Cesar Gutierrez
Consecuencias laborales de las decisiones de Indecopi
Caso de biodiésel pone en suspenso 48,800 puestos de trabajo
En la percepción ciudadana no está muy internalizada la importancia que tienen las decisiones de Indecopi en el empleo. La razón está en la lucha de las empresas productoras locales contra las malas prácticas en la libre competencia, muy presente en muchas de las importaciones que se hacen desde la apertura de mercado de los años noventa.
La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias (CDB), perteneciente a Indecopi, es la encargada de velar por la protección de la industria nacional. No se trata de proteccionismo irracional o anticompetitivo, sino de poner freno a las prácticas basadas en precios artificiosos, que aprovechan los subsidios que otorgan los gobiernos de diversos países a sus productos industriales.
Cuando la protección no existe o es laxa, las industrias locales caminan hacia el cierre, con el desempleo consiguiente. En el caso del biodiésel (B100), en el que hay una cadena productiva con muchas virtudes, lamentablemente peligra cuando tiene que competir con productos importados subsidiados. A ello se agregan las triangulaciones marítimas y la importación de mezclas para eludir los Derechos Antidumping (DA) y Compensatorios (DC) impuestos.
La cadena productiva peruana del B100 es competitiva a nivel internacional; amigable con el medio ambiente, por ser sumidero de gases de efecto invernadero y por la producción de combustibles con bajo índice de nocividad. Es alternativa al cultivo de la hoja de coca. Es inclusiva porque genera trabajo en áreas rurales de la selva peruana. Y es intensiva en mano de obra adecuadamente empleada. Hoy da trabajo a 48,800 personas, entre puestos directos e indirectos.
La cadena viene lidiando con la importación desde el 2009. Ha obtenido logros luego de grandes esfuerzos, como los DA y DC contra el B100 americano, en el año 2010, que en diciembre pasado han sido ampliados hasta el 2025; y los mismos derechos conseguidos en el 2016, sobre el producto importado desde Argentina.
La Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), desde diciembre del 2019, justo con la asunción de Alberto Fernández del mando de la Presidencia de la República, tomaron nuevos bríos e iniciaron un proceso para que se cancelaran las imposiciones, bajo el argumento que había habido “cambios de circunstancias”.
Es natural que los productores argentinos hagan esfuerzos por eliminar las cargas impositivas para ingresar a los mercados. El año pasado, utilizando el mismo concepto, lo intentaron en los Estados Unidos; pero en mayo el Departamento de Comercio lo desestimó. Un referente a tener en cuenta.
Preocupa que en la admisión a examen por parte de Indecopi, que data de diciembre del 2019, hayan utilizado dos argumentos que considero que están fuera de lugar: que se produjo una variación de participación empresarial de productores locales en la atención de la demanda y que las importaciones se redujesen.
No tiene ninguna importancia si la correlación de atención de la demanda por parte de los productores locales cambió. El problema de fondo es si las políticas en Argentina sobre el tema han devenido en un sinceramiento de precios de la exportación
En cuanto a la disminución de las importaciones, resulta una perogrullada. Justamente los DA y DC impuestos hicieron que la producción nacional incrementase su participación en la cobertura del consumo. A lo que se suma que también se incrementó significativamente la importación de mezcla de diésel con biodiésel.
Espero que estas señales de la actitud del Indecopi sean producto de un análisis ligero inicial. Y que la prolijidad en el tratamiento se agudice para la emisión de la resolución final que por lo explicado debería descartar el “cambio de circunstancias”.
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