Cambios imprescindibles en el sistema electoral

El diseño constitucional de nuestro sistema electoral estaba fundado sobre el supuesto de instituciones y gremios entonces moralmente respetables y previsiblemente imparciales. Con el correr de los años ambos supuestos fueron siendo socavados lenta y programáticamente por los admiradores, herederos, cuando no cómplices, del violento ataque marxista autoritario (valga la redundancia) que había desangrado cruelmente el país las dos décadas previas. Basta un estudio de la trayectoria ideológica de quienes componen hoy los organismos que eligen el JNE, la ONPE y el Reniec para constatar que hemos acabado encargando el rebaño a los lobos, haciendo estéril cualquier búsqueda de consenso democrático en tanto no se cambie la actual forma de designación de sus miembros.

Nada hace razonable esperar hoy que la composición evidentemente sesgada de los organismos a los que la Constitución encargó la elección se acerquen hoy a la imprescindible imparcialidad que deben tener los organismos electorales. Si queremos recuperar el rumbo de progreso, seguridad y libertad en democracia, es imprescindible redefinir la conformación de presidentes y miembros del sistema electoral peruano. Huelga decir que los actuales JNE, ONPE y Reniec no son de fiar.

Otro de los problemas que hace falta abordar es la ausencia de continuidad programática en los partidos políticos, la inexistencia de responsabilidad pecuniaria solidaria por los delitos de sus miembros una vez elegidos o designados en cargo público y su deliberada atomización, unidos a una supuesta democratización interna. Todas las reformas legislativas han empeorado lo descrito, por lo que hace falta remontarlas, lo mismo que la prohibición de reelección de congresistas y alcaldes. No se puede tener un político experimentado si no se le otorga tiempo para ganar esa experiencia y evolucionar. La reelección o no reelección es un derecho exclusivo del ciudadano, que premia o castiga con su voto y jamás debió arrebatársele. 

El desmadre castillista, que opacó la imaginación de García Marquez, hace imposible ya refutar con los viejos argumentos demagógicos del socialismo, la necesaria mejora cualitativa de los elegibles. La idoneidad de las autoridades elegidas no puede seguir teniendo estándares inferiores a los exigidos a aquellos que trabajaran a sus órdenes.

La idoneidad del candidato tiene dos componentes, uno moral y otro profesional. El componente  moral requiere una mejor información y mayor responsabilidad del votante, algo muy difícil de alcanzar con votantes informales que, al no tributar, no sienten que el corrupto roba de su bolsillo, algo que quizá podría atenuarse extendiendo la tributación directa, aunque sea mínima, a la totalidad de ciudadanos con edad para votar. A nadie le gusta que le roben o malgasten su dinero.

El segundo componente de la idoneidad es susceptible de ser legislado, basta con exigir que quien desee postular en una elección o a quien un Presidente desee designar como ministro o viceministro cumpla por lo menos con las exigencias aplicables actualmente al nivel más alto dentro de la burocracia estatal. 

Los impetus divisionistas, cuando no separatistas, alentados con el soporte económico de potencias y fortunas foráneas (ya lo hicieron en los Balcanes, en Siria y en España), podría fácilmente ser contenido o atenuado con una legislación que  inhabilite y castigue penalmente con dureza el uso de argumentos diferenciales raciales o regionales e cualquier campaña política. El racismo y el regionalismo militante dañan la unidad nacional sin importar de quien lo use contra quien.

Pero incluso una inteligente aplicación de las propuestas aquí descritas será insuficiente si la función pública sigue siendo poco atractiva para los mejores hijos de la sociedad (con contadas y heroicas excepciones). Todo vacío se llena y ante la ausencia de piedras grandes y sólidas, el ripio intelectual y moral continuará llenando esos vacíos.

Es imprescindible empezar por revalorizar el atractivo económico, con regímenes remunerativos sinceros que incluyan vacaciones y pensiones con lógica equivalente a la que se exige al mercado laboral privado. Claro que para evitar un excesivo incremento del costo fiscal necesitará ir acompañado de un redimensionamiento de la gestión de la cosa pública buscando la eficiencia antes que el clientelismo. Un Estado fuerte pero pequeño.

Pero el atractivo no debe acabar allí. La conversion de politicos y candidatos en “personas expuestas políticamente (PEP) e injustos parias financieros debiera ser proscrita y sancionada y las personas que los agravien gratuitamente, cuestionando sin fundamento la moralidad u honestidad del candidato o funcionario, debieran responder pecuniariamente de modo significativo ineludible (no con esos montos irrisorios con los que los premian hoy jueces cómplices) por tal comportamiento, con responsabilidad solidaria de redes empresas y, cuando los haya, directores del medio usado por la difamación, facultando a repetir contra quien los metió en el embrollo.

Es imprescindible debatir y decidir sobre lo aquí expresado antes de pensar ingenuamente en coaliciones y candidatos. Solo no acabaremos decidiendo quién apaga la luz y cierra la puerta.