Conflictos sociales en democracia

Si en guerras entre dos o más Estados y en procesos de guerra interna (subversión, terrorista o no, y contrasubversión) se emplea el diálogo para resolverlas, mediante diplomáticos, agentes de inteligencia, terceros facilitadores, sean actores estatales o no estatales nacionales o multilaterales, ¿por qué no emplear el diálogo siempre en un perfectible y no paralítico Estado de derecho y democracia?

Guerras y conflictos sangrientos se han resuelto mediante diálogo, y casi nunca el resultado ha sido justo ni equitativo, sino que uno ha ganado más que otro, pero el segundo lo ha aceptado. En casos bien conocidos la guerra resurge porque el resultado no fue la paz sino apenas un armisticio. Análogamente y salvando las distancias, esto es aplicable a los conflictos políticos, sociales, económicos internos, o una mezcla de ellos, dentro de un Estado constitucional de derecho, en democracia, por imperfecta que sea.

Esencial es reconocer la naturaleza y características de la dinámica: tensión, problema y proceso de conflicto para lo cual hay enfoques de complejidad y sus correspondientes métodos, técnicas y procesos de aplicación, que son siempre mejores que los reduccionistas o simplificadores y hasta gravemente simplones que, por ende, no pocas veces agravan el conflicto. Ya lo hemos vivido cuando un estadista conceptuó que los iniciales focos guerrilleros, que erróneamente incluían las tomas de tierras e invasiones de liderazgo trotskista en La Convención y Lares, ¡eran abigeos! 

En contextos de internacionalización, mundialización y globalización policentristas, se desclasifica como terroristas a grupos como las FARC para que el Estado, que no trata con terroristas, excepción al diálogo, porque de suyo es imposible y equivale a un suicidio de quien cree que, parafraseando a Giono, "se puede cruzar el campo de batalla con una rosa en la mano"; él dijo: "no se puede...". Y en ese diálogo, negociaciones, siempre imperfectas, pues en democracia, de una lado, y no de los dos, hay obligación de transparencia y rendición de cuentas dentro de la ley, intervienen facilitadores, mediadores y garantes diversos como en el caso colombiano: Gobierno, gobiernos de Cuba, Noruega, el Vaticano, EE.UU. y de seguro agentes amigables componedores como los que hace 20 años también se emplearon precisamente en Colombia.

Lo que no se ha hecho en nuestro país para la "solucionática" de conflictos mineros, petroleros, pesqueros y parecidos, es emplear terceros independientes calificados por experiencia y saber. Cerca de eso se han dado, y no se ve que vayan a cesar, intervenciones de la Iglesia católica, aún cuando hay agentes de pastoral que militan –no pocas veces, y es su derecho ciudadano en la "autonomía de lo temporal"– en la o las partes en conflicto, con una o más empresas y, casi sin excepción, con el Gobierno central; a veces con uno departamental que llamamos legalmente regional. 

Un punto aparte sobre el rol esencial de los "ombudsman" o Defensores y Defensorías del Pueblo, no solo la del Perú. He asistido a la creación de otras en otros países como consultor o funcionario internacional, y siempre hay expectativas que inducen a verlos y pedirles que actúen en favor de una parte, casi siempre la del débil, como campesino, obrero, poblador en situación de pobreza. Está bien, eso es lo esencial de su rol: proteger el cumplimiento de los derechos del pueblo, de todos los ciudadanos; pero dentro de la ley, no fuera de ella. Este es un riesgo. 

Muchos que adversan acciones de realización de derechos de quienes tienen menos poder en la sociedad, particulares, funcionarios con o sin uniforme, como se sigue viendo en México y América Central, acusan a esos Defensores de actuar contra el Estado y contra ley, sobre todo en casos en que su convicción, entusiasmo, sus otros roles ciudadanos, por ejemplo, miembros de grupos de interés no solo políticos, les hace dar pasos propios de asesores de parte. 

Hay sobrada evidencia que depende del enfoque y método de diagnóstico que se emplee en particular: cuanto más sociológico, asunto de neta perspectiva, y no jurídico-social-cultural, y de método comparativo, como nos enseñaban en los cursos del IIDH, del Alto Comisionado de los DDHH de la ONU y de la UNESCO, mayor el riesgo de "desbordar" y hasta enervar sus funciones por causa de su visión e interpretación de su misión. Debo decir que mi experiencia con Defensores especializados en "etnias indígenas" ha sido de lo más educativa. Y en Quellaveco el rol de Defensor del Pueblo en Moquegua, Mesa 2011-12, estimo fue de lo más fiel a su mandato y aplicación de método y procedimiento, con resultado constructivo.

En otros conflictos mayormente urbanos como los existentes con movimientos sociales como "con mis hijos no te metas", la animación principal viene aún de cristianos evangélicos, aunque al parecer habrían aumentados los de religión católica. Este es un dato esencial en la gestión de conflictos que pasan no solo por los ministerios de Cultura, Educación e Interior, sino por el Congreso, Fiscalía y Poder Judicial, así como como por el Episcopado Católico Romano y Consejos Directivos de Pastores Cristianos. Me he ocupado de este tema religioso político al comentar el libro del ex ministro del Interior del período de Ollanta y Nadine, en este portal.

No es pues el parche del diálogo, devenido mesas, actas y acuerdos literalmente por miles que no se cumplen o que resultan deficientes, como los que intervienen en estos asuntos lo saben, se da en la Amazonía, Costa y Sierra del Perú. Hay cada vez más investigaciones publicadas bien hechas por académicos profesores o graduandos de varios países y de entes privados así como de programas multilaterales. Hasta hoy he aprendido más prestando asesoramiento privado, académico, no mercantil, a personas de esos mundos y de la prensa internacional. Así como una parte tiene sus protagonistas, representantes, voceros y asesores, que algunas veces ejercen distintas personas, así también el Estado, en concreto el Ejecutivo, debería tenerlos y emplearlos. 

Ocurre lo contrario: se ha impuesto la costumbre de que el Presidente, Presidente el Consejo de Ministros, que mal se insiste en llamarle "Premier", o titulares de altas direcciones, realicen todos esos roles a la vez. Esto es lo que ha llevado a una nueva situación de complicación, porque se ha mezclado con otros roles de cada una de las autoridades, abandonando, evidencia sobra, aquellos que son de cumplimiento obligatorio, sujetos a norma administrativa y constitucional, porque el antecedente será usado más adelante con seguridad en situaciones más complejos por venir. 

En los últimos veinte años entidades del sistema de las Naciones Unidas, organismos bilaterales y multilaterales, empresarios y Órganos de los tres poderes del Estado han insistido en series estadísticas sobre conflictos sociales poniendo en relieve los causados por factores ambientales y sociales. Nadie ha cuestionado la validez teórica, metodológica ni uso de indicadores, desde informes de la Defensoría del Pueblo, fuente más citada, hasta Willaqniki publicación de la PCM, pasando por estudios y boletines de ongs internacionales, de nivel nacional y departamental. 

El total presentado ha ido in crescendo. No se ha develado con precisión causales ni responsables por muertes, daños y conducta violenta fuera de la ley. Se han tejido, impuesto o consentido historias y relatos que responde a un anti de turno dentro del rechazo al “sistema” o régimen constitucional, que lleva más de dos generaciones, constituyendo una creencia arraigada en diversos sectores de la población, especialmente jóvenes, según estudios y encuestas tampoco científicamente validadas o auditadas. 

Esta caracterización se usa también por reduccionistas estatoquístas a ultranza: los antimineros causan los conflictos. El polo opuesto reitera: causantes son los capitalistas y sus operadores antipopulares y/o corruptos fuera y dentro del Estado, no solo del Ejecutivo nacional, al servicio de las empresas o que no aseguran la presencia y actuación efectiva de tres niveles de gobierno de la república. 

Ninguna publicación sobre conflictos ha tipificado y realizado estadísticas sobre los actores políticos, partidos, movimientos y líderes como parte de factores de conflictividad. Tampoco de los agentes ilegales nacionales y extranjeros: son aludidos y quedan en la sombra: caso Majaz o Río Blanco. Solo informes no públicos del sistema de inteligencia del Estado sí toman en cuenta esos diversos factores y actores. Tampoco son bien usados porque no hay una buena capacitación para ello. Hay pocos estudios sobre la ineficiencia y corrupción que han hecho humo tanto transferencias del Gobierno Central como miles de millones de dólares por canon y regalías en la Amazonía, sierra y costa.

Mientras el gobierno central no tenga equipos permanentes trabajando y conviviendo con las poblaciones en cuyo hábitat hay o habrá proyectos de inversión de industrias extractivas, como antes hubo maestros rurales y promotores del desarrollo humano comunitario ejemplares, habrá un enorme vacío apto para cualquier agente perturbador. Se vive en la desmemoria! 

Estos equipos bien seleccionados preparados y supervisados costarían muy poco para las grandes y medianas inversiones y serían soporte primo y constante para el ejercicio del poder regulador y arbitral del Estado. Costarían menos que inefectivos medios escritos o audiovisuales hechos por y para los creyentes en un reduccionista mensaje empresarial: mensajes caros para un público cautivo!

Estas personas, varones y mujeres, preferentemente de la zona, deben tener unidad de doctrina, planeamiento, inteligencia y acción, sobre y mediante la promoción del desarrollo y seguridad humana, la palanca inversionista de industrias extractivas como la minera, la gradual conjugación de expectativas y tiempos que conlleva 20 o más años de presencia de agentes de una economía y sociedad globalizadas y de un Estado Republicano Unitario, en áreas de pobreza, desigualdad y tradición de marginación y maltrato republicanos.

Esencial es que cada parte una vez logrado un acuerdo unánime, cumplan con el programa acordado mediante la organización aprobada, caso Quellaveco, y la autoridad pública no sea reducida a incumplir su misión rectora y legal.

Cuesta arriba y contra la corriente hay que construir una perfectible y adaptable articulación entre tres niveles del Estado, empresas inversionistas y poblaciones por cuencas, a veces más de una provincia o más de dos Departamentos con gobernadores regionales: caso Las Bambas. 

Lo más difícil será la construcción de un planeamiento estratégico por regiones de planeamiento e inversión privada pública en diversos sectores eslabonados, no por departamentos, salvo quizás el altiplánico con 35% de Amazonía, PUNO, porque no hay planeamiento sin sistema, disuelto en 1992, pese a experiencias como la realizada desde Arequipa allá por 1962".

 

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* La Revista Stakeholders en su edición especial para el Perumin 2019 en Arequipa, publicó mi artículo que ahora empleo, con la venia de dicha Revista: "¿EL DIÁLOGO RESULTA EFECTIVO EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES?", indicando que el autor Presidió la Mesa de Diálogo que logró el Acuerdo para Quellaveco por decisión del Ministro de Energía y Minas según Resolución de base de la PCM. También presidió el Consejo Nacional del Ambiente hasta su conversión en Ministerio.