Combatiendo violencia contra mujer y menores

Como es de público conocimiento, en las últimas décadas se ha incrementado la percepción de casos de violencia contra la mujer y a los menores en el país. Y a raíz de estos casos, objeto de amplia cobertura en diferentes medios de prensa, los parlamentarios han tomado acciones para combatir este flagelo. Recientemente, el pleno del Congreso de la República aprobó por unanimidad el dictamen que modifica el Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, con la finalidad de ampliar la protección penal para los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.

La medida obtuvo luz verde en el parlamento con 94 votos a favor y con intervenciones de representantes de todos los grupos políticos; siguiendo una misma línea, en la que los oradores resaltaban que, pese a las diferencias políticas, estuvieran de acuerdo en este tema. Además del aumento de penas en caso de feminicidio, que puede llegar a la cadena perpetua, se aprobó también la pérdida de la patria potestad desde el inicio de una  investigación por agresión.

Asimismo, los parlamentarios hicieron hincapié en la convocatoria a un pleno extraordinario en el que se discutan proyectos a favor de la mujer, pedido hecho desde hace meses desde varias tiendas políticas. También se aprobó citar al fiscal de la Nación para que acuda ante el Legislativo a explicar la actuación del Ministerio Público frente a este tipo de casos. 

Sobre estas medidas debo señalar que me encuentro parcialmente de acuerdo, dado que a mi entender no se está combatiendo el problema de fondo ni tomando acciones para prevenir que estos deplorables hechos se produzcan. El problema no se va a solucionar solo incrementando las penas, dado que los sujetos autores de estos delitos no se van a intimidar con un incremento de penas debido a que se trata de individuos que carecen de salud mental.

El problema se combatirá eficiente y eficazmente con una adecuada política de Estado en el temas de la salud mental de la población, con el fortalecimiento de los valores en las familias del país, con el apoyo de los medios de prensa (para no exacerbar el morbo de la población con noticias sensacionalistas sobre estos delitos), y con una buena formación cívica de respeto a la mujer y a los menores. Esto último especialmente entre los escolares, en los centros educativos a nivel nacional.