funcionarios del Estado con poder de decisión o que desempeñen cargos de confianza, así como el personal militar y el personal civil que forma parte las Fuerzas Armadas”. Más claro ni el agua.

La Ley Servir no existe para Electroperú. Los funcionarios de confianza se jactan de ser amigos del presidente y les importa un rábano que la Ley Servir señale claramente que a los funcionarios públicos no les alcanzan los pactos logrados en negociaciones colectivas por los sindicatos, como lo establece claramente la Constitución, los decretos supremos y otras normas. Por otro lado, los trabajadores de Electroperú son amenazados con despidos y sanciones administrativas, pero no se amilanan y han denunciado que los funcionarios de confianza se alardean de su cercanía con el presidente de la República y vociferan a los cuatro vientos que tienen en sus manos al contralor, a la mayoría fujimorista, al fantasmal ministro de Energía y Minas y al directorio del FONAFE. Ellos mismos son, y pueden hacer lo que les da la gana.

Ahora, los funcionarios de confianza —amigos del presidente— podrán tener gastos pagados al 100% de alimentación, atención médica familiar en una EPS privada, uniforme en invierno y verano, préstamos excepcionales, licencia por fallecimiento de algún familiar, asignación escolar, bonificación por tiempo de servicios, canasta navideña, bonificación por vacaciones y otras gollerías que ellos llaman liberalidad.

El peligro de esta “liberalidad” del directorio de Electroperú es que se pueda extender a todas las instituciones del Estado, violando la ley que le exigen cumplir a todos los peruanos y a los trabajadores. El presidente Vizcarra debe inmediatamente destituir al directorio y al personal de confianza, y denunciar penalmente a quienes han violado la ley. Si no lo hace, será cómplice de la corrupción y culpable de la violencia política en el Perú, por no estar a la altura de sus responsabilidades presidenciales.